Por Aurelio Contreras Moreno
A pesar del cacareado discurso de la austeridad del actual régimen, lo cierto es que en los poderes de Veracruz se continúan pagando salarios exorbitantes y, en algunos casos, fuera de toda proporción en cuanto a los cargos por los cuales se devengan.
Hace unos días, el periódico El Universal reveló un listado con los emolumentos que cobran los servidores públicos en la Fiscalía General del Estado, basado en documentos oficiales obtenidos por el corresponsal Edgar Ávila a través de una solicitud de acceso a la información.
Entre todos los salarios que se mostraron, llamó la atención que el del secretario particular del Fiscal General del Estado está tabulado en 40 mil pesos mensuales, y el del secretario privado en 34 mil, lo que suena desproporcionado si se le compara con lo que gana un policía ministerial, que no llega ni a 20 mil pesos al mes.
La justificación de la Fiscalía fue que esos tabuladores ya existían cuando ellos llegaron y que fueron establecidos por la administración anterior. Por supuesto, nadie se tomó la molestia de modificarlos en el Presupuesto de Egresos del Estado, lo cual podría haber sucedido si hubiera un verdadero ánimo por reducir el gasto público en el rubro de remuneraciones de los servidores públicos.
Pero donde este tema es verdaderamente escandaloso es en el Congreso del Estado, donde hay empleados cuyas percepciones salariales son mayores no solamente que las de un diputado.
Hay quien gana más que el gobernador, al menos en lo que se reporta públicamente.
De acuerdo con la información publicada en el portal de transparencia de la página web de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, la remuneración mensual neta de cada uno de los 50 diputados locales es de 58 mil 123.38 pesos mensuales.
Sin embargo, en el mismo listado aparece que una persona de nombre Silvia Domínguez Rodríguez, cuyo cargo es el de analista contable, gana 88 mil 762.77 pesos. O el caso de Ignacia Reyna Roa Romero, cuyo puesto es el de secretaria y se indica que gana 74 mil 371.76 pesos. Hasta la analista administrativo María Rosario Patricia Morales Huesca, aparece con un salario de 50 mil 329.52 pesos.
En contraste, de acuerdo con el tabulador oficial del gobierno estatal, el sueldo del titular del Poder Ejecutivo es de 74 mil 938 pesos.
Por si no bastase, entre cargos con el mismo perfil y rango aparecen notables diferencias en las percepciones, según sea quien las cobre. Otros empleados que fungen como analistas contables y administrativos y como secretarios, ganan salarios menores a 15 mil e incluso a diez mil pesos mensuales. No hay nada que explique esas diferencias cuando el perfil del puesto es el mismo.
Por si fuera poco, también aparecen los nombres de recomendados de políticos cobrando un sueldo en el Poder Legislativo. Por ejemplo, aparecen cuatro empleados con el apellido De la Cruz, mismo que comparten con el diputado de Morena Nicolás de la Cruz Cruz, cobrando salarios entre seis mil 500 y 25 mil pesos por fungir como asistentes y auxiliares administrativos. O un Jorge Carvallo Castañeda, homónimo del diputado federal del PRI por San Andrés Tuxtla Jorge Carvallo Delfín, quien cobra 28 mil 410.30 pesos como analista administrativo.
A diferencia de la justificación de la Fiscalía, aquí no pueden argüir que se trata de tabuladores preestablecidos por puesto, porque como ya mencionamos, a cada quien le pagan lo que a los diputados les da la gana, con nombres y apellidos.
En su descargo, los diputados al menos subieron la información a su página web. Pero el desgarriate administrativo y el derroche financiero en la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz es, además de evidente, insultante.
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