Lilia Arellano.
“Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan”: Luis Donaldo Colosio
• ¡Ni uno más!
• Acabar con impunidad e inseguridad exigen periodistas
• Marchas y manifestaciones en estados cuna de crímenes
• Cada año, EPN ha ido superando el número de víctimas
• Quintana Roo: presiones perversas contra informadores
• EU llamó a México a redoblar esfuerzos contra el narco
• Resienten estadounidenses la creación de nuevas drogas
• Estrategia de Trump tan equivocada como la de México
• Mineras multimillonarias siguen sin liquidar las regalías
Ciudad de México, 16 de mayo de 2017.- La administración de Enrique Peña Nieto va ganando terreno, superando las cifras reportadas año con año, es casi un lustro en el cual se acumulan los cadáveres de 35 periodistas y otro tanto fueron atacados sin lograr privarlos de la existencia. Las protestas ante inmuebles pertenecientes a las Comisiones de Derechos Humanos instaladas en los estados y frente a los de gobiernos locales se llevaron a cabo en prácticamente todo el territorio nacional. La impunidad reina al tiempo de hacerse presente una ingobernabilidad no vista en ninguna otra etapa de la historia mexicana.
La exigencia hacia las autoridades municipales, estatales y federales gira en torno a detener la violencia ejercida en contra de comunicadores y no es para menos. Durante el 2013, perdieron la vida cuatro comunicadores: Jaime González Domínguez, de Ojinaga, Chihuahua; Daniel Martínez Bazaldúa, del Vanguardia de Coahuila; Alberto López Bello, de El Imparcial de Oaxaca y Mario Ricardo Chávez, de El Ciudadano de Tamaulipas. Si bien estos crímenes fueron el “coletazo” del sexenio de Felipe Calderón, su sucesor no hizo ni ha hecho nada para esclarecer estos crímenes, para detener a los culpables. Expedientes cerrados, sin ninguna solución. La cifra se superó en el 2014 y llegó a la media docena de informadores asesinados.
Gregorio Jiménez, de Notisur de Veracruz; Nolberto Herrera, del canal 9, de Zacatecas; Octavio Rojas, de El Buen Tono de Oaxaca; Atilano Román, con su publicación de nombre “Así es mi tierra” de Sinaloa; María del Rosario Fuentes, de Valor por Tamaulipas y Antonio Gamboa de Nueva Prensa, sinaloense también. Como para este gobierno y su reporte todo va para arriba, en el 2015 fueron 8 los sacrificados. Para iniciar el año, el 2 de enero, asesinaron a Moisés Sánchez de La Unión, Veracruz; Abel Bautista de Transmitiendo Sentimientos, en Oaxaca; Armando Saldaña de Exa FM, en Veracruz; Gerardo Nieto de Nuevo Siglo en Guanajuato; Juan Mendoza de Escribiendo la Verdad, en Veracruz; Filadelfo Sánchez de La Favorita, en Oaxaca; Rubén Espinosa de Proceso y Cuarto Oscuro, ocurrido en la Ciudad de México; Juan Santos Cabrera, camarógrafo de Televisa en Veracruz. Ninguno esclarecido.
Once murieron durante el año pasado, apenas iniciado el año, el 8 de enero, mataron a Anabel Flores, de El Sol de Orizaba de Veracruz; Marcos Hernández de Noticias de la Costa, en Oaxaca; Moisés Lutzow de Radio XEVX en Tabasco; Francisco Pacheco de El Sol de Acapulco, Guerrero; Manuel Torres González de Noticias MT, en Veracruz; Elido Ramos de El Sur de Oaxaca; Salvador Olmos García, del Tu Un Nuu Savi, en Oaxaca; Pedro Tamayo, de Al Calor Político de Veracruz; Agustín Pavía Pavía, compañero de redacción de Salvador Olmos, en Oaxaca; Aurelio Cabrera de El Grafico de Huachinango en Puebla y Adrián Rodríguez de Antena Radio en Chihuahua.
Estamos en el quinto mes del 2017 y la suma ya va en orden ascendente al registrarse cinco crímenes. Cecilio Pineda, de La Voz de Tierra Caliente; Ricardo Montul, de el Sol de Córdoba, Veracruz; Miroslava Breach, de La Jornada en Chihuahua; Maximino Rodríguez del Colectivo Pericú de Baja California Sur y Javier Valdez de La Jornada y RioDoce en Sinaloa. Se agregan las agresiones a los periodistas en Tierra Caliente, lugar en donde fueron asaltados, despojados de equipos y el punto en donde asesinaron a Cecilio Pineda el pasado 2 de marzo. Pretendieron ejecutar a la subdirectora de El Costeño, semanario del municipio de Autlán, Jalisco y a su hijo. Sonia Córdova y Jonathan Rodríguez, son reportados en estado delicado pero estable.
Ayer se vivió la jornada de protestas ante tantos crímenes cometidos y por la impunidad vigente. En el Ángel de la Independencia de la capital del país se lanzó el mensaje sobre la terrible situación, el infierno en el cual ya vive nuestro gremio. Es en Gobernación en donde, vestidos de luto, se rendirá un homenaje a Javier Valdez. Los de La Casa de los Derechos de Periodistas y del Sindicato de La Jornada y otros informadores se plantaron frente a la PGR para exigir justicia. Los portales de Animal Político, Tercera Vía, Nexos México, Caja Negra y el Siglo de Durango decidieron como muestra de solidaridad realizar un paro de labores. La detención de actividades del Informativo de Michoacán durará 24 horas. En Sinaloa y Baja California Sur se realizaron protestas en por lo menos 4 municipios de cada entidad.
Mochis, Culiacán, Guasave, Guamúchil y Mazatlán fueron escenario de los mítines de comunicadores a los cuales se unieron sinaloenses de todos los sectores. Exigen seriedad en las investigaciones sobre el asesinato del director de RioDoce. La petición surge ante lo apresurado de las declaraciones para culpar a La Familia Michoacana, lo cual es considerado irracional cuando esa entidad es la cuna y refugio de Joaquín Guzmán Loera El Chapo, de los Zambada, de los Coronel, verdaderos amos y señores de la región, no solamente de la entidad.
En Quintana Roo, informadores de los diarios Por Esto!, La Jornada Maya, Quequi, Novedades, Radio Fórmula, Grupo Acir, Expedientes Quintana Roo e inclusive del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, entre pertenecientes a otros medios, se manifestaron frente a la oficina de la Comisión de los Derechos humanos para protestar por la violencia ejercida en contra de los comunicadores y por la muerte de Javier Valdés, quien estaba invitado a participar el próximo día 27 al Festival Cruzando Fronteras a celebrarse en Mahahual. “Ni uno más”, “Nos están matando”, “La verdad no se mata matando periodistas”, fueron las leyendas vistas en pancartas. La visita del periodista sinaloense era muy esperada dado el clima de violencia, de inseguridad, de acciones constantes de los grupos delincuenciales prevalecientes en la entidad. Inclusive y pese a la gran cantidad de discursos ofrecidos por el mandatario estatal, las agresiones a los comunicadores prevalecen con mayor dureza y se manifiestan en diversas formas, todas ellas tendientes a anular libertades y dejar en silencio a los informadores.
Como puede observarse las exigencias son directas para el gobierno, para respetar la libertad de expresión, garantizar la seguridad, poner un alto a la impunidad y en ningún momento se advierte una denuncia en contra de las mafias, de los cárteles, de lo oficialmente llamado “delincuencia organizada” o “crimen organizado” en referencia a sus respectivas agrupaciones, pese a ser éstos los primeros en ser señalados cuando se comete un crimen. Sobre las operaciones, relaciones, complicidades de los malosos se ha escrito mucho en diarios, revistas, libros. No son actividades con claroscuros sino relatadas paso a paso muy claramente. Lo exhibido públicamente en cada renglón es, por una parte, la incapacidad gubernamental para combatirlos; por la otra se desprenden las complicidades, las componendas, los acuerdos para poder realizar todas las operaciones sin ser frenados en territorio nacional, en las fronteras o en su punto de destino. Y eso ubica a las propias autoridades en las líneas de investigación por ser, simplemente, las probablemente afectadas en sus intereses económicos y políticos.
Desde ahora publicitan una reunión entre el jefe del gabinete de seguridad federal y los gobernadores para determinar acciones a seguir que garanticen la seguridad de los periodistas. Mandatarios estatales aprovechan el momento para reiterar son totalmente respetuosos de la libertad de expresión y, en el caso del jalisciense Aristóteles Sandoval, se asegura recurrirán a la elaboración de una especie de manual para convertirlo en guía, en garantía para comunicadores y será la Conago desde donde se redacte. Sirvió la fecha para que, en Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín solicitara al congreso local abrogar una ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, aprobada en la anterior legislatura.
Se requiere respetar la ley, la libertad de expresión, cumplir con la obligación de brindar seguridad a todos, absolutamente todos los ciudadanos. El hecho de ser informadores quienes son victimizados les sirve para, de nuevo, sacar a relucir respetos no sentidos y mucho menos vistos y hablar de la redacción de un número mayor de leyes que no aplican. Ya han visto durante décadas que no existe ningún método con el cual acallar las voces de quienes criticaran cada una de las acciones emprendidas en contra del pueblo y del país. Matan a uno y provocan la rebeldía de una decena. Cuando se alejen de la soberbia y cumplan con su deber sin buscar anticipada y afanosamente el lucro, cuando dejen, abandonen la corrupción y luchen por erradicar la impunidad, no habrá género sin aplaudir, sin importar equidades o paridades. De seguir iguales, hombres y mujeres en la política seguirán en el fango.
POR SI NO FUERA SUFICIENTE
México libra una guerra ajena, de competencia y responsabilidad total del gobierno de Estados Unidos. Decenas de miles de mexicanos mueren cada año en batallas que deberían librarse en las calles, avenidas, casas y territorio estadounidense, no con armas, sino con prevención y salud, educación y valores éticos y morales. Esta conflagración no se ganará a tiros en las entidades de la República Mexicana, donde se acumulan cadáveres, incluyendo no sólo delincuentes, sino integrantes de la Fuerzas Armadas, funcionarios, periodistas, defensores de derechos humanos, hombres, mujeres y niños inocentes, con el consecuente desprestigio para los tres niveles de gobierno. Mantener la misma estrategia del sexenio anterior, sólo generó, como se advirtió oportunamente, los mismos nefastos resultados. No obstante, la Embajadora de EU en México, Roberta Jacobson, llamó al gobierno mexicano a redoblar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y la violencia.
Por sobredosis de droga, actualmente mueren en Estados Unidos más ciudadanos que por accidentes viales, casi 50 mil. Las dos terceras partes –más de 33 mil sólo en 2015- habían ingerido algún tipo de opioide, ya sea heroína, analgésicos recetados o, lo más reciente, sustancias sintéticas como la U-47700 o el furany fentanilo, elaborados por químicos capaces de mantenerse dentro de la ley. Estas drogas llegan principalmente de China, según las autoridades estadounidenses, pero Pekín sostiene no hay prueba de ello. Una de las principales sustancias identificadas es carfentanil, tan potente que era usado como un arma química antes de ser introducida en Estados Unidos.
El mercado estadounidense resiente la inyección de una generación de opioides en base al fentanilo, un narcótico sintético utilizado en medicina por sus acciones de analgesia y anestesia. Tiene una potencia superior a la morfina por lo que se emplea en dosis más baja que ésta, siendo el efecto final equivalente al de la morfina. Usando su estructura molecular “podría haber gran variedad de variaciones de esa droga que ni siquiera hemos visto”, aceptan químicos que laboran en laboratorios de sustancias especiales de la Agencia Estadounidense Antidrogas, quienes señalan “en estos momentos lo que estamos presenciando es el surgimiento de una nueva generación de opioides en base al fentanilo”.
A principios de la actual administración federal en México, entre 2012 y 2013, llegaron muestras de derivados del fentanilo a la Oficina de la ONU Contra las Drogas y la Violencia en Viena. Los expertos las catalogaron como “otras”. Pero hoy en día son uno de los grupos de drogas de más rápida proliferación. Lo grave: esta nueva generación de narcóticos es mucho más letal. De ese problema de Estados Unidos se deriva la Conferencia Nacional Química Forense de Fentanilo, la cual se realizó este martes en un hotel del Centro Histórico de la Ciudad de México, y en donde la embajadora estadounidense Roberta Jacobson pidió al gobierno mexicano redoblar esfuerzos para combatir el narcotráfico y la violencia que esto genera.
La diplomática no abundó sobre el vecino del Norte, territorio donde sigue manteniéndose exitosamente un gran mercado para la droga, ni sobre la fácil adquisición de armas en ese país, lo cual ayuda a aumentar la capacidad de fuego de los narcotraficantes en México. Pero si explicó: se han incrementado las muertes por el uso de esta droga. En 2015 se registraron 33 mil decesos, lo cual representó un aumento del 73 por ciento con respecto al año anterior, y se prevé que 2016 y 2017 tendrán cifras similares. Jacobson ofreció seguirá su gobierno “apoyando” a México en el combate al crimen organizado.
“Los Estados Unidos y México han trabajado de cerca durante muchos años para combatir nuestros retos compartidos en los órdenes sociales y de seguridad”, manifestó Jacobson, al añadir: “debemos redoblar nuestros esfuerzos para combatir el flagelo del narcotráfico y de la violencia que éste genera, lo que le cuesta la vida a demasiados mexicanos y estadounidenses cada día”. No hizo referencia alguna al gran negocio, a los ingresos millonarios reportados en su país con el consumo, la venta de los estupefacientes y la nula disposición mostrada para instalar clínicas de prevención o de ayuda y cura de adicciones. No las tuvo con el alcohol y tampoco se ve las instalará contra las drogas.
El gobierno de Donald Trump, al igual que el de Obama o el de Clinton o de los Bush o de los Kennedy, mantiene una estrategia equivocada contra el flagelo de drogadicción en su territorio, pues su prioridad se concentra en, aparentemente, detener el flujo de derivados del opio y otros estupefacientes, cuando deberían concentrar esfuerzos, trabajos y dinero de los contribuyentes estadounidenses en la prevención y la salud, la educación y valores éticos y morales en los hogares para dejar de consumir drogas, así como en la atención médica y psicológica de sus más de 30 millones de adictos. Es claro, de llevarse a cabo esta tarea, las fortunas económicas en circulación, las lavadas e incluso las incautadas, harían mucha falta para patrocinar guerras y otros movimientos tendientes a intervenir en gobiernos de otros países o generar desestabilizaciones.
La guerra de las drogas de EU librada en México desde el gobierno de Felipe Calderón y hasta nuestros días, generó que el comercio ilegal de las estupefacientes se hubiese convertido no sólo en la máxima expresión de la delincuencia organizada en nuestro país, sino también un generador de violencia, como lo admitió en ese foro Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR. El subordinado del procurador Raúl Cervantes Andrade señaló: “El control de la distribución y trasiego de las drogas, y del mercado, entre las organizaciones criminales, ha generado un grado de violencia que impacta negativamente y ampliamente a la sociedad”.
DAÑOS DIRECTOS Y COLATERALES
La guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada se ha perdido en esta gestión federal encabezada por Enrique Peña Nieto, al igual que le sucedió a Felipe Calderón. La ola de violencia incontrolable en diversas entidades del país, evidencia además la ausencia de gobierno federal. Las acciones de las Fuerzas Armadas se mantienen fuera de la ley y las acciones ilegales se pretenden ocultar a la opinión pública con estrategias mediáticas y el sostenimiento a rajatabla de versiones oficiales. Sólo que los videos grabados los delatan. El caso mexicano, en su momento, será dirimido en la Corte Penal Internacional, aunque ésta ya se tardó.
Por eso a Peña Nieto y a los altos jerarcas del Ejército y la Marina les urge la aprobación de una Ley de Seguridad Interior –un concepto característico de los regímenes autoritarios- a modo, para garantizarles impunidad, sobre todo a los funcionarios federales encargados de la seguridad en este sexenio. Por eso, en lugar de salir del paradigma militar y reconstruir las corporaciones policíacas y, en fin, adoptar un nuevo modelo de seguridad para México, las autoridades y sus fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión empujan la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en un periodo extraordinario de sesiones, después de las elecciones para renovar gobernadores en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y las municipales en Veracruz.
Una ley de seguridad interior a modo se enfocaría a legalizar ex post la participación protagónica de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en la última década. Legalizaría la decisión inicial del gobierno de Felipe Calderón, tomada hace nueve años, de enviar a las fuerzas armadas a las calles, lo cual se ha mantenido durante todo este sexenio. En síntesis, se pretende darle marco legal a una ilegal guerra contra el narcotráfico al servicio de los intereses de seguridad, políticos y económicos de Estados Unidos. Al legalizarse, entonces, teóricamente, ya no se tendrían problemas para los funcionarios y generales involucrados.
Es preocupante se presente dicha ley como urgentemente necesaria para dar respaldo a una institución, lo cual significaría la petrificación del status quo. El actual régimen ha anulado el derecho de los ciudadanos mexicanos, los migrantes y turistas extranjeros a estar seguros. Han fallado totalmente a sus promesas y compromisos de disminuir los índices de criminalidad, en particular en contra de la persona humana. México resiente una amplia y profunda inseguridad por el hecho de querer imponer seguridad al margen del Estado de Derecho, incluso sin derechos humanos.
Desde Peña Nieto pasando por Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, el procurador general de la República, Raúl Cervantes, los titulares de las Fuerzas Armadas, los gobernadores y presidentes municipales, ignoran -o pretenden hacerlo- que las sociedades que respetan los derechos humanos son las más seguras. De hecho, como lo subrayó recientemente Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “el respeto a los derechos humanos, y el buen funcionamiento del Estado de Derecho va de la mano con la seguridad ciudadana”.
“Y cuando las autoridades cometen grandes violaciones de derechos humanos utilizando la seguridad como excusa, están contribuyendo a la desaparición de las reglas de conducta civilizada también entre particulares, impulsando un círculo vicioso, un espiral de violencia más brutal. No se establece el Estado de Derecho con graves violaciones a los derechos humanos”, subrayó Jan Jareb, quien advirtió: “aceptar las graves violaciones a los derechos humanos como “daños colaterales” en una respuesta militarizada al desafío del crimen (principalmente el narcotráfico) no trajo más seguridad”.
Después de una década de utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, con los resultados a la vista de todos, el gobierno federal y el Congreso de la Unión deberían enfocarse no en establecer un entramado jurídico de respaldo a su actuación actual, sino en darle salida al ejercicio de esas funciones. La continúa debilidad de las policías es resultado del despliegue permanente de las fuerzas armadas; su actuación ha generado un desincentivo para la mejora de las policías y se requiere exactamente lo contrario: salir del paradigma militar, en forma gradual, con plazos definidos; transitar a otro modelo, basado en la reforma, fortalecimiento y profesionalización de corporaciones policíacas, con incentivos para el crecimiento cualitativo de estas corporaciones.
Para salir de la espiral de violencia, no se requiere una ley para respaldar a las fuerzas armadas, sino evaluar la experiencia de su acción en los últimos nueve años. Es indispensable una discusión social más amplia, con la participación no sólo de los funcionarios federales y estatales o municipales, sino también con las organizaciones de la sociedad civil (organizaciones no gubernamentales, académicos, defensores de derechos humanos, víctimas de violaciones a éstos), la cual converja en un nuevo modelo de seguridad que requiere y, sobre todo, merecen los ciudadanos mexicanos.
DE LOS PASILLOS
Grupo México, Peñoles, Fresnillo y Frisco, las principales mineras explotadoras de la riqueza del subsuelo en nuestro país, deben en conjunto casi 180 millones de dólares en regalías sólo del año 2015, de acuerdo con cifras preliminares del gobierno reportadas a la agencia informativa internacional, Reuters… De acuerdo a documentos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Grupo México debe alrededor de mil 700 millones de pesos (91.4 millones de dólares) de una regalía minera calculada con el 7.5 por ciento sobre las ganancias del 2015; Peñoles y Fresnillo, de Grupo Bal, adeudan unos 962.6 millones y 492.6 millones de pesos, respectivamente, mientras que Frisco, del magnate Carlos Slim, debe aproximadamente 189.1 millones… Esta es la revisión más reciente en la cual se reporta un descuerdo entre el gobierno y la industria, cuya producción esta valorada en unos 13 mil 500 millones de dólares anuales y, según críticos, ha obtenido ganancias durante años sin pagar lo justo… Bueno, basta con decir: sin pagar…
Dentro del fallido esquema de seguridad, fuerzas federales desplegaron un operativo, vía aérea y terrestre, en la región de Tierra Caliente en Guerrero, para combatir la delincuencia y disminuir la violencia… En la acción participan 250 agentes estatales, mil militares y 50 policías ministeriales…. La primera fase consistió en el ingreso al Municipio de San Miguel Totolapan, con los resultados conocidos..¬. Ahora el objetivo es la detención de Raybel Jacobo, líder de Los Tequileros, y Johnny Oloscuaga, alías “El Pez”, de La Familia Michoacana….Como siempre: una vez ahogado el niño, llegan a intentar tapar el pozo…
En su famoso Índice Político, nuestro compañero Francisco Rodríguez expone sobre las acusaciones en contra de la maestra chiapaneca, de Elba Esther Gordillo: la imposición de penas estrictamente señaladas en la Constitución o mínimo en sus leyes reglamentarias, jamás fue observada, simplemente porque en los fastuosos delitos que hicieron circular entre los textoservidores, aparecían el uso de recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero y la defraudación fiscal, mismos que jamás ventilaron en el proceso inexistente, porque nunca comprobaron sus balandronadas ministeriales. Elba Esther ha sido una secuestrada extrajudicial, recluida de conciencia por defender los derechos de los maestros amenazados por una reforma educativa penitenciaria que jamás ha probado su existencia, ni en documentos, ni en boletines de prensa, mucho menos en la realidad. Elba Esther sólo ha sido una enemiga jurada del caprichato peñista, a punto de fenecer, para fortuna de los mexicanos.
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