“¡No queremos ni concesiones al margen de los votos ni votos al margen de la ley!”: Luis Donaldo Colosio
• PRI-EdoMex, al filo de la navaja
• Se anticipan triunfos y derrotas explicables
• INE: denuncia Morena la injerencia federal
• Perderán tricolores frente al PAN y Morena
• Crece desigualdad en México, alerta Cepal
• Q.Roo: atentan contra libertad de expresión
Ciudad de México, 30 de mayo de 2017.- Con fundamento en los últimos estudios demoscópicos y el análisis de la coyuntura política, anticipamos los resultados de las elecciones para gobernador en Coahuila, Estado de México y Nayarit: tres derrotas para el PRI, dos para Morena y una para el PAN. Nayarit lo ganará cómodamente Acción Nacional y sus aliados; Coahuila la perderán ante el PAN los hermanos Moreira, pero no dejarán su cuota de poder sin pelear en los tribunales, pues es una cuestión de supervivencia política y libertad personal; y en el Estado de México todo apunta a que perderá el PRI, pero intentará anular el triunfo de Morena en los tribunales, por las mismas razones de supervivencia política, sumadas a la posibilidad de perder grandes negocios ya puestos en marcha.
La elección más competida de la historia en el Estado de México no se definirá en las urnas este domingo 4 de junio. Todo apunta a que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien definirá al ganador, haya o no alcanzado la mayoría de los sufragios, eso será lo de menos. El acelerado desgaste del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, la exhibición de la profunda corrupción en el seno del circulo político cercano al Presidente, el desfondamiento de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, y la consolidación de la candidatura de la maestra Delfina Gómez Álvarez de Morena, complican el escenario del PRI, quien apuesta todo a su estructura, no a su abanderado, pero aún así no le alcanza, ni con la guerra sucia y la ingeniería electoral, de acuerdo a últimos sondeos sobre intención del voto no partidistas, por lo cual recurrirá a las instancias judiciales para retener la joya de su poder.
Si el resultado favorece a Delfina Gómez, como anticipan las encuestas –no las del PRI, por supuesto-, el Revolucionario Institucional prepara su estrategia postelectoral en la pérdida de registro de Morena “por sus reiterados actos anticipados de campaña”. Y, en el otro escenario, si el priísmo logra imponer su estrategia electoral y estructura partidista, así como el control del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y alcanza un triunfo marginal –no mayor al 1 por ciento-, Morena recurrirá a la nulidad del proceso electoral, pues existen sobrados elementos para tal efecto en las múltiples denuncias presentadas a lo largo de la campaña por los partidos de oposición en contra de la alianza que encabeza el primazo del presidente, Alfredo del Mazo Maza.
Este martes, Morena denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) las flagrantes violaciones a la Constitución -la cual establece la obligación de garantizar a los partidos políticos condiciones equitativas en las elecciones, evitando cualquier influencia externa que pueda alterar la competencia-, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Código Electoral del Estado de México, por parte del PRI en la entidad y los gobiernos federal y estatal, así como la injerencia en el proceso de mandatarios de otras entidades federativas.
La intromisión del gobierno federal, a través de un operativo electoral, para favorecer a Alfredo del Mazo, candidato del PRI a la gubernatura mexiquense, fue denunciada por Horacio Duarte, representante de Morena en el INE, quien explicó: “Desde la Presidencia de la República se han atribuido responsabilidades fuera de sus funciones a secretarios del gabinete federal y diversos funcionarios de esta administración a fin de que actúen en calidad de operadores electorales para el PRI durante el citado proceso electoral en dicha entidad”.
El documento Activación de lugares prioritarios, Edomex-8 Mayo 2017, elaborado por una de las entidades del consultor político Jordi Segarra, denominada “El Pentágono”, fue presentado por Duarte como una de las pruebas. El texto, denunciado mediáticamente por Andrés Manuel López Obrador, establece la estrategia electoral del PRI para llevar a cabo la compra y coacción del voto antes y durante la jornada electoral del próximo domingo. El representante de Morena argumentó: “Existe sin lugar a duda la utilización de los recursos púbicos no solamente en términos de los gastos que originen el trabajo de los servidores públicos que se señalan como responsables y enlaces, incluyendo el propio pago de sus salarios atendiendo cuestiones ajenas a sus funciones; sino también las erogaciones necesarias para llevar a cabo cada táctica”.
Dichas tácticas incluyen la operación de “call center”, para desactivar el voto; la movilización el día de la elección; la operación del contacto directo con el candidato; el pago de voceros de campaña; la promoción de la abstención y desmovilización; la comunicación del riesgo de tener un gobierno de Morena, así como la organización y operación de varias activistas mujeres. El extraordinario esfuerzo del PRI en el Estado de México se explica porque nunca había enfrentado una competencia por la gubernatura tan cerrada, algo a lo que no estaban acostumbrados, como consecuencia del desgaste del Presidente Enrique Peña Nieto y su administración, la pésima gestión del gobernador Eruviel Ávila, el fracaso de la candidatura de Alfredo del Mazo Maza y, para terminar de empeorar el panorama, el desfondamiento de la candidatura del PAN en manos de Josefina Vázquez Mota.
La ex secretaria de Desarrollo Social nunca pudo superar el estigma de corrupta, su complicidad con el régimen de Peña Nieto y los negocios cuestionables de sus familiares con el poder en turno. En el cuarto de guerra del PRI preocupa su reacción tras conocerse los resultados de la votación del domingo y la posibilidad no descartada, a pesar de los cuantiosos recursos económicos que se le han entregado, de acompañar a Morena en el litigio poselectoral. Morena y su candidata, Delfina Gómez, han logrado capitalizar y explotar la inconformidad reinante en el Estado de México contra el PRI y el gobierno de Eruviel Ávila. En tanto, el PRD se ha exhibido como un aliado confiable de los priístas y como Caballo de Troya en las filas de la izquierda mexiquense, lo cual ha contribuido a su desprestigio.
Las proyecciones de Morena ubican a su candidata, Delfina Gómez, con una ventaja de cuatro a siete puntos sobre el priísta Alfredito del Mazo. De cumplirse, se dificultaría la judicialización del proceso que buscaría el PRI. En este contexto, llama la atención el hecho de que no haya certeza sobre el número de representantes de casillas que cada partido ha registrado, porque desde la semana pasada “el sistema del Instituto Electoral (del Estado) se cayó; se saturó cuando se subía la información y no se ha normalizado”, como lo denunció Luis Sánchez, coordinador de campaña del PRD, quien agregó: “todos tuvimos que entregar en medio electrónico información y no tenemos certeza de los nombramientos de los compañeros, lo que es muy grave”.
Una táctica más para anular el voto opositor al PRI parece ser el hecho de que a unos días de la elección para gobernador en el Edomex, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) no han activado campañas de promoción del voto, con lo cual han dejado de cumplir con su obligación constitucional de llamar a los ciudadanos a ejercer su derecho al sufragio. No hay que pasar por alto que el abstencionismo favorece al PRI.
Los abogados de Morena: José Agustín Ortiz Pinchetti, Leonel Godoy Rangel y Bernardo Bátiz, designados como coordinadores del equipo jurídico para la elección del Estado de México, solicitaron al INE y al IEEM activar las campañas de promoción del voto. En una carta dirigida al Consejo General del INE, presidido por Lorenzo Córdova, le señalan que en la entidad no existe ninguna forma de promoción del voto por parte de las autoridades electorales, por lo que le pidieron “que urgentemente se activen campañas estimulando a la población a asistir a votar a estos comicios tan importantes para la democracia mexicana” y cumplir, así sea tardíamente, las obligaciones que en ese sentido define la legislación electoral federal vigente y la del Estado de México.
Aunque las mentes perversas consideran la posibilidad de enfrentar un futuro, concretado en el 2018, con dos viejos “cachorros de la Revolución”, otra pareja de “bonitos” o de “buenos” –para nada-. Se trata de la dupla compuesta por un mandatario mexiquense hijo, nieto y bisnieto del grupo más rancio en la entidad: los atlacomulcas: Alfredo del Mazo, como pareja de un titular en el Ejecutivo federal, hijo de un expresidente: Enrique de la Madrid, autodestapado el pasado 26 de mayo en una gira de Peña Nieto por la Riviera Maya, o sea el anuncio contó con suficiente respaldo. Si tienen la razón, en esta sin razón, más vale irse confesando.
NAYARIT PARA EL PAN
De acuerdo al último sondeo realizado y publicado por el diario capitalino El Universal, el candidato del PAN al gobierno de Nayarit, Antonio Echevarría García, mantiene una amplia ventaja de 22 puntos porcentuales sobre Manuel Cota, del PRI, a unos días de realizarse los comicios en esa entidad. En tercer lugar se ubica el abanderado de Morena, Miguel Ángel Navarro, seguido del independiente Hilario Ramírez Villanueva. La encuesta anticipa 43 por ciento de los votos serán para el panista; 21% para el priísta: 14.5% para el morenista; y 9.7% para el polémico alcalde de San Blas. El PRI es el partido más repudiado: 44.1% de los votantes señaló que nunca votaría por ese instituto político.
El candidato del PRI, Manuel Cota, es visto por los posibles electores como el más corrupto; el independiente Hilario Ramírez, Layín, es percibido como el más cercano a la gente; pero el panista Antonio Echevarría acumula las mejores opiniones: el más preparado, el más capaz y el menos corrupto. Aunque prevalece la incógnita basada en “hijo de tigre, pintito”, por aquello del paso de su padre por el mismo trono.
COAHUILA: GANARÍA EL PAN, PERO…
La más reciente encuesta de Grupo Reforma anticipa que Guillermo Anaya, candidato de la alianza encabezada por el PAN, ganaría los comicios para gobernador en el Estado de Coahuila el próximo domingo. Según ese sondeo, el 45 por ciento de los votantes se inclinará por el panista, y el 38% por el abanderado de la alianza encabezada por el PRI, Miguel Ángel Riquelme. Armando Guadiana, candidato de Morena, se mantiene en el tercer lugar.
Una gran mayoría de coahuilenses, 7 de cada 10, manifiestan un deseo de cambio de partido en el gobierno, mientras que el 40 por ciento del electorado señala al candidato del PRI como aquél por el que nunca votaría. Dos tercios de los ciudadanos consultados reprueban el trabajo del gobernador Rubén Moreira, mientras que su hermano, Humberto Moreira, ex gobernador y ex dirigente nacional del PRI, registra un rechazo del 65% de los entrevistados.
Anaya supera a Riquelme en términos de expectativas de desempeño y en casi todos los atributos positivos. El panista mantiene una imagen positiva, mientras que los negativos del priísta son más altos que sus positivos.
POBRECITO DEL PATRÓN, PIENSA QUE…
La ignorancia prevaleciente en funcionarios tanto municipales como estatales ya pone en riesgo tanto a ciudadanos como a los alcaldes y al gobernador. Se exhibe, como cereza del pastel, son éstos últimos quienes no llevan a cabo ninguna supervisión y mucho menos se ocupan de “minucias”, las dejan en manos de quienes, pretendiendo quedar bien, mucho ayudan a las críticas y al demérito de personas y gobierno. Un ejemplo presentado precisamente en lo mediático habla por sí solo y los lleva a un incumplimiento de la ley inaceptable, reprochable, indignante.
Una vez habiendo enlodado y cuestionado los convenios con los medios de comunicación, el área gubernamental correspondiente se dio a la tarea de celebrar iguales contrataciones de servicios y los llevó a lo inaceptable, a lo absurdo, a lo ilegal, al colmo, no sólo por el contenido sino hasta por la mala, pésima redacción. Se establece en una de las cláusulas de estos documentos: “Si por dolo o mala fe “EL COMUNICADOR” llegase a elaborar y producir artículos y notas periodísticas, de inserciones, entrevistas, boletines de prensa y/o eventos, de tal manera que afecte la imagen pública tanto del Municipio, así como de los integrantes de “EL MUNICIPIO”, con independencia de la responsabilidad civil y/o penal en la que haya incurrido, se hará acreedor a una penalización equivalente al monto que como prestación se pacta de manera mensual en el presente contrato, independientemente de que sea causal de recisión del mismo”.
A estas alturas ¿son los gobiernos “del cambio” quienes coartarán por escrito la libertad de expresión? ¿En dónde advierten legalmente la existencia de dolo o mala fe cuando se hacen señalamientos vistos por toda la ciudadanía y dañinos para la mayoría? ¿Las verdades afectan la imagen pública del lugar? ¿O sea no puede decirse nada sobre la violencia imperante en Quintana Roo porque afectamos al estado? ¿El mensajero seguirá siendo el culpable y no la irresponsabilidad e incapacidad de las autoridades policiacas? Y, ¿advertir las fallas en las decisiones, el crecimiento de las fortunas personales, también es dañino y con eso se cancela el contrato publicitario?
Es decir, ¿llevan a cabo estas contrataciones a manera de tapaderas con el afán, suponemos, al estilo López Portillo: no les pago para que me peguen? Para colmo advierten no se aceptarán informaciones, críticas, análisis, independientemente de la existencia de incurrir los funcionarios en responsabilidades civiles o penales, por lo tanto ni habiendo sido comprobado el delito puede informarse nada. ¿A cuánto ascendería la penalización por la difusión en contra de Mauricio Rodríguez y de los ex funcionarios exhibidos desde hace seis meses de manera permanente?
De no ser porque es trágico el proceder de estos funcionarios, sería motivo de grandes carcajadas ante un pretendido autoritarismo justo en el momento en el que está en discusión la forma en la cual debe protegerse a los periodistas, garantizar su labor, permitir se desnuden las verdades más allá de las relaciones comerciales entre empresas y gobierno. En Quintana Roo, con estos documentos, hacen realidad el ataque a la libertad de expresión y, las amenazas aun siendo de tipo económico no dejan de ser eso, amenazas, y dirigidas de manera más que directa a los informadores y a los dueños de editoras y concesionarios de medios electrónicos.
Respaldados en el deber de actuar con total transparencia, se hacen públicos reportes en donde dan a conocer nombres y montos de los convenios celebrados. Sin embargo, en las contrataciones de éstos han impuesto otra cláusula: “Las partes guardarán estricta confidencialidad, respecto de la información que mutuamente se proporcionen o por aquella a la que tengan acceso con motivo de la ejecución del presente contrato, de manera especial la clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, salvo que se cuente con la previa autorización escrita de quien sea responsable de dicha información, debiendo asegurarse que la que se proporcione por el personal en cada una designe, sea manejada bajo estricta responsabilidad”. ¿Les pidieron firmar a quienes han sido exhibidos –con todo el dolo y mala fe- autorizando sea del dominio público tanto su nombre como las percepciones empresariales?
Las letras en negrita así aparecen en los contratos y está muy vista la amenaza al referir la penalización por divulgar inconvenientemente –a criterio del contratante- la información. Tan mala redacción se hace presente y ya lo demás… es lo de menos. “Pobrecito gobernante, piensa que el malo soy yo”.
Aunque las muestras de ignorancia han sido llevadas a los más altos niveles, a los de las curules -¿o serán los más bajos niveles?-. Orgullosos se mostraron los diputados por aprobar una Comisión de Arbitraje Médico, la cual puede emitir opiniones, peritajes, acuerdos, recomendaciones y laudos respecto de los conflictos suscitados con motivo de la prestación de servicios de salud y derivados de la relación médico-paciente. Seguramente los diputados quintanarroenses no se dieron a la tarea y mucho menos se tomaron la molestia de conocer cuál ha sido el final de estas comisiones en otras entidades y en la Ciudad de México. Seguramente desconocen que los Colegios están facultados en la mismísima Carta Magna para la realización de estas tareas, de las apenas descubiertas por los “padres de la iniciativa”. Se crea una duplicidad de funciones en la cual, la encontrada fuera de la ley es precisamente la aprobada por ellos. Los médicos han mostrado su contrariedad, aunque también hay risa y mucha, mucha lástima.
De seguir mostrando inclinaciones hacia la ilegalidad se desvanece cualquier esperanza de cumplir el anhelo de sabernos gobernados en pleno Estado de Derecho. Otra muestra fácil de encontrar está en las actividades de UBER. No solamente se impone por encima de la ley en Quintana Roo, sino, retando a la Suprema Corte de Justicia, sigue haciéndolo en Yucatán en donde no demuestra ninguna intención de trabajar de acuerdo con las reglas vigentes para el transporte público, mantiene su plataforma e intensifica la publicidad para su utilización. Contrario a las exigencias de los hoteleros y otros grupos quintanarroenses, los empresarios yucatecos han hecho severos llamados a esa empresa para acatar la ley. Los poderes Ejecutivo y Legislativo yucatecos han mostrado claramente su posición y ésta va en razón de proteger, en primer término, a los trabajadores. Los del estado líder en turismo, se apuran a captar dinerito, a derrochar el presupuesto y, lo demás, sigue siendo lo de menos.
Si a lo anterior se le incluye una serie de evasiones a problemas añejos, demandantes de solución, y los hechos del presente en Cancún, Puerto Morelos y Playa del Carmen ligados a la inseguridad y los “acomodos” de funcionarios, no puede esperarse menos que el fortalecimiento de los grupos delincuenciales, una creciente actividad llevada a cabo en bancos, casas habitación, haciendo víctimas a los transeúntes, con lo cual han convertido de nuevo en diaria plegaria al salir de casa: “Dios, permite mi regreso sano y salvo –o sana y salva-“. De entre esos temas en los cuales no se manifiesta ninguna postura aparece Tajamar y su incursión en la Suprema Corte de Justicia al quedar de manifiesto es el medioambiente, su cuidado, un derecho colectivo. Los dos amparos pendientes amenazan a los 13 concedidos y, por lo tanto, los desarrollos en el lugar siguen en la incógnita.
Según el Instituto Mexicano de la Competitividad, diseñó junto con Transparencia Mexicana y la Coparmex, el Semáforo Anticorrupción. Del último reporte sobre la aprobación del Sistema Anticorrupción local y las aprobaciones correspondientes, se sabe Quintana Roo sigue sin ley y el plazo vence justo dentro de mes y medio, el 18 de julio. Otra decisión al vapor y a modo. Mientras tanto, no se extrañe si encuentra algún anuncio solicitando Auditor, hay oficialmente un encargado silencioso. Menos se muestre dudoso del costo de un rastro TIF mil veces anunciado y cuyo precio hace apenas un año era de 15 millones, ahora dicen costará 40 y si nos esperamos otros treinta días serán 100 y así seguirán porque lo demás… es lo de menos.
DE LOS PASILLOS
El informe “Panorama Social de América Latina 2016” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) alerta: México alcanzó una cifra récord de desigualdad referente a la concentración de activos físicos y financieros. “El 10 por ciento de las empresas concentran el 93 por ciento de los activos físicos, en tanto que el 90 por ciento restante dispone de muy pocos bienes de capital. Por ello, el coeficiente de Gini de la concentración de los activos físicos asciende a la cifra récord de 0.93 (de un índice de 0 a 1, donde el 1 corresponde a la máxima desigualdad)”…
A pesar de que entre 2004 y 2014 la riqueza en México se duplicó con un crecimiento real promedio anual del 7.9 por ciento, la repartición de ésta no ha sido equitativa: el uno por ciento de las familias del país concentra más de un tercio de 28 billones de pesos en México. De la misma cantidad de activos físicos y financieros del país, dos terceras partes están en manos de otro 10 por ciento de las familias de México. “El coeficiente de Gini de la distribución de los activos totales (físicos y financieros) de las familias es de 0.79. La repartición de los activos financieros es aún más desigual: el 80 por ciento es propiedad del 10 por ciento más rico”, destaca el documento….
La inflación en México ha estado arriba de la meta del Banco de México de 3 por ciento anual por 10 meses consecutivos. En la primera quincena de mayo, la inflación fue de 6.17 por ciento, medida en términos anuales, el mayor nivel en ocho años. A pesar de eso, Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, aseguró que “no está fuera de control”, al participar en la reunión anual de consejeros regionales de BBVA, el principal grupo financiero del país. El pesado funcionario señaló a los integrantes de los consejos de administración de BBVA y de BBVA Bancomer: “vemos que hay una buena probabilidad de converger a una inflación de 3 por ciento a finales del año entrante…”. Hasta entonces…
De plácemes la banca extranjera en México. Recibieron las más altas cifras en utilidades en 20 años. Alcanzaron los 35 mil 300 millones nada más entre enero, febrero y marzo. Con relación a los años anteriores subieron un 24.7 por ciento. Ahora veamos cuál porcentaje registraron las bajas en los bolsillos y formas de vida de los mexicanos, sea cual sea su actividad… Siguen peregrinando los obispos por la inseguridad y le piden a Norberto Rivera no ponerle más leña al fuego, o mejor dicho más gasolina de chupaductos mezclada con autoridades, porque se desquitan con ellos, incluso a los de la Diócesis de Chilpancingo, ni el gobernador Héctor Astudillo ni el secretario de Gobierno, Florencio Salazar, les toman la llamada, es más, ni los saludan… Le pusieron porcentaje a las posibilidades de dar con los asesinos del periodista Javier Valdez y de que, en caso de encontrarlos, los metan a la cárcel: 0.15 por ciento. Ello en vista de no haber aclarado ninguno de los cometidos anteriores al del editor de RioDoce.
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