Javier Peñalosa Castro
Al asumir el poder Carlos Salinas de Gortari, probablemente en un asomo de culpa, impulsó una reforma electoral que desembocó en la creación del Instituto Federal Electoral que, si bien no estuvo exento de problemas, funcionó de manera aceptable mientras logró consolidarse, en buena medida gracias a que se buscó a personas de buena reputación para que se desempeñaran como consejeros. Sin embargo, esta primera intención se convirtió pronto en una lucha entre los partidos por imponer a personas proclives a éstos como consejeros, y en esta lucha, especialmente durante la “docena trágica” de alternancia panista, se dio al traste incluso al equilibrio en las cuotas de consejeros de los partidos, de modo que el PRI y el PAN terminaron despachándose con la cuchara grande.
En 2013 el entonces Instituto Federal Electoral se convirtió en el Instituto Nacional Electoral. Aparte de la nueva denominación, la institución encargada hasta entonces de distribuir el financiamiento estatal a los partidos y de organizar las elecciones federales, asumió el compromiso de participar en la organización de los comicios que tuvieran lugar en los estados y municipios del País.
Aunque para cualquier trámite le sigan pidiendo a uno su “IFE”, ahora la identificación oficial preferida es la credencial expedida por el INE. Sin embargo, aparentemente lo único que sigue siendo sólido en ese Instituto es el reconocimiento de que ese documento se expide de manera confiable, porque el trabajo que han llevado a cabo sus titulares de 2003 a la fecha deja mucho que desear. Baste recordar la maromas de Luis Carlos Ugalde, hoy reconvertido por algunos desorientados en autoridad en materia electoral, pasando por el imperturbable Leonardo Valdés, quien toleró ¿que se cometieran innumerables triquiñuelas en la elección presidencial de 2012, como los gastos excesivos de campaña y lindezas como las tarjetas de Monex y Soriana con que se negociaron miles de votos hasta llegar a Lorenzo Córdova, pastor actual de esa grey, para quien aparentemente todo está bien, y aplica —malamente— a la política, que es para muchos el arte de la negociación, aquella máxima económica —de los partidarios del libre mercado— de “dejar hacer, dejar pasar”.
Atrás quedaron los tiempos en que el árbitro electoral multaba, amonestaba o fijaba límites a los candidatos. Incluso al finalizar el proceso electoral de 2006, marcado por la guerra sucia, las irregularidades y la abierta y grosera intervención de Vicente Fox, y tras el proceso de impugnaciones que siguió al dudoso triunfo “haiga sido como haiga sido” del mínimo Felipe Calderón, el Trife admitió, a toro pasado, y luego de haber dado por buena la elección, que la intervención del palurdo humorista involuntario del Bajío había comprometido seriamente la legitimidad del proceso. En pocas palabras, el árbitro mostró tarjeta de amonestación al marido de Martita Sahagún, cuando ameritaba roja directa. Por supuesto, entre la mayoría de los mexicanos prevaleció la impresión de que la supuesta victoria de Calderón fue ilegítima.
Cabe recordar que fue precisamente en este contexto que Calderón decidió enfundarse el uniforme militar que evidentemente le quedaba no grande, sino enorme, y copiar la estrategia de los presidentes gringos que, para hacer frente a crisis de popularidad deciden ir contra algún “enemigo” del imperio y con desplantes belicosos de este tipo se granjean la admiración de sus conciudadanos.
Tras los resultados de los comicios del domingo 4 de junio, en los que se dieron numerosos cuestionamientos a la victoria del PRI y sus adláteres en las elecciones para gobernador del Estado de México y de Coahuila, el presidente del INE ofreció los servicios de la institución como “amable componedor” para dialogar con los partidos políticos inconformes. Sin embargo, el ofrecimiento se da en ese mismo tono “zen” que le caracteriza y no se ve de qué manera su llamado “al diálogo franco que caracteriza al INE” pudiera zanjar el conflicto y, sobre todo, dejar conformes a quienes sienten que fueron burlados en el marco de lo que suponían un ejercicio democrático más o menos sano y que, según apuntan militantes de la oposición de izquierda y derecha, terminó siendo un regreso a las peores épocas del viejo PRI, marcado por prácticas como la compra y coacción del voto, las urnas “embarazadas”, el acarreo masivo de votantes y otras lindezas que muchos considerábamos habían cedido el paso a formas más sofisticadas de adulteración de la voluntad popular.
Córdova anunció que lunes 12 de junio la comisión temporal de seguimiento a los procesos electorales locales y la comisión de vinculación a los OPLE (Organismo Público Local Electoral) se reunirán con los representantes de los partidos políticos nacionales para escuchar sus inquietudes. “En el INE —subrayó—, la máxima es que toda acción de la autoridad puede y debe ser analizada, que no hay nada que ocultar, y que si hay algo que corregir, debe hacerse con pulcritud y transparencia. Sin embargo, no vemos cómo el árbitro electoral encarnado en psicólogo habrá de sanar los traumas de los partidos sentando en el diván a sus dirigentes. Cabe pensar, más bien, que ha recibido alguna instrucción de negociar y que será quien medie entre las partes. Córdova comentó que las quejas por el funcionamiento de los conteos rápidos y los PREP serán analizadas, “pues desde el INE se tiene el total interés en que se esclarezcan todas las dudas”.
Por lo pronto, persiste el mal sabor de boca entre la gente, buena parte de la cual ni siquiera fue a votar, presa del desencanto que provocan las irregularidades flagrantes y la impunidad con que se conducen quienes las cometen a ciencia y paciencia de las autoridades que deberían vigilar el proceso y sancionar a quienes lo ameriten con sus conductas.
