Por Aurelio Contreras Moreno
La temporada de cacería de política está lejos de haber terminado. Sólo que hay nuevas presas en el show de la persecución.
Este jueves, el periodista Jair García publicó en La Jornada Veracruz que la investigación por enriquecimiento ilícito en contra del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo el presidente municipal de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, fue atraída por la Procuraduría General de la República (PGR).
Jair García publicó que “de acuerdo con el expediente 1224/2015 ante el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Boca del Río, se tomó en los primeros días del mes de junio la siguiente determinación: ‘… el fiscal segundo adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, con residencia en Xalapa, Veracruz, por medio del cual informa que la Investigación Ministerial FGE/FLM/IM/45E/2015 por el delito de enriquecimiento ilícito en agravio del servicio público, incoada en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, fue solicitada mediante oficio PGR/S5IDF/DGAE/1784/2016 suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, en ejercicio de la facultad de atención de la Procuraduría General de la República, motivo por el cual comunicó al titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el acuerdo dictado en ese sentido, dentro del expediente AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-VII/077/2015, por el que se ejerce la facultad de atracción de la citada Investigación Ministerial’.
El caso, continúa en su nota Jair García, deriva de la investigación ministerial FGE/FLM/IM/45E/2015 por el delito de enriquecimiento ilícito en agravio del servicio público, en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, y la AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-VII/077/2015 en contra de su hijo el alcalde de Boca del Río, como consecuencia de las denuncias presentadas en el año 2015 por los actuales diputados federales veracruzanos del PRI y el PVEM, los ex legisladores locales del tricolor y el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, ante la Fiscalía General del Estado.
Los Yunes se ampararon para detener la investigación. Pero de acuerdo con la pieza periodística, fueron notificados de que las carpetas de investigación de ambos fueron atraídas por el Ministerio Público federal, de lo cual habrían sido notificados el miércoles pasado.
El fiscal general del estado, Jorge Winckler –a quien se señala de ser juez y parte en el caso-, aseguró que los casos fueron cerrados desde hace aproximadamente un año. Sin embargo, el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, declaró que precisamente desde hace más de un año no han podido responderle a la PGR debido al “burocratismo” y la “lentitud” con que desahoga sus procesos, aceptando tácitamente que el caso sigue abierto, aunque juró que tiene todos sus asuntos en orden.
Digan lo que digan las autoridades veracruzanas involucradas, al reactivar el caso de la investigación sobre sus fortunas personales, el Gobierno Federal les puso sobre la cabeza la misma “espada” que blandió para cortar la de Javier Duarte en su momento, exactamente en el momento en el que arreció la andanada mediática instigada desde el gobierno estatal en contra el senador priista Héctor Yunes Landa para implicarlo en desvíos de recursos públicos para su campaña por la gubernatura en 2016.
Así como el Gobierno Federal utilizó el aparato de justicia para derribar a Javier Duarte cuando se convirtió en un lastre para el PRI –demasiado tarde para detener la caída electoral de ese partido, por cierto-, nada le impide hacer lo mismo en contra de un adversario que se ha vuelto demasiado molesto por su desbordada rijosidad y protagonismo. O al menos, para obligarlo a apaciguarse en la víspera del inicio del proceso de la sucesión presidencial.
Y así como con Duarte, tendría elementos de sobra para ello.
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