Lilia Arellano.
Hoy queda claro que los cambios no pueden ser ni marginales ni aislados. La vía del cambio corre en igual sentido y en igual intensidad y urgencia por el campo de la política, por el campo de la economía y del bienestar social”: Luis Donaldo Colosio.
• ¡Duro contra políticos cleptómanos!
• Violencia y economía son asignaturas pendientes
• Pega inseguridad al PIB per cápita, señala BdeM
• Coparmex y CEESP retoman propuesta del FMI
• Se anticipan a la posibilidad de triunfo de AMLO
• Emergencia nacional por violenta y colectiva ola
• Semana infernal para los ciudadanos cancunenses
Ciudad de México, 16 de junio de 2017.- A primera vista parece conveniente establecer mecanismos institucionales para cuidarle las manos a nuestra voraz y cleptómana clase política, dados los multiplicados casos de corrupción ventilados en el Ministerio Público y tribunales judiciales y la impunidad con la cual han sido blindados ex gobernadores y ex funcionarios de primer nivel de anteriores administraciones ante fenomenales fraudes y desfalcos. De ahí que sea vista con buenos ojos la propuesta del sector privado de crear un Consejo Fiscal Independiente para poner lupa sobre el manejo de las finanzas públicas, ante el riesgo de aumentos excesivos del déficit y sobreendeudamientos.
Aunque todo parece indicar esta dirigida a garantizar mantener el mismo modelo económico seguido desde hace 30 años ante la eventual llegada al poder de un gobierno popular, en la persona de Andrés Manuel López Obrador, pues pretenden, dicen, salvaguardar la estabilidad macroeconómica e institucionalizar las decisiones en materia económica. De buenas a primeras los empresarios formulan esquemas para, de alguna manera o mejor dicho a su mejor manera, controlar el manejo financiero del próximo mandatario federal si no es quien ellos consideran es el mejor para sus intereses. Exigencias para eliminar fuero e impunidad, serían suficientemente imparciales y no levantarían la duda sobre la espontaneidad de semejante propuesta.
El tema económico es importante y trascendental para el próximo año electoral federal y la conclusión sin grandes sacudidas de la gestión de Enrique Peña Nieto y su “nuevo PRI”. Es prioritario y estratégico borrar el pasado inmediato de ese partido plagado de gobernadores y ex gobernadores sobre quienes se extienden severas dudas de un desempeño “ligeramente honesto”, y como es sabido, en su inmensa mayoría permanecen impunes, pues realmente son muy pocos a quienes se les siguen procesos judiciales por desviación de recursos públicos a sus cuentas privadas. La estrategia para respaldar el objetivo de “ir por todo”, de los tricolores camina por varias vías. Por un lado, les sirve el castigo implantado a los ex mandatarios perdedores de elecciones, acción iniciada con el encierro tras las rejas de Andrés Granier. Quienes obtuvieron triunfos a toda costa, como es el caso de Rubén Moreira, serán protegidos y, el futuro inmediato de Eruviel Ávila del Estado de México, es toda una incógnita pues el propio gobierno federal fue el encargado del proceso.
Por otra vía transitan con las consabidas cortinas de humo y resulta de mayor importancia el “ahorcamiento” de un recluso violador que el incendio de la principal refinería de Pemex. Se minimizarán los asuntos en donde siga en entredicho el papel y las decisiones presidenciales, teniendo en consideración la vaga memoria de los ciudadanos, pretendiendo borrar con unas cuantas acciones los errores cometidos durante casi cinco años.
Por lo anterior no importa si siguen generándose movimientos ligados a la corrupción gobierno-empresas, de entre ellos resalta uno solo visto en México en donde una empresa, OHL, cuyas operaciones han sido juzgadas duramente en el extranjero, puede darle la vuelta y resultar beneficiada con su auto-compra-venta de acciones y así quedar limpia junto con el nombre de Alfredo del Mazo, Jesús Reyes Heroles y Carlos Ruíz Sacristán. Poco se sabrá de la inflada nueva cotización presentada por otros “ilustres” empresarios consentidos de los de Atlacomulco, los de Odebrecht. Con las explosiones en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, la rehabilitación de la de Tula es urgente y de ahí, por la prisa, no duden en entregarles cerca de 400 millones más de los más de dos mil ya autorizados.
Con estas “asociaciones”, también se obtiene dinero para las campañas del 2018, las previstas para mantenerse en Los Pinos y ganar un número de curules en ambas Cámaras suficiente para tener, de nuevo, un control casi absoluto. Otra de las vías de la gran estrategia lleva en sentido contrario a los actuales gobernadores con orígenes priístas. El estreno, todo apunta, llevará como figura principal al mandatario veracruzano Miguel Ángel Yunes. Han mantenido abiertas las investigaciones y las carpetas en donde se le denuncia de enriquecimiento y otras lindezas similares a las presentadas en contra de Javier Duarte de Ochoa. Para no dejar dudas, la propia PGR atrajo los expedientes, entre ellos también se encuentran los relativos a sus hijos Miguel y Fernando Yunes Márquez. Todas son penales. Revire completito.
Se está acorralando a quienes no pertenecen al Grupo Atracomucho y, por supuesto, aparece en esta acción un nombre temido por muchas razones: Manlio Fabio Beltrones.
OTRO LADO DE LA MONEDA
El problema de la ola de violencia en el territorio nacional es literalmente de vida o muerte pues se vive una situación de “violencia colectiva” –incluida la de las propias autoridades-, la cual ha dejado decenas de miles de personas muertas y desaparecidas, además de grave repercusiones psicológicas y emocionales en buena parte de la sociedad y cuyos efectos han sido ocultados por el gobierno, específicamente las instituciones de salud, como lo denunciaron asistentes al “Foro Nacional de Salud Mental en Contexto de Violencia. Hablemos de las Heridas”. No sería inútil una investigación para determinar el grado del daño producido en las horas siguientes a acontecimientos como el registrado en las avenidas de Cancún el jueves anterior. O el efecto en los ciudadanos al ser informados de la aparición de cadáveres mutilados en plena zona hotelera, lugar otrora respetado por la delincuencia ante el efecto económico negativo.
No puede garantizarse nada sobre el futuro de centros turísticos como los quintanarroenses si, solamente en el transcurso de la semana que hoy termina, se reporta el ataque a las casetas de policía en la Isla de Cozumel; desalojan la plaza comercial más conocida de Cancún, ante amenaza de bomba, al tiempo de llevarse a cabo otra ejecución y ser reconocido por el comandante de la Décima Región Militar, Cancún se encuentra entre los municipios requeridos de atención inmediata. Cateos y balaceras en avenidas importantes provocan pánico entre la población al rodear toda una manzana con vehículos policiacos. En el colmo balean una funeraria en donde, además, colocaron una granada y con estas detonaciones se llevaron a la tumba al embalsamador. Al campo de batalla en el cual convirtieron calles y avenidas cancunenses el jueves anterior, se unió la aparición de cuerpos en la zona hotelera el viernes. En Playa del Carmen la inseguridad no es diferente y el miedo también existe. Así que, de seguridad y de certeza de éxito turístico permanente ya nadie puede hablar, mucho menos el gobierno estatal encabezado por Carlos Manuel Joaquín.
A lo anterior se agregan las revelaciones del Banco de México en las cuales descubren que la falta de seguridad en algunos estados se convirtió en uno de los factores que provocan menor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) por habitante. “Las entidades con mayor capital humano y físico y con un menor nivel de inseguridad presentan una mayor tasa de crecimiento del PIB per cápita”, aseguró Daniel Chiquiar, director de investigación económica del banco central. El capital humano, la infraestructura física, la inversión extranjera directa y la seguridad pública son fundamentales para el crecimiento económico de las entidades federativas, expuso el investigador en la presentación del Informe sobre las economías regionales correspondiente al primer trimestre del año. La posibilidad de que se presente un deterioro en la percepción sobre la seguridad pública fue ubicado como uno de los factores que pueden afectar a la baja el crecimiento de la actividad económica.
RECOMENDACIÓN DEL FMI
Desde el año pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a México la conformación del Consejo Fiscal independiente para conseguir las metas de reducir el déficit público y “consolidar el crecimiento económico”, el cual en realidad ha sido mediocre a lo largo de todo este sexenio. Así que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) no hicieron más que retomar dicha “recomendación” al presentar el jueves la propuesta de creación de ese consejo para “asegurarnos de tener finanzas públicas sanas”, por lo cual “es necesario tener un instrumento o un catalizador con el que se tenga la certeza de que hay estabilidad”, como lo subrayó Gustavo de Hoyos, líder del sindicato patronal. De lo que se trata es de “tener una institución que permita blindar y, en general, apoyar y mejorar el proceso fiscal”, indicó a su vez Luis Foncerrada, director general del CEESP.
Los representantes del sector privado buscan que dicho consejo opere el año entrante, antes del cambio de gobierno, por lo que ya iniciaron los cabildeos con funcionarios y legisladores, además de pláticas con la autoridad federal. Al proceso de consulta y definiciones técnicas serán invitados a participar representantes del FMI, la OCDE, al presidente de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de Europa, académicos y autoridades para elaborar la propuesta de figura ideal para México.
Preocupación evidente hay en los organismos internacionales como el FMI, la OCDE o el Banco Mundial, ante un previsible cambio de gobierno en México, con la posibilidad cada vez más amplia de arribar a la presidencia de la República el líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador. Sus propuestas generales causan urticaria a los autodenominados dueños del dinero y destino de América Latina y buena parte del mundo. De entrada, el tabasqueño ha reiterado en diferentes ocasiones su intención de revertir las nocivas reformas estructurales, previa consulta popular; y firmar un acuerdo para un programa bilateral con Estados Unidos –el cual superaría al TLCAN que renegocian con singular apremio el aprendiz de canciller Luis Videgaray, el aspirante presidencial “apartidista” José Antonio Meade y el titular de Economía, Idelfonso Guajardo-.
El programa de gobierno del principal líder opositor del país fue delineado en el libro titulado “2018: La Salida”, en el cual resume su estrategia de política interior y exterior. Preocupa particularmente a los organismos crediticios internacionales su propuesta de reducir en cinco mil millones de pesos por año el pago de intereses de la deuda externa, sin incurrir en déficit público ni mayor endeudamiento real adicional, como hasta la fecha lo han hecho tanto Videgaray como su sustituto Meade Kuribreña. Además prevé negociar “mejores condiciones de refinanciamiento”.
Dentro de sus objetivos se encuentra reorientar 12 por ciento del gasto programable, de corriente a inversión (por 361 mil millones de pesos), esencialmente a través de ajustes en los servicios personales del sector público: transparentar el costo de cada plaza; reducir a la mitad los sueldos de altos funcionarios; eliminar los seguros de separación al término del cargo y de gastos médicos; reducir 70 por ciento el personal de confianza; y “ahorrar en las compras”, todo ello orientado al combate a la desatada corrupción de esta administración federal y sus rémoras estatales.
En el agro, les preocupa cambie el actual status quo, pues López Obrador hace un especial énfasis al “rescate al campo”, a través, entre otras medidas, de promover el autoconsumo en el sector; inducir la agricultura de traspatio, mucho más allá del programa que se tiene con la FAO y el cual tiene resultados limitados; otorgar créditos a la palabra; establecer un sistema de compras de última instancia y una reserva estratégica de alimentos (Conasupo revivido y recargado); e impulsar la crianza de ganado a partir de proporcionar a campesinos y ganaderos 2 millones de vaquitas así como la siembra de un millón de hectáreas maderables.
Ante los grandes negocios establecidos y en pleno desarrollo en la administración de Peña Nieto en el sector energético, causa gran nerviosismo la propuesta de construir dos refinerías en Tabasco y Campeche –ya casi arruinaron la de Salina Cruz Oaxaca- y reconfigurar las tres que no se han modernizado; también modernizar las hidroeléctricas del sureste y ajustar el gasto en la adquisición de electricidad proveniente de “productores independientes”.
Asimismo, estresa al gabinete actual los proyectos en materia de construcción, infraestructura, vivienda y servicios públicos, entre los cuales destaca construir dos pistas en el aeropuerto de Santa Lucía (y cancelar el nuevo, con lo cual arruinaría al grupo Atlacomulco un mega negociazo proyectado en todo este sexenio), así como trenes rápidos hacia Estados Unidos. Llaman la atención también sus propuestas de crear una zona libre en la frontera con estímulos fiscales; becas para jóvenes; y cobertura universal en Telecomunicaciones, otro rubro en el cual han centrado sus negocios privados-públicos los funcionarios federales mexiquenses.
Por lo que toca a desarrollo social, las propuestas van enfocadas al objetivo fundamental de erradicar el hambre, cuyo fantasma acecha a gran parte de la población nacional, y duplicar las pensiones a adultos mayores. El costo de dichas propuestas, según estimaciones de analistas privados, superaría el billón de pesos, equivalente a 28.8 por ciento del gasto programable autorizado para este año, en el cual gran parte de los recursos públicos fueron desperdiciados en campañas políticas y desviados a cuentas particulares de gobernadores ex mandatarios y funcionarios corruptos y cómplices.
VIOLENCIA COLECTIVA
Una verdadera emergencia nacional se vive en el país por la “violencia colectiva” resentida en el territorio nacional, la cual ha dejado decenas de miles de personas muertas y desaparecidas. Estas y otras graves violaciones a derechos humanos forman parte del clima violento en el cual también participa el Estado y cuyos efectos incluso han disminuido un año la esperanza de vida en el país, en promedio, como lo destacó Juan Ramón de la Fuente, integrante del Seminario de Estudios sobre la Globalidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La militarización de gran parte del país no ha tenido éxito en contener la ola de violencia y por el contrario ha provocado graves efectos colaterales por privilegiar el uso excesivo de la fuerza por sobre el rol del Estado. Además, es uno de los elementos clave en el contexto de la inseguridad, indicó De la Fuente, quien señaló a la violencia contra las mujeres como una de las manifestaciones más preocupantes, pues este clima de agresiones va desarticulando poco a poco a las familias.
Implicaciones muy graves derivan de la violencia social en quienes la padecen de forma directa o indirecta, y repercute en el surgimiento de conductas agresivas, suicidio y adicciones, advirtió María Elena Medina-Mora, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. El estrés postraumático genera estados depresivos más preocupantes que la situación que los provocó, advirtió la especialista. Entre los sectores más vulnerables a este fenómeno están los jóvenes, las mujeres y los menores de edad.
“No se pude entender la violencia en México sin la violencia institucional”, destacó Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman capitalino y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El clima de agresiones no se debe a que el Estado mexicano ha fallado en detenerlo, sino a que lo ha instaurado como forma de control social, acusó María Selvas, sobreviviente de tortura sexual y física tras la represión policíaca de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México. El Estado no hace nada para apoyar a quienes han perdido a algún familiar por causa de la violencia, acusó Norma Andrade, del Grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, quien resintió el asesinato de su hija, Lilia Alejandra García, en 2001.
LOS EXCONSENTIDOS
Pese a las imposiciones dictadas a fin de conservar sigilosamente los nombres de los funcionarios de Pemex supuestamente implicados en los sobornos de Odebrecht, un diario de circulación en la capital de la República y recientemente puesto de nuevo en circulación, reveló se trata de: Miguel Ángel Tame Domínguez, Jesús Lozano Peña, Armando García Espinosa, Leonardo Cornejo Serrano, José Aarón Marrufo Ruiz, Conrado Claudio Cristian Nava Aguilar, Hiram Hinojosa González, José Samuel Sánchez Reyes, Gustavo Escobar Carré, Enrique Villagómez Ibarra, André Arthur Glorieux González, José Luis Gómez Góngora, Sylvia Uribe Arredondo Cepeda y Carlos Vinicio Morales Azpiroz. Los contratos asignados a la empresa contenían las firmas de los mencionados y, según la investigación realizada en EU, la suma de todos los realizados en México le dieron a Odebrecht la nada despreciable suma de 39 millones de dólares de ganancia extraordinaria.
Como puede apreciarse ninguno de los mencionados es conocido mediáticamente pero todavía hay más cuyos nombres fueron mañosamente tapados con un marcador negro, asegurándose son investigados por el Ministerio Público Federal. Son muchos y el soborno se antoja mínimo al saberse fue de 10 y medio millones de dólares. En el reparto, se antoja les tocó muy poco y el riesgo ha sido mucho. ¿Quién tapará a quién? Es la cuestión.
DE LOS PASILLOS
Cuatro de cada 10 mexicanos está endeudado y, en las quincenas, sólo “ven pasar su sueldo” para cubrir adeudos y cuentas pendientes, revela un estudio publicado por la empresa de servicios Sodexo Beneficios e Incentivos México… A pesar de que el 55% de los jóvenes y adultos del país “piensa que tiene bajo control sus finanzas”, 40 por ciento admite que los días de pago tiene que repartir la mayoría de su salario entre sus deudas. “La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reportó que existen 46 millones de créditos al consumo, cuyo impacto en la economía personal y familiar genera estrés financiero entre quienes los han contratado”…
Arbor Networks, fabricante de soluciones de protección contra amenazas para redes empresariales, advirtió que el sector de servicios financieros se mantiene como el objetivo primordial de la ciber-delincuencia y ahora deberá hacer frente al nuevo malware que está atacando a instituciones bancarias de Perú y México, inicialmente llamado “Matrix Banker”. Éste, explicó, funciona inyectando código malicioso en HTML y JavaSript y, al clic del usuario, redirecciona el navegador a una página de phishing igual a la de la institución financiera buscada para obtener la información bancaria del cliente en cuestión… Las pérdidas de bancos resultantes de fraudes por robo de datos de cuentas vienen creciendo en número de incidentes y valores. En 2016, los daños causados por fraudes de esa índole llegaron a dos mil 300 millones de dólares, creciendo 61 por ciento con respecto a 2015, mientras que su incidencia aumentó 31 por ciento. Las perdidas no se resumen en dinero, sino que también están en riesgo los datos personales, la disponibilidad de servicio y la reputación de las instituciones financieras.
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