• Solo en 81 de los casi 2 mil 500 municipios se llevan a cabo acciones de emergencia, ahí donde fue declarada la Alerta de Violencia de Género
• Organizaciones de mujeres presionan por un cambio rápido, luego de declaradas las Alertas
Por Sara Lovera
Cada 2 meses, desde julio de 2015, se ha declarado una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) a lo largo de 11 estados de la República (según datos oficiales), lo que representa el 30 por ciento del territorio nacional. Ahí se realizan acciones comprometidas y medibles para detener la violencia contra las mujeres en situación de emergencia. A nivel municipal, estamos hablando solo del 3.4 por ciento de los municipios.
Estos municipios se definieron especialmente por la frecuencia de asesinatos femeninos. Mientras tanto, cada dos horas se viola a una mujer en México; se multiplica el acoso, la trata y la desaparición de mujeres; por si no bastara, cunde la discriminación simbólica en los medios de comunicación. Una mujer es asesinada cada 4 horas, es decir 7 mueren cada día; no hay prevención suficiente, ni justicia.
Las acciones de emergencia por la demanda y la presión política, sólo se realizan en el 3.24 por ciento de los municipios del país, o sea en 81 de cerca de 2 mil 500, ahí donde fue declarada la AVGM.
Mientras la demanda de emergencia se vive como la meta a lograr, sólo en 3 entidades, Baja California, Querétaro y Guanajuato, los gobiernos han reactivado sus sistemas integrales sobre la violencia contra las mujeres; nadie conoce el resultado del Sistema Nacional de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia.
En los municipios donde se activó todo el sistema integral de la emergencia, la sociedad civil vigila, presiona, evalúa y, en algunos casos, contribuye a las medidas para disminuir la violencia de género.
De acuerdo con el mapa elaborado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en 4 entidades está en proceso la probable declaratoria de la AVGM: Sonora, Yucatán, Tabasco, y Tlaxcala. Yucatán, desde hace 30 años, según datos de INEGI, tiene el nivel más bajo de violencia en general y de violencia contra las mujeres en particular.
Organizaciones de mujeres presionan por un cambio rápido, luego de declaradas la Alertas. Ya evalúan y descalifican a escasas semanas de declarada la emergencia. Es el caso de Colima, donde hace 40 días se inició el proceso de implementación de medidas urgentes, y hoy, convocadas por el Centro de Atención Mujeres (CAM) hubo una movilización pública. O en San Luis Potosí, donde aún no se cumplen 2 meses desde la declaratoria y ya hay afirmaciones de que no se hace nada.
Este año, entre marzo y julio, se declaró AVGM en 4 entidades; de las solicitadas, desde 2016, quedan pendientes 7 y se sumó hace 14 días la petición formal del estado de Oaxaca.
La primera declarada fue para el Estado de México, el 31 de julio de 2015, hace dos años 15 días. De acuerdo al Observatorio del Feminicidio, no han bajado los índices criminales, ni están mejor protegidas las mujeres. en Morelos se declaró en agosto de 2016, y a la fecha, según la Comisión Independiente de los Derechos Humanos, tampoco hay avances.En ninguno de los dos casos se sabe qué hacen los gobiernos, pues no informan.
La alerta de género solamente atiende casos graves, su declaratoria requiere de profundas investigaciones que, en el caso del Estado de México, requirieron varios años, ya que instalar la Alerta se hizo hasta después que en 2015 se cambió su reglamento. En Morelos hubo tres años de acciones, de presión a las autoridades.
La AVGM está definida como un mecanismo único en el mundo; atiende al artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, o bien, la existencia de un agravio comparado, que significa que un acto de política pública, una ley o una acción viola los derechos humanos de las mujeres, como la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo, interpretada como agravio comparado, lo que motivó la petición de AVGM, hoy en proceso, aún no admitida.
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