Joel Hernández Santiago
Resulta que el Raúl Flores Hernández, “El tío”, fue detenido el 20 de julio de 2017 en Zapopan Jalisco; de ahí se le envió al Reclusorio Sur de la Ciudad de México y puesto a disposición del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Federal.
Se le acusa de delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de arma de fuego de uso exclusivo…
Al mismo tiempo, la Corte Federal de Columbia, en EUA, lo requiere “por el delito de asociación delictuosa al distribuir toneladas de cocaína en esa nación, por lo que espera su extradición.”
Información dice que durante el procedimiento en México, Flores señaló al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez, entre “sus 22 presuntos testaferros”.
Esto es, que la información que según se sabe debería mantenerse dentro de las reservas de presunción durante el proceso nacional, pronto fue hecha pública y aparece 20 días después, el 9 de agosto pasado, en una “Lista negra” de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Estado de EUA. Además hay ahí 43 empresas mexicanas ‘en color negro’.
Y para evitar suspicacias, el gobierno de EUA dice que “su investigación” tiene por lo menos 20 años, que es decir, cuando, por ejemplo, Rafael Márquez aun jugaba en el equipo Barcelona.
Así que, de pronto, en tan sólo 20 días, el gobierno de Estados Unidos, según la OFAC, destaca a Raúl Flores Hernández como un delincuente de perfil bajo dentro del mundo del narcotráfico, pero es asimismo tan poderoso “como el Chapo Guzmán”, dicen.
Vamos a suponer que el gobierno mexicano tiene acuerdos de colaboración con el de Estados Unidos para intercambio y apoyo en el tema narcotráfico y delincuencia organizada. Pero resulta que da la impresión de que al gobierno de México le importa más tener informado al del país del norte que a los mexicanos y seguir el proceso en tono nacional.
Por supuesto, todo esto viene al caso porque en esa famosa “lista negra de testaferros” del Departamento de Estado, aparecen los dos nombres muy señalados: Dos ‘ídolos de los mexicanos’.
Rafael Márquez Álvarez, de 38 años, de Zamora, Michoacán y quien ha hecho una larga y muy exitosa carrera en el fut bol nacional e internacional y Julio César Álvarez Montelongo –‘Julión Álvarez’-, de La Concordia, Chiapas y de 34 años, muy popular como cantante de música ‘regional’.
Por supuesto el escándalo nacional fue mayor. No sólo por los dos nombres de estos dos personajes. Uno de ellos, Julión Álvarez, hace poco nombrado como “ejemplo de la juventud” por el presidente Enrique Peña Nieto, con quien apareció en una fotografía reciente, disfrutando juntos un paseo por el Cañón del Sumidero en Chiapas. La foto fue retirada inmediato por la Presidencia de la República.
Ambos ganan y han ganado dinero dentro de sus respectivas carreras. Y sin duda ya estarán asesorados por abogados para iniciar su defensa de una oficina como es la OFAC que trabaja en base a leyes aprobadas por el Congreso de EUA para administrar y ejecutar sanciones contra “gobiernos extranjeros, terroristas, narcotraficantes y organizaciones e individuos hostiles.”
Las sanciones que aplican a quienes aparecen en esas “listas negras” ya las conocemos, aunque también se sabe que la OFAC tiene en sus famosos listados a por lo menos 10,500 empresas e individuos de Latinoamérica. Aunque puede equivocarse.
Esto es, según un funcionario de OFAC: “siempre hay opción a la apelación cualquiera de los sancionados puede demostrar que los lazos no existieron; en ese caso de ser aceptados, abandonarían de inmediato la lista”.
Pero el tema sigue siendo: ¿por qué si la autoridad mexicana tenía los nombres de los enlistados ahí no prosiguió aquí las averiguaciones y sí pudo haber dejado al gobierno de Estados Unidos los nombres de presuntos implicados en su perjuicio? Ahora se les ha exhibido como ‘delincuentes’ sin que un juez, allá o acá, hubiera declarado la culpabilidad.
Los enunciados en la ‘lista negra’ de OFAC habrán de hacer su defensa y esperar sentencia judicial. Es ley. Pero lo que queda claro es que, según parece, el gobierno de México los ha puesto a disposición del escarnio mundial antes de saber si son inocentes o culpables.
