Al inaugurar el Congreso Nacional La Justicia que México Necesita: Mitos y realidades del Nuevo Sistema Acusatorio, los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales; de la Junta de Coordinación Política, Fernando Herrera Ávila y del Instituto Belisario Domínguez, Miguel Barbosa Huerta, coincidieron en señalar que el Sistema Penal Acusatorio no es responsable del aumento de la inseguridad y la liberación de delincuentes, sino que existen otras causas como la falta de capacitación del personal de investigación.
El senador Herrera Ávila, reconoció que el Poder Legislativo tiene la obligación de perfeccionar, unificar y homologar los instrumentos legislativos para que en materia de justicia se alcancen mayores estadios de convivencia y civilización.
“La aplicación del nuevo sistema muestra que se debe trabajar para mejorar sensiblemente la prevención, investigación, y sanción del delito dentro del marco de una justicia pronta, proporcional, transparente y respetuosa de los derechos humanos”, subrayó.
Al rechazar las críticas y afirmaciones de que el Sistema Penal Acusatorio contiene debilidades, el senador por el PAN se pronunció por la creación de una nueva cultura que conciba la acción punitiva del Estado, y se deje atrás al sistema inquisitivo.
En su mensaje, el ministro Luis María Aguilar Morales apuntó que el Sistema Acusatorio no trata sobre prisiones o libertades, sino de protección de derechos fundamentales; refirió que es necesario un diagnóstico para identificar áreas de oportunidades en la consolidación de las instituciones, que garanticen el reparo del daño a la víctima y se castigue sólo al que se hallado culpable en el proceso, bajo el principio de la presunción de inocencia.
“No es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad del país; nosotros cumplimos juzgando frente a la sociedad, conforme a los derechos reconocidos por la Constitución”, enfatizó.
Explicó que el Sistema Penal Acusatorio se constituye como un tema estratégico para el Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se han realizado las tareas pertinentes para su debida aplicación, encontrándose en 39 centros de justicia penal federal en el país, incluso en las Islas Marías, un total de 52 salas de audiencia, así como 220 jueces especializados en esta materia.
En 41 por ciento de los centros, las audiencias se resuelven en un promedio de una hora; y abundó que en la implementación, por lo que la justicia federal ha cumplido cabalmente con la parte que le toca en la consolidación del nuevo sistema.
El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jařab, dijo que se ha constatado un claro vínculo entre la puesta en marcha del nuevo sistema con la mejora del Estado de Derecho, a través de la Encuesta de Personas Privadas de la Libertad, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la que se señala que sólo 13 por ciento de los detenidos son por orden de aprehensión, de los cuales más de la mitad sufrieron agresiones y tortura.
Calificó de preocupante la atmósfera del populismo penal que lleva a políticos a criticar públicamente al nuevo sistema y a los jueces por liberar a delincuentes, cuando en la mayoría de los casos esto se debe al mal funcionamiento de investigadores que registran deficiencias técnicas, además de que no pueden contar siempre con la cooperación espontánea de los ciudadanos por la falta de confianza.
Bajo estos hechos, consideró que sería un paso en la dirección equivocada realizar contrarreformas, “no queremos que el nuevo sistema penal regrese a lo que caracterizó al sistema anterior, y que se adopten propuestas que permitirían la utilización de pruebas por escrito, en tanto que la pretensión de ampliar la lista de delitos que suponen prisión preventiva oficiosa, esto restringiría la decisión independiente del Poder Judicial y se utilizaría simplemente como un instrumento de castigo.
Al inaugura el Congreso, el presidente del Instituto Belisario Domínguez (IBD), Barbosa Huerta, calificó como un “exceso” el que se califique al Sistema Penal Acusatorio como “la puerta giratoria” que permite la liberación de delincuentes, cuando la prisión preventiva ha estado prevista desde tiempo atrás en el sistema penal.
La prisión preventiva es cautelar, explicó, de manera obligada se impone para el catálogo de delitos graves previstos en el artículo 19 constitucional y en el Código Penal, el juez tiene la capacidad de decidir esta medida, en caso de que conceder la libertad ponga en riesgo al detenido, a terceros o la sociedad.
Sostuvo que es mentira que se pueda otorgar una prisión preventiva oficiosa, es mentira, al tiempo de considerar que en la liberación de delincuentes, se registran casos de corrupción.
En este contexto, concluyó, sería un retroceso aumentar el catálogo de delitos graves, cuando existen casos, como en la portación de armas de uso exclusivo del Ejército a las que tiene acceso cualquier ciudadano, que considera puede servirle de protección, pero en los hechos, no la va a utilizar.
En el congreso se contó también con la participación de la Mara Gómez Pérez, sub contralora del Senado de la República; Mónica González Contró, abogada general de la UNAM; María Elena Morera, presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común; Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas; ministro Jorge Pardo Rebolledo, entre otros destacados especialistas.
El Congreso Nacional la Justicia que México necesita: Mitos y realidades del Nuevo Sistema Acusatorio, continuará hasta este viernes 11 de agosto.
