MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
Este miércoles, en la ciudad de México, sesionó el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Lo interesante del caso, es que fue una reunión en la que se reprochó a los gobiernos estatales y municipales la ausencia de voluntad para enfrentar a la inseguridad pública, pese a que han sido depositarios de millonarios recursos.
Desde hace rato, estos dos niveles de gobierno han acusado un singular desdén hacia las recomendaciones de capacitar a sus cuerpos policiacos y coordinarse con las fuerzas federales para combatir al crimen organizado y al del fuero común, éste que se colgó de los cárteles y las grandes organizaciones criminales para poner en jaque a la población.
Y conste que muchos de esos municipios tienen pueblos mágicos, éstos que atraen turismo y generan importante ingresos y, sobre todo, fuentes de empleo. Pero, a los alcaldes importa más, como se ha visto, el ascenso y lucimiento personal, las obras de relumbrón y las menciones a modo en los medios de comunicación, que atender la seguridad de sus gobernados, de los ciudadanos que pagan impuestos, de los estudiantes que van a la escuela a labrarse un futuro.
Por eso la referencia Morelia, la capital del estado de Michoacán, que ha entrado en una pendiente de inseguridad, merced a la ausencia de vigilancia y aplicación de la ley, e incluso esta práctica de los policías de asaltar a jóvenes estudiantes o ciudadanos en cualquier calle de la ciudad.
El actual alcalde moreliano se llama Alfonso Jesús Martínez Alcázar, fue panista e incluso diputado federal; llegó a la alcaldía con carácter ciudadano pero todo indica que se ha olvidado de la seguridad de quienes votaron o no por él, de los morelianos que han resentido la ausencia de esa elemental protección policiaca.
Ayer miércoles, por ejemplo, una joven estudiante fue baleada y despojada de su automóvil cuando se dirigía a su centro de estudios. Era temprano en una de estas colonias por los rumbos de la colonia Lomas de Santa María; la joven era reportada grave.
¿Dónde estaba la vigilancia? ¿Dónde los policías que se presume deben hacer rondines para garantiza seguridad a los ciudadanos?
Seguramente andaban en el atraco, como los patrulleros que, el pasado fin de semana, asaltaron a un grupo de jóvenes estudiantes. Ausente los jenízaros de sus rondines en las colonias morelianas para ahuyentar a los ladrones que roban casas e impunemente se llevan automóviles.
¿Sabrá de esto el alcalde Martínez Alcázar? ¿Intervendrá el gobernador Silvano Aureoles Conejo? O será que ambos tienen el tiempo ocupado en otear al horizonte personal, éste del ascenso al siguiente cargo.
Lamento el asalto a mano armada a la joven universitaria, a manos de unos delincuentes que, para quitarle su automóvil, no tuvieron reparo en balearla. Me sumo a la indignación de su familia y la de miles de familias morelianas y de otros municipios en otras entidades del país, donde los recursos que les ha aportado la Federación para capacitar y armar a sus policías ha servido para todo, menos para ese fin cuya obligación es brindar seguridad ciudadana.
Sin duda, el alcalde de Morelia y el gobernador de Michoacán, como sus contrapartes en otras regiones del país, estarán preparándose para cabildear más recursos en el rubro de seguridad. Seguro los conseguirán.
Porque, mire usted, precisamente ayer el presidente Enrique Peña Nieto dijo que en la presente administración se han invertido más de 70 mil millones de pesos en apoyos a estados y municipios, a través de diversos fondos y subsidios federales destinados a la seguridad.
Incluso, refirió, se han entregado más de 6 mil 500 millones de pesos para la construcción de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, que están al servicio de los estados, así como para la consolidación, y en algunos casos creación de las unidades estatales contra el secuestro.
“Fortalecer a las corporaciones de seguridad estatales y municipales es hoy más importante de lo que era hace unos años.
El fenómeno delictivo se está transformando. El combate al crimen organizado ha tenido importantes resultados en debilitar la estructura operativa y financiera de los grandes cárteles, pero esto, a su vez, ha derivado en nuevos retos en el ámbito local”, acotó el mandatario.
Pero, puntualizó que hay una parte significativa de los homicidios que no está relacionada con el fenómeno del crimen organizado, sino con delitos del fuero común, es decir, los que son competencia de estados y municipios.
Y el Presidente reprochó a aquellos que, pese a recibir recursos públicos, no cualquier bicoca para asuntos de seguridad pública, han sido rebasados por el crimen organizado y los delincuentes que se han engallado porque los policías están dedicados a otras cosas menos a vigilar y brindar seguridad pública.
Por eso, incluso el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió a los diputados priistas aplicar sanciones a gobernadores y alcaldes que se niegan a cooperar para mejorar la seguridad pública en el país.
El problema es que si les cortan presupuesto, echarán la culpa a los legisladores. El cuento de nunca acabar. Y, mientras tanto, rumbo a la ley de la selva. ¡Ah!, pero ahí están las urnas. Conste.
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