La movilidad social no ha sido materia central de ninguna iniciativa presentada en el Congreso de la Unión durante las legislaturas LXII y LXIII; sólo existen algunas que se relacionan de forma indirecta, señala el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
En su investigación “Panorama general y alternativas legislativas para fomentar la movilidad social en México”, elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo, refiere que es tiempo para que el Congreso impulse un plan nacional contra la desigualdad.
A partir de la integración de propuestas de los Grupos Parlamentarios y la sociedad civil, se podría integrar un diagnóstico ordenado y profundo sobre las principales causas de la desigualdad en México, para comprender el impacto real que ésta tiene en la población.
Aunque existe la necesidad de diseñar políticas enfocadas a fortalecer el acceso a la justicia social y revertir la desigualdad de oportunidades, aún está pendiente la articulación de la información que ofrecen estos instrumentos en una agenda social de mediano y largo plazos.
En el documento se señala que México ya cuenta con diagnósticos variados y de diferente alcance, en lo que han sido considerados los factores asociados a los ámbitos educativo y ocupacional, de género, de acumulación de riqueza e, incluso, respecto al tono de piel.
Un plan nacional contra la desigualdad podría establecer objetivos claros y medibles de reducción de las desigualdades, que permita evaluar si las medidas puestas en marcha tienen resultados positivos.
Permitiría aprovechar alternativas para conseguir crecimiento con austeridad; reconocer que la austeridad, por sí misma, no genera crecimiento ni confianza; e impulsar la movilidad social igualadora de oportunidades.
El IBD precisa que se deben fortalecer los criterios de distribución del gasto federal, del gasto descentralizado y del gasto municipal, introduciendo criterios de asignación del gasto según la reducción porcentual de las carencias en desarrollo humano.
También mediante la redistribución del gasto público a lo largo del ciclo de vida, con el propósito de corregir el nivel y la focalización de las transferencias al ingreso en los primeros años de vida; y tratar de reducir la deserción en la educación media superior.
En la medida en que esto se logre, destaca el IBD, menor será la probabilidad de que las desigualdades en el mercado de trabajo se amplíen, debido a la caída en el ingreso laboral que conlleva la falta de calificaciones requeridas por el mercado.
Asimismo, se debe fomentar el trabajo formal entre los jóvenes, prevenir desigualdades laborales, y subsidiar las contribuciones obrero-patronales a la seguridad social de las personas de entre 18 a 25 años para contribuir con el mismo objetivo.
Las políticas públicas para impulsar la movilidad igualadora de oportunidades, también pueden considerar un incentivo a la formalidad mediante el avance hacia un sistema de protección social universal, a partir de un paquete básico de servicios financiado mediante impuestos en lugar de contribuciones, establece el IBD.
La movilidad igualadora de oportunidades requiere, además, apoyar una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo.
La investigación señala que las características generales de la movilidad social en México confirman que se trata de una sociedad en gran medida estratificada, ligada a la tendencia de que el origen socioeconómico es determinante y las posibilidades de movilidad ascendente son limitadas.
A decir del IBD, es necesario el desarrollo de un sistema educativo de calidad, a partir del cual todos los mexicanos logren completar ciclos que les permitan alcanzar niveles de especialización, que se reflejen en mayor productividad, para ampliar las posibilidades de acceso a mayores ingresos económicos.
