Lilia Arellano.
“Demorar la justicia es injusticia”: Walter Savage Landor
• Estela de corrupción
• Funcionarios, peritos, inspectores, intocables
• Constructoras e inmobiliarias, los corruptores
• Capfce, construyó miles de escuelas afectadas
• Monedero, tarjeta y autoconstrucción mortales
• JA Meade, su GPS y las gigantescas omisiones
• En Q. Roo, fatales repercusiones de los sismos
Ciudad de México, 28 de septiembre de 2017.- Conforme transcurren los días una corrupción no medida en su exacta dimensión es otra de las verdades arrojadas por los sismos ocurridos el 7 y 19 del presente mes. Ahora se enfocan de manera muy drástica en las constructoras, en las inmobiliarias, sin tomar en consideración que para la existencia de un corrupto o de autoridades corruptas hacen falta corruptores, por lo que lo primero es lo más exigible de castigar, aunque lo segundo sea más fácil de comprobar. No contentos con escenarios a continuación descritos, los encargados de representar los intereses ciudadanos, los de la PROFECO, han tomado la decisión de marcar un tiempo de garantía para los daños en los inmuebles: 5 años, con todo y la expedición de un reglamento de construcción al que se refieren de muy completo desde hace mucho más tiempo.
Han considerado suficiente el informar de la apertura de poco más de 40 carpetas de investigación en la Procuraduría General de Justicia de la capital del país, desconociéndose si se ha llevado a cabo la misma acción en las del interior. Sin embargo, los movimientos telúricos demostraron la gran cadena de complicidades, de corrupción existente. Cada Delegación cuenta con una dirección de Obras, el gobierno central capitalino tiene una Secretaría para ese sector y, sin embargo, ninguno de los inmuebles supuestamente detectados con fallas fue clausurado, inclusive en el caso del Colegio Rébsamen -cortina de humo para variar-, la delegada en Tlalpan y aspirante a la gubernatura de la CDMX presentó un documento con el cual se multa con 21 mil pesos a los propietarios, existiendo un dictamen de derrumbe de zonas de protección de la edificación.
Cada una de estas oficinas en donde se aprueban planos, se entregan licencias, se exigen peritos y responsables de obra cuenta con decenas de inspectores que, visto está, han logrado corromperse hasta la médula. Sobre ellos no hay ni siquiera una mínima investigación, el gobierno no busca entre sus filas a la otra cara de los responsables de las grandes tragedias y del luto. De ahí que las argumentaciones para justificar los derrumbes sean múltiples: edificios viejos -Tulum, Teotihuacán, Cobá, las pirámides en general y hasta lo que todavía permanece enterrado bajo el nuevo Zócalo, son edificaciones mucho más viejas que han resistido no uno, ni dos ni tres terremotos, sino muchos más y los huracanes se cuentan por decenas- y, de entre ellos los que ya estaban dañados desde el terremoto de hace más de 30 años y que no fueron supervisados debidamente.
Dicen también que los construidos recientemente, no obedecieron puntualmente con el nuevo reglamento; hacen ver la mala calidad de los materiales, entre muchas otras justificaciones totalmente inválidas al momento de ubicar a cada quien en su lugar. El abuso y la poca ética de los constructores encontró su mejor complicidad en las oficinas burocráticas, en las autoridades que les otorgaron autorizaciones, licencias, todos los trámites y que les permitieron seguir adelante en sus edificaciones imponiéndoles, en el mejor delos casos, ridículas multas o recibiendo las mordidas que han permitido a todos los titulares de esas áreas enriquecerse y hasta recibir mansiones o departamentos a cambio de otorgar en todo momento y bajo cualquier circunstancia el visto bueno, las aprobaciones.
Muy bueno sería para la sociedad mexicana prevaleciera, por primera vez, la justicia en un sexenio caracterizado por un gobierno ineficiente, corrupto, impune y calificado hasta de “fallido”. Es ahora cuando se habla de peritos especializados en la PGJ, cuando esta dependencia tendría que exigir a cada delegación y por cada carpeta integrada el nombre y la ubicación de los peritos firmantes como responsables delas obras. Al lado de ellos si podrían trabajar los encargados de investigar materiales, estándares de calidad, cumplimiento de cada renglón de los contemplados en el famoso nuevo reglamento de construcción. Tal parece han lanzado una alerta a los inversionistas o a los accionistas mayoritarios de las constructoras al señalarlos como responsables para que a tiempo, huyan.
Edmundo Garrido, procurador capitalino explicó que. los delitos por los cuales se abrieron las indagatorias son; fraude específico y posible responsabilidad de directores, responsables de obra o corresponsables, lo cual podría delimitar o cancelar la culpabilidad de los propietarios de los inmuebles, quienes supuestamente contrataron expertos para realizar las obras. De acuerdo con las cifras presentadas por Protección Civil federal, la mayoría de las víctimas mortales falleció en inmuebles con una antigüedad de entre 30 y 60 años, pero también provocó daños en inmuebles nuevos, los cuales están inhabitables. Para el perito Luis Enrique Rodríguez ningún edificio construido después de 1990, bajo normas de construcción reforzadas tras el sismo de 1985, debió sufrir daños más allá de sus acabados.
La Procuraduría capitalina se apresta a recibir denuncias por posibles fraudes de inmobiliarias y constructoras en las fiscalías de Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc y la de Delitos Ambientales, pero nada dice de los funcionarios, inclusive de los delegados quienes, sin duda alguna y con la carga de corrupción vista desde muy lejos, comparten la responsabilidad considerada ya delito de las empresas señaladas. La ceguera de los supervisores delegacionales es imperdonable y aunque tal vez sean los que menos dinero se lleven a los bolsillos porque tienen la obligación de entregar cuotas a sus superiores, el daño provocado por su silencio y ambición ha resultado mortal.
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Los sindicatos no pueden quedar fuera de las investigaciones. Las secciones destinadas a este rubro reciben millones y millones de cuotas por la contratación de trabajadores, les exigen a los constructores registren a los albañiles en el Seguro Social y, la corrupción salta cuando sufren accidentes y no hay tal prestación y mucho menos un seguro de vida y, si acaso, le dan a la viuda una “ayuda” para el entierro. Eso sí, semanalmente pasan con los responsables de obra a recoger las mordidas por ese silencio y por el derivado de la utilización de malos materiales, lo cual es detectado por infiltrados sindicales a fin de ejercer chantaje tras chantaje.
Se hacen censos, se reportan los miles de planteles escolares públicos dañados, pero no hay un solo señalamiento, ni siquiera mínimo sobre la responsabilidad de la constructora oficial de antes y de la de ahora, de la que opera con un cambio de nombre y siglas pero con el mismo grado de corrupción. CAPFCE, operaba con reglamentos y presupuesto suficiente y ¿de que tamaño es la responsabilidad de quienes estuvieron al frente en el momento en el cual se construyeron esas miles de escuelas dañadas? ¿Tampoco ahí hay responsables? ¿Todos debemos pagar ya sea con impuestos o donaciones una doble edificación y absorber el costo de las corruptelas?
Lo mismo sucede en las entidades federativas. Gran parte de las viviendas dañadas fueron caseras, las hicieron de acuerdo a su disponibilidad de recursos los residentes, los vecinos, sin una supervisión experta de ingenieros o arquitectos calificados. Cuando se hacía presente la autoridad municipal, el “maistro” albañil resolvía el problema con “una lana” a los supervisores para no ser cancelada la obra. La entrega de un monedero o de la famosa tarjeta para la adquisición de materiales supuestamente a precios más bajos acompañados de la petición presidencial de emprender la autoconstrucción, conducirá a una escenario exactamente igual de trágico y mortal al de hoy. Otra estrategia coja y dañina.
DESGLOSAN SUPUESTOS UNICOS CULPABLES
En este contexto, en la capital de la República, la Delegación Benito Juárez anunció procederá por las vías administrativa y penal para castigar a los desarrolladores responsables de la construcción de dos edificios de departamentos nuevos, los cuales colapsaron tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Son los inmuebles ubicados en Zapata 56, en Portales Sur, y Bretaña 90, en la colonia Zacahuitzco, de las empresas Canada Buliding Systems y Dijon, respectivamente. A través de un comunicado, indicó: “Dos construcciones tiene responsabilidad plena al utilizar materiales de baja calidad, mentir y evadir a la autoridad, situación por la cual se violaron diversas disposiciones legales”. Por la vía penal procederá por los delitos de homicidio, lesiones, fraude, falsedad ante las autoridades, daño en propiedad ajena y delitos contra el ambiente, dependiendo del caso.
Tras los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados, los ejemplos abundan. Entre ellos destaca el caso del Colegio Enrique Rébsamen. Entre 2009 y 2016, sin ser molestada por ninguna autoridad de la Delegación Tlalpan, a cargo de Claudia Sheinbaum, la directora de ese colegio, Mónica García Villarreal, concluyó el año pasado la construcción del departamento que contaba con jacuzzi, bañera y pisos de mármol, ubicado en el cuarto piso del plantel colapsado, con un saldo de 27 muertos, 19 niños y 8 adultos. Incluso, tras el sismo del 7 de septiembre, autoridades delegacionales hicieron una revisión en el colegio y determinaron no tenía daño estructural el cual pusiera en peligro la vida de los alumnos.
Tres directores responsables de obra con registro ante el gobierno de la Ciudad de México aseguraron entre 2014 y 2017, que el Colegio Rébsamen era apto para aguantar sismos. El arquitecto Mario Velarde Gómez, DRO 1990 de la Ciudad de México, firmó en 2014 una responsiva en la cual avalaba la edificación no tenía daños estructurales y el comportamiento de la cimentación en las pruebas de carga era satisfactorio. A su vez, el director corresponsable de seguridad estructural, Francisco Pérez Rodríguez, firmó un dictamen pericial en el cual afirmaba que, tras hacer una inspección ocular, pudo constatar el buen estado del edificio. Dos de estos funcionarios han sido incluidos en la denuncia penal presentada por la delegada… a destiempo.
En septiembre de 2014, Mónica García Villegas obtuvo un certificado de seguridad estructural de la Delegación Tlalpan, con cinco años de vigencia. Y en junio de 2107, otro director responsable de obra, Juan Apolinar Torales Inisesta, firmó una responsiva para hacer el trámite de “Aviso de visto bueno de seguridad y operación” en los dos predios donde se ubica el plantel, y aseveró se cumplía con el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Todos se equivocaron y ahora sigue un complejo deslinde de responsabilidades.
Otro ejemplo lo tenemos precisamente en el edificio de Bretaña 90, el cual se vino abajo y cuya constructora fue demandada penalmente. Era un casa de tres niveles de al menos 50 años de antigüedad, sobre la cual se levantaron dos pisos más, renovaron la fachada y lo hicieron pasar como nuevo. La remodelación del inmueble y la construcción de los dos niveles comenzó en febrero pasado y para agosto ya estaban en renta los departamentos con una mensualidad de entre 8 mil y 10 mil pesos. El edificio fue comprado recientemente por la empresa Dijon, S. A. P. I. de C. V., responsable de la edificación de los dos pisos extras sin reforzar la estructura original de tabique rojo, la cual tenía más de medio siglo.
Esta obra nunca dio de alta ningún trámite y carecía de cualquier autorización, según el delegado de Benito Juárez, Christian von Roehrich, quien admitió fallaron al no detectarla y proceder contra ella. “La culpa no es de la naturaleza, sino de la constructora que hizo un edificio sobre los cimientos de una casa (…) La responsabilidad es también de las autoridades que lo permitieron”, señalan los vecinos.
Las empresas inmobiliarias han guardado silencio y pretenden deslindarse por las afectaciones en inmuebles de la Delegación Benito Juárez provocados por el sismo de la semana pasada. Las compañías Canada Building Group, Baita y Dijon no han respondido a las demandas de los vecinos, quienes perdieron sus patrimonios. Por la omisión de esas empresas, los residentes pueden denunciar por los delitos de fraude, hasta homicidio imprudencial por omisión, según el abogado Gabriel Regino.
Rogelio Cerda Pérez, titular de Profeco, adelantó en una entrevista radiofónica: con grupos de 30 personas quienes sean los dueños, compradores o titulares de departamentos o viviendas de un mismo edificio o conjunto habitacional, el cual haya resultado dañado por los sismos y cuyos contratos tengan cinco años de antigüedad, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puede interponer una demanda o acción colectiva en su nombre contra las empresas inmobiliarias responsables, haciéndose cargo de los gastos que implique. “Estamos intentando armar cuantas demandas o acciones colectivas podamos y para ello necesitamos que en una sola causa se integren 30 consumidores en un solo bloque para poderlos representar como sus apoderados ante cualquier autoridad de carácter administrativo y el Poder Judicial, y que no les cueste dinero”, señaló el funcionario.
Ninguna empresa inmobiliaria o constructora está eximida de cumplir con la garantía y no pueden deslindarse de pagar daños estructurales en los edificios argumentando fueron ocasionados por fenómenos naturales, como el terremoto del 19 de septiembre. “La ley es muy clara, vamos a ir con todo para que se cumpla… El hecho fortuito no los exime de la garantía, la garantía debe enfrentar el hecho fortuito. Las empresas inmobiliarias están obligadas a cumplir la garantía por daños en la construcción, sean por la causa que sean”, aseguró Cerda Pérez condicionando sean en una sola causa 30 y asegurando solo a aquellos cuyos inmuebles tengan solamente cinco años de haber sido construidos. La doble cara y la amoralidad presentes.}
VANOS INTENTOS PARA RECOBRAR CREDIBILIDAD
Ante las dudas de la sociedad mexicana en torno al manejo transparente de los recursos utilizados en la reconstrucción, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, aseguró en entrevista televisiva: “cada peso ocupado en estas tareas se podrá seguir puntualmente… cada peso tendrá GPS”. En un tono de tranquilidad, pasivo, abordando en primer lugar lo relacionado con el TLCAN y sobre las negociaciones señalar: “el tiempo es nuestro aliado, cuando se va reduciendo se llega a acuerdos, antes solo se discute y se ponen trabas”. Seguro entonces que en lo último los peñanietistas aceptarán lo que les pongan sobre la mesa.
El funcionario descartó que en los recursos empleados para labores de reconstrucción se presente la opacidad. Sólo le faltó decir: “la corrupción es un mito genial”. Según Meade, este viernes se tendrá activada la página de transparencia y “se podrá actualizar cada día, dándole seguimiento en tiempo real y con GPS a cada peso que se gaste en estas tareas”. Hasta el momento, dijo, “se han ejercido 500 millones de pesos, pero todavía no sabemos cuánto implicará el segundo impulso, aunque se han autorizado ya 4,500 millones de pesos” Y así da el banderazo, se sitúa en la pista para el gran baile, el de las cifras.
Nada dijo el aspirante presidencial sobre el llamado a la formación de una coordinación del gobierno con la iniciativa privada para la aplicación de los donativos particulares hecho por su jefe cuando, en Los Pinos, presentó un “recuento” de los daños. Tampoco ha hecho referencia a la cancelación de cualquier tipo de condonación a los gigantes, a los ganones de siempre, a los que sólo liquidan, si acaso, el 3 por ciento de los impuestos que les corresponde pagar, y ni siquiera mencionó se negará la entrega de recibos de exención tributaria a quienes hagan aportaciones de cualquier tipo.
Eso sí, el titular de la SHCP reiteró se tendrán que hacer ajustes presupuestales, tanto este año como el próximo y también aseguró la estimación del costo de los daños por 37 mil 500 millones de pesos es preliminar porque se deberá hacer un balance exhaustivo por las afectaciones a carreteras, escuelas, hogares y hospitales…
MAL Y DE MALAS
Hasta a las zonas turísticas llegaron las consecuencias de los sismos y del huracán registrados durante septiembre. Las cancelaciones no se han hecho esperar y apenas comienzan estos efectos, los cuales sumados a los renglones de inseguridad en aumento, se están convirtiendo en la amenaza inmediata tanto para los ciudadanos como para las captaciones económicas de empresarios y del mismo gobierno Los durante años padecidos Septihambre y Octuhambre han hecho de nuevo su aparición extendiéndose a Novihambre y lo hacen en momentos sumamente críticos. Se luchó y mucho durante por lo menos cuatro sexenios, para disminuir las cifras arrojadas en las temporadas bajas y se tuvo éxito al grado de hacer una conversión casi total. Hoy, ante lo sucedido, el panorama vuelve a tornarse gris y acompañado de la inseguridad, negro.
Entidades como Quintana Roo y Baja California Sur, las jóvenes de la República, tienen sobre sí otros renglones en los cuales se ve incrementada la insatisfacción de la sociedad, crecen las inquietudes, se multiplica la desconfianza. La comparecencia de los miembros del gabinete de los gobernadores a raíz de la presentación de sus respectivos informes de gobierno ha sido un fiasco. Cada vez es mucho más difícil ocultar la corrupción, la complacencia de los curuleros cuando se trata de proteger a quienes tienen, se les ve y se les nota, el sello de intocable por contar con respaldo, afecto, cariño, simpatía del mandatario estatal en turno. En ello caben las recomendaciones por tratarse de posiciones, de acuerdos, de pago de facturas, de recomendaciones de más arriba.
Para comentarse están las de la titular de Educación Pública, reprobada por los legisladores ante la falta de resultados. La fémina no pudo defenderse y podría haberlo hecho con muchos elementos en la mano, entre ellos las disminuciones sin conocimiento de los presupuestos, la falta de asignaciones para poder llevar a cabo los lineamientos de una reforma educativa con la cual nunca se estuvo de acuerdo, etcétera. Doña Marisol no es la peor secretaria de Educación que ha tenido Quintana Roo, ha habido mucho peores y con un grado de corrupción todavía incalculable. ¿Por qué no le preguntaron sobre el reacondicionamiento de los planteles, de los bebederos inservibles, de la falta de sanitarios para profesores y directores, de la desobediencia de las concesionarias de alimentos, de los faltantes en equipo, de la inutilidad de las computadoras?
La razón es sencilla: no se pondría la espada de Damocles encima dando nombre y seña de las empresas “licitadas” para llevar a cabo instalaciones y reparaciones. Tampoco podría hablar mal del guión a seguir por los padres de familia al entregarles sumas para los acondicionamientos, sujetas a comprar en donde de antemano y a precios altísimos les es ordenado o de otra forma no se admiten comprobantes. Tampoco le preguntaron -y se supone debe contar con los números muy asentados y claros- sobre los uniformes escolares, su entrega, los que faltan y cuándo se cree estarán ya en manos de quienes los van a usar, miles de prendas por las cuales se pagaron 104 millones de pesos. Entre tanto aprendiz con tan bajo interés por cumplir las responsabilidades encomendadas y por las cuales cobran de sueldo dinerales, ¿quién reprobaría a quién? Los ciudadanos, seguro, a todos.
Los recesos se convirtieron en un escudo de protección para la titular de Salud y para el Oficial Mayor. La primera también sin argumentación y conocimiento suficiente sobre el sector asignado, resultó incapaz de aprovechar esa comparecencia, no solamente para informar sobre la situación actual por la cual atraviesa esa dependencia sino para solicitar lo necesario a fin de hacer llegar los servicios a un número mayor de quintanarroenses. La parálisis del programa copiado a Miguel Ángel Mancera: “Médico en tu casa”, no es reciente. Cada vez fueron prestando menos servicios, y ello al detectar el alejamiento de cámaras y micrófonos, cuando dejaron de ser útiles para la permanencia mediática de acciones de gobierno. La escasez de personal, de equipo, de medicamentos, intentaron durante un largo año permanecer ocultas bajo las malas condiciones del recién inaugurado Hospital General Jesús Kumate, cuando se trató de una inhumana reducción de recursos, lo que ha venido generando una crisis mayor y, por ende, malos servicios y pésimas o nulas decisiones como pudo observarse al iniciar un cerco preventivo de conjuntivitis después de casi 3 semanas de haberse detectado la multiplicación de infectados.
El Oficial Mayor, Manuel Alamilla, también tuvo que recurrir al receso para detener el alud de señalamientos sobre los despidos y los sueldos estratosféricos designados a funcionarios de nivel como el líder del Grupo Tepito, Juan de la O, o su señora esposa encargada de la imagen gubernamental. El perfil de ambos es desconocido y no puede determinarse con exactitud si cuentan con la profesionalización y experiencia requerida para ocupar esos cargos. En el primer caso, la asesoría tal parece es de todología. Don Juan sabe y opina y determina sobre el tema que se le pregunte y no parece ni tan viejo y, mucho menos, poseedor de una inteligencia tal que le permita visión y conocimientos fuera del alcance de los simples mortales, como el gobernador, por ejemplo. Igual sabe de prensa, de televisión, de finanzas, de relaciones internacionales, de espionaje, de política dizque de altura, de trato y sometimiento de líderes sindicales, de partidos políticos, de democracia, de seguridad, de estrategias para manejar con absoluto autoritarismo al poder Legislativo y al Judicial y, en toda esa gama, sobresalen sus consejos matrimoniales y todo lo relacionado con la educación y la conducción profesional de los hijos. La estrella en la frente se tiene con los negocios y la forma en la cual pueden permanecer “con bajo perfil”. Alimentar rencores y venganzas llegó a su grado máximo y no sin preocupación lo siguen creciendo hasta que…
Volviendo al señor Alamilla e incluso al ejemplo con don Juan, el salario tanto de este personaje como el de la señora de Alamilla podría cubrir el de más de una veintena de chetumaleños despedidos y alcanzaría para centenas si se juntan solamente los gastos extraordinarios de los poblanos avecindados. Enmudeció y no pudo decir nada aceptable sobre el incumplimiento de la empresa “ganadora de la licitación” para la fabricación de uniformes, cuya calidad resultó inferior a la comprometida. De tal suerte que ya levantaron la denuncia correspondiente los de la asociación Somos Tus Ojos ante la Contraloría, bajo la conducción de un funcionario legalmente no habilitado para el cargo y de quien no esperaban recibir la indicación de entregar pruebas, seguramente este dictado bajo un nuevo concepto: “todos son inocentes hasta que, quien acusa, es decir los ciudadanos, no demuestren lo contrario”. De ese tamaño están las pifias en el gobierno del gran cambio, en el encabezado por el hermano del titular de Energía a nivel federal.
Eduardo Martínez Arcila y Emiliano Ramos han conformado el dueto Infierno dentro del Congreso estatal quintanarroense. En un afán de servir al gobernador han dado claras muestras de un perverso servilismo solamente benéfico para sus bolsillos y trayectoria. Con aprobaciones siguiendo los dictados del palacio de gobierno, sin mayores cuestionamientos, convierten a la XV Legislatura en una copia poco fiel de la tan criticada anterior y esa poca fidelidad se debe a que resultaron mucho peores. Cancelaron con sendos escándalos de por medio lo conocido como blindaje para el gobernador anterior y sin ningún escrúpulo, sin guardar ni la más mínima forma, montaron el que dará total impunidad a los del presente.
Nombraron en las posiciones clave a quienes carecen de la profesionalización, capacidad y experiencia necesarias, lo cual se confirma una vez más con los nombramientos de las encargadas de los Órganos Internos de Control (OIC) del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Idaip) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), quedando en la encomienda Rocío Hernández Arévalo y Aida León Canto, respectivamente.
Inclusive se han dado el lujo de no respetar la ley ya que en el caso de doña Aida, llegó recientemente a la entidad, por lo tanto no cumple con lo estipulado en los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública en donde se marcan 5 años de residencia para poder ocupar un cargo de alto nivel. ¿Acaso ser importada de Yucatán fue lo decisivo?
Ahora que, de estas fallas, errores, abusos, irresponsabilidades, falta de criterio, corruptelas, no puede culparse en su totalidad a don Carlos Manuel Joaquín González, porque a muchos de ellos los conoció durante la campaña, a otros se los recomendaron, unos más le sirvieron de acompañantes y paño de lágrimas, además de concejales cuando enfrentó tiempos difíciles, así que de muy pocos tuvo los antecedentes suficientes. Lástima que, cuando se asumen responsabilidades mayores solamente será uno a quien se le recarguen las pulgas o, mejor dicho, los saltos de incómodas pulgas detectadas, paradójicamente, por quienes lo escogieron como servidor público.
DE LOS PASILLOS
Tras el sismo del 19 de septiembre, la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo fue trasladada el pasado domingo del hospital de la colonia Roma, en el cual se encontraba internada, a una clínica de Las Loma de Chapultepec… Desde el 18 de noviembre de 2015, Gordillo había permanecido internada en el hospital María José Roma. De ahí fue traslada a la Clínica MediAccess, ubicada sobre Avenida de Las Palmas número 500… El edificio contiguo al hospital presentaba un riesgo de colapso, por lo cual los abogados de la ex dirigente magisterial interpusieron un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito donde acusaron omisión por parte de las autoridades con respecto a su integridad física. El juez le concedió una suspensión de plano para que el gobierno capitalino asumirá las medidas pertinentes…
Podría haber problemas de abasto en algunos productos e incremento de precios en el corto plazo por los recientes sismos, advirtió el Banco de México, quien estimó los efectos de los recientes movimientos telúricos y huracanes sobre la actividad económica y la inflación “serán temporales y moderados”. Así, señaló, “no se espera que las perspectivas de mediano y largo plazo para el crecimiento y la inflación se alteren de manera importante” …
Es ofensivo observar como en pleno Siglo XXI persiste la discriminación en México. A través de las redes sociales se exhiben este tipo de conductas y, afortunadamente, coadyuvan a corregirlas. Es el caso de empleados de Cinépolis Plaza las Américas en Villahermosa, Tabasco, quienes prohibieron la entrada a un niño que había comprado su boleto pero andaba descalzo, bajo el argumento de molestar a los clientes. Tras hacerse público en redes sociales por medio de un video, la empresa anunció el despido de ese personal. A través de un comunicado, Cinépolis aseguró contactó con el niño, de nombre José Manuel, quien participó en el programa “Vamos todos a Cinépolis”. También agradeció la difusión del video, “pues nos ayudaron a detectar una situación indebida y nos han permitido tomar medidas para que no se repita”.
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