Por Aurelio Contreras Moreno
Las primeras 13 sentencias condenatorias en contra de igual número de implicados en los fraudes de las empresas fantasma del duartismo fueron dictadas por jueces federales, luego de que se adoptó lo que en el nuevo sistema de justicia penal se denomina como “proceso abreviado”.
Éste consiste en que los imputados acepten su responsabilidad en los cargos que se les hacen y se declaren culpables, a cambio de recibir una sentencia reducida, que en este caso podría incluso facilitarles su salida de prisión en breve.
Y es que los 13 implicados que fueron sentenciados son, en realidad, puro “pez chico”: militantes priistas y/o personas de bajos recursos que aceptaron simular ser empresarios para recibir contratos del gobierno para la prestación de servicios que nunca se llevaron a cabo, pero que otros sí cobraron, y muy bien.
En cambio, los ex funcionarios que encabezaban las dependencias en las que se llevaron a cabo estos fraudes durante el sexenio de Javier Duarte siguen tan campantes, sin que por parte del Gobierno Federal –que es el que investiga las licitaciones y adjudicaciones amañadas de las empresas fantasma- existan denuncias en su contra. Por el contrario, lo que parece haber es una red de protección desde la Federación para evitar que sean llamados a cuentas.
Entre los altos ex funcionarios implicados están el ex secretario de Desarrollo Social y ex coordinador de Comunicación Social estatal, Alberto Silva Ramos, quien fue protegido descaradamente por el PRI en la Cámara de Diputados para evitar su desafuero por las denuncias interpuestas en su contra en la Fiscalía General del Estado.
Por el momento, la maniobra salvó a Silva Ramos de perder el fuero y ser eventualmente detenido. Pero está por agregársele a su causa un nuevo proceso, correspondiente a la Cuenta Pública de 2016, en la que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado le señala un presunto daño patrimonial a la Hacienda Pública Estatal, “nada más”, por dos mil 284 millones 812 mil 744.86 pesos durante su segunda gestión al frente de Comunicación Social, en el fatídico último año del duartismo.
Otros ex funcionarios duartistas de primer nivel que permanecen intocados y están implicados en la red de empresas fantasma son los ex secretarios de Educación, Adolfo Mota Hernández, y de Protección Civil, Noemí Guzmán Lagunes, así como los ex oficiales mayores de la SEV Edgar Spinoso y Vicente Benítez.
Los primeros tres son diputados federales del PRI; el último, legislador local por Nueva Alianza. Hasta donde se sabe, sobre ninguno pesa acusación alguna. Ni en el ámbito federal ni en el estatal.
La cereza del pastel de las empresas fantasma está en el DIF estatal, cuya presidenta “fantasma” –pues el organismo siempre le valió sombrilla- fue Karime Macías Tubilla, la todavía esposa de Javier Duarte, que haciendo gala de su descomunal desfachatez, solicitó asilo político en Londres, pues según ella es “perseguida” en México. La realidad es que tampoco se ha exhibido alguna orden de aprehensión en su contra. Pura palabrería.
Qué bueno que la Procuraduría General de la República y el Servicio de Administración Tributaria hayan obtenido sus primeras 13 sentencias condenatorias por este fraude descomunal cometido en perjuicio del erario del estado de Veracruz. Sin embargo, mientras no se proceda contra los verdaderos responsables del desfalco, contra los que verdaderamente se beneficiaron con el brutal saqueo y hoy están protegidos por el mismo sistema, nadie les va a creer una palabra.
La justicia también será entonces otro más de los “fantasmas” de esta tragicomedia en la que se le robó la tranquilidad y su futuro a los veracruzanos.
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