Por Aurelio Contreras Moreno
En Veracruz, los familiares de personas desaparecidas enfrentan un drama doble: la búsqueda de sus seres queridos a través de sus propios medios, ya que las autoridades a nivel federal y estatal son indiferentes, omisas e interesadas; y las amenazas a su vida de las que ellos mismos son objeto, sin contar con protección oficial real alguna.
Rufino Bustamante Rosique busca a su hijo Cristo Bustamante Rincón, desaparecido hace tres años. Forma parte del Colectivo Solecito de Veracruz y ha participado activamente en las labores de búsqueda de restos humanos en fosas clandestinas en predios de Colinas de Santa Fe, en el municipio de Veracruz, y a las afueras de Córdoba.
Este jueves 2 de noviembre, Rufino anunció que había abandonado el estado luego de que unos motociclistas se presentaron la noche del martes en su domicilio particular para advertirle que si seguía buscando a su hijo, lo iban a “levantar”. Lo que en el argot criminal equivale a ser secuestrado, torturado y asesinado.
No era la primera vez que Rufino Bustamante recibía alguna clase de amenaza o mensaje intimidatorio. Pero sí la primera que se atrevían a hacerlo en persona, afuera de su propia casa. No quiso esperar a que decidieran dar el siguiente paso y prefirió irse.
El caso de Rufino Bustamante retrata el tamaño de la indefensión y vulnerabilidad en la que se encuentran la mayoría de los familiares de desaparecidos en Veracruz. A pesar de tratarse de activistas reconocidos y supuestamente protegidos por el Estado, entendido éste como el gobierno en todos sus niveles, cualquiera puede llegar a ellos, amenazarlos y, si así lo desea, atentar en su contra.
Peor aún si, como en el caso de Rufino, se pertenece a una organización como el Colectivo Solecito, que no ha sido indulgente y sí muy crítica de las omisiones e inconsistencias del trabajo del gobierno estatal y particularmente de la Fiscalía General del Estado en torno de las investigaciones sobre personas desaparecidas, razón por la cual están prácticamente vetados por el órgano encargado de la procuración de justicia en la entidad. Como si lo que estuviera en juego no fueran crímenes de lesa humanidad en los que el propio gobierno de Veracruz, en sus anteriores administraciones, tuviera responsabilidades directas, de las que en la gestión gubernamental actual no pueden desentenderse.
Tan lo saben, que esta misma semana a otro grupo de búsqueda de desaparecidos le fue permitido el acceso a las instalaciones de la Academia de Policía de El Lencero, en el municipio de Emiliano Zapata, conurbado con la capital veracruzana, y en donde se presume, gracias al rastreo satelital de sus teléfonos móviles, que en el sexenio de Javier Duarte habrían sido llevadas personas que después aparecieron asesinadas o de las que no se ha vuelto a saber absolutamente nada.
De acuerdo con un informe de la organización no gubernamental International Crisis Group, que tiene presencia en los cinco continentes, hacia febrero de 2017 se estimaba que en Veracruz habría, por lo menos, dos mil 750 personas desaparecidas. Aunque organismos locales de derechos humanos contabilizan cinco mil y en algunos casos hasta 20 mil, según precisa este mismo informe. La magnitud de la tragedia que ha azotado a Veracruz es inconmensurable, por donde se le quiera ver.
Y para los familiares de los desaparecidos, se trata de un drama que amenaza con alcanzarlos a ellos mismos, por negarse a una inadmisible e insoportable resignación a perder toda esperanza. Quizás, su único aliento para seguir con vida.
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