Lilia Arellano.
“El poder sin el abuso pierde su encanto”: Paul Ambroise Valery
• ¡Ya basta!
• Más engaños y largas para recuperar bienes
• Arrendatarios de cajas de seguridad inermes
• Anticipada exoneración de PGR a la SEIDO
• Gobiernos estatales médula de la corrupción
• Los dos Duarte, Cué, Moreno Valle y Borge
• Exigen senadores investigar Panama Papers
• Manto protector de EPN sobre Emilio Lozoya
Ciudad de México, 7 de noviembre de 2017.- La SEIDO se encuentra en un pantano y cada vez que se mueve se hunde más, en tanto sale de muchas gargantas de arrendatarios de las cajas de seguridad en Cancún, de las que han sido “oficialmente” saqueadas, un ¡ya basta! Justamente hoy y de acuerdo con la orden emitida por Darío Alejando Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en Quintana Roo, debe llevarse a cabo una diligencia con actuarios. Según los listados judiciales, responde esta determinación a cuatro amparos promovidos. Habrá de realizarse una inspección judicial para identificar los quejosos sus cajas de seguridad, el estado que guardan y constatar si las autoridades involucradas brindan el acceso a los arrendatarios.
Sabedores de la emisión de esta orden, agentes de la SEIDO se han dado a la tarea de convencer a los usuarios de las bóvedas para llevar a cabo otro registro, uno más, detallando información en un formato en el cual se solicita: número de caja; nombre del titular; responder a: tiene si o no contrato o si está dentro de la caja; identificación con el INE, el IFE o Pasaporte; prioridad de urgencia: salud, económica, documentos (viajes), otra; razón de la urgencia con cuatro renglones para su descripción y la instrucción de continuar atrás de la hoja si es necesario; correo electrónico y teléfono del contacto.
Habrá de hacerse hincapié en la solicitud hecha con anterioridad para que fueran los mismos arrendatarios quienes elaboraran esta lista y hasta dieron una fecha límite para entregarla. Luego llegó una segunda y esta es la tercera con la cual supuestamente viajarán con el diputado Chano Toledo para entregarla en la Ciudad de México. Total, finalmente, ni hay plazos ni documento oficial en cual se indique cuál será el verdadero procedimiento para recuperar los bienes y mucho menos existe de parte de la SEIDO la menor intención de brindar una disculpa por tantos daños, corajes, incertidumbre, causadas. Con respecto a las violaciones a la ley cometidas, se encuentra ya en marcha toda una estrategia para salvaguardarlos, inclusive, de denuncias, demandas, inconformidades a presentarse ante otras autoridades.
Primero, el señor Israel Lira Salas tuvo a bien declarar contarían con el beneplácito de los jueces federales al momento de detallar su operación en el interior del inmueble de First National Segurity. Después, la PGR lanzó un comunicado en el cual informa ha abierto una investigación a la SEIDO por esas actuaciones llevadas a cabo por el personal adscrito a esa área. Ahora resulta ser es la misma PGR la emisora de un boletín en el cual cita: “La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad realizó una visita de inspección y verificación del cumplimiento y pleno respeto a los derechos humanos durante las diligencias que se realizan en cumplimiento de una orden de cateo otorgada por la autoridad jurisdiccional, en las instalaciones de una empresa de seguridad ubicada en el municipio Benito Juárez, estado de Quintana Roo, respecto del aseguramiento de cajas de seguridad a efecto de vigilar el apego de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”.
¡Caracoles y recontraqueteque caracoles! Por no decir ¡carajo! Todavía no dan cuenta de la investigación y se sacan a la subprocuraduría en la cual se podrían poner las demandas en las cuales se señala la nula identificación de quienes estuvieron dentro del inmueble, vaciaron las cajas, se llevaron contenidos, permanecieron más de 20 días en el lugar; la falta de una orden de cateo exhibida públicamente o de perdida entregada al dueño de la empresa; la nula existencia de tales órdenes de cateo personalizadas para cada uno de los poseedores de una bóveda y la cita puntual del expediente de investigación al que estaban sujetos. ¿Cuál respeto a los derechos humanos? ¿Dónde está ese profesionalismo citado que nadie vio? ¿Es eficiencia actuar como lo hicieron y esto estuvo realmente apegado a la legalidad?
Dicen: “durante la visita al inmueble referido –no menciona ni día, ni fecha, ni hora y por donde entraron que no se les vio y eso que hay guardias montadas las 24 horas del día-, se observó que el método seguido en la diligencia de apertura de la cajas de seguridad, embalaje u procesamiento de los bienes contenidos en las cajas se desarrolla bajo las condiciones necesarias de seguridad y preservación del estado en que se encuentran los citados bienes. O sea ya las abrieron, lo que sustrajeron en maletas ¿iba embalado? ¿Cuándo entreguen las pertenencias quitarán el embalaje? ¿Hay documentación relacionando los contenidos y en ella la firma de testigos?
Agrega: “Asimismo, se observó que el procedimiento se realiza con auxilio de personal pericial y con apego a la normatividad correspondiente y conforme a las medidas que permiten garantizar la verificación así como, en su momento, la oportuna rendición de cuentas de las acciones realizadas. Al término de la inspección, afuera de las instalaciones de dicha empresa, se colocó el número telefónico al que los usuarios de las cajas de seguridad pueden llamar para conocer el procedimiento mediante el cual podrán recuperar la posesión de sus bienes así como el número de la carpeta de investigación de la diligencia practicada”. Un pedazo de cartulina con un teléfono al cual responde una máquina, y si lo hace una persona le envía a una extensión a la cual no contestan, y cuando esto se logra no tienen más allá para informar que encontrarse a la espera de órdenes para informarles posteriormente, si ya se registraron, como se hará la entrega.
Ni respeto, ni consideración, ni siquiera otorgan a los ciudadanos la duda sobre estar conscientes y en pleno uso de sus facultades mentales como para absorber el texto de semejante boletín, el cual concluyen: “con acciones como ésta, la Procuraduría General de la República reitera su compromiso con la ciudadanía de salvaguardar los derechos humanos”. Después de ser testigos de semejantes atropellos, violaciones, arbitrariedades, de la puesta en marcha de una estrategia para detener antes siquiera de ser presentadas cualquier tipo de denuncias, de demandas, de reclamaciones en contra de la SEIDO, de la misma PGR, de sus titulares, de exigir responder a los daños morales y económicos causados y de presentar las pruebas reunidas en contra de quién sabe quién y por cuales motivos que quedarán ya invalidadas a causa de las filtraciones hechas con todo propósito, nadie se sorprenda si se empieza a escuchar uno que otro grito: ¡milagro, milagro!, si es que alguien logró la recuperación de sus pertenencias, porque a los demás que nada tienen que ver con delincuentes: que Dios los agarre confesados.
DE ARRIBA PARA ABAJO Y DE ABAJO PARA ARRIBA
No sólo la administración pública federal, encabezada por Enrique Peña Nieto, acumula irregularidades en el manejo de los recursos de la Federación, también los gobiernos estatales, particularmente aquellos en los cuales recientemente hubo cambio no sólo de administración sino también de partido en la silla estatal. Las gestiones de Javier Duarte, en Veracruz; Gabino Cué, en Oaxaca; Rafael Moreno Valle, en Puebla; y Roberto Borge, en Quintana Roo, entre 12 mandatos estatales quienes concluyeron en 2016, no han podido acreditar el ejercicio de recursos por 70 mil 792 millones de pesos. Esto se refleja en un impacto negativo principalmente en los programas sociales contra la pobreza, en materia de salud, educación y seguridad pública, por el desvío de recursos hacia objetivos ajenos a estas políticas.
Hasta el momento, las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) son: 42 mil 615 millones de pesos del gobierno de Veracruz; 9 mil 105 millones en Oaxaca; 4 mil 706 millones en Puebla; 4 mil 383 millones en Quintana Roo; 3 mil 923 millones en Zacatecas; 3 mil 247 millones en Sinaloa; 3 mil 256 millones en Durango; mil 48 millones en Chihuahua y mil 44 millones en Hidalgo. El resto de entidades donde en 2016 hubo cambio de administración tiene saldos relativamente bajos en comparación con los ocho gobiernos mencionados: Tamaulipas, 977 millones de pesos; Tlaxcala, 352 millones; y Aguascalientes, 63.9 millones de pesos entre 2011 y 2016, de acuerdo a los reportes de la ASF.
También se detectaron retención de impuestos no transferidos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), pagos de nómina con partidas no asignadas para esos conceptos y, en ese último año, se ha agregado manipulación en el ejercicio de las participaciones federales. En la cuenta pública 2016 es la primera ocasión en la cual la ASF ejerce sus nuevas facultades para revisar no solamente el gasto federalizado –como lo hacia hasta 2015-, sino también en dos nuevos rubros, para abarcar gran parte del gasto en las entidades: el ejercicio de las participaciones federales y el uso que los gobiernos confieren al dinero obtenido mediante deuda pública.
En las denuncias presentadas por la ASF, derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública, durante el año pasado (2016), en Veracruz, cuando gobernaba Javier Duarte, fueron desviados 14 fondos, de los que el ex mandatario sustrajo 14 mil 225 millones de pesos. El Informe Especial sobre la Fiscalización y sus Resultados del estado de Veracruz, destaca: de ese monto a la administración estatal le corresponde el 97.1 por ciento, más de 13 mil millones de pesos, mientras que a los municipios solamente el 2.9 por ciento, con 417 millones 680 mil 500 pesos.
Por otro lado, además de las numerosas irregularidades administrativas, el ex gobernador Javier Duarte recibía sobornos del grupo criminal de Los Zetas, de acuerdo a un estudio realizado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho la Universidad de Texas a las declaraciones de más de 20 testigos que hablaron como parte de tres juicios federales realizados en Estados Unidos contra miembros del grupo Los Zetas.
En cuanto al último año del gobierno de Roberto Borge en Quintana Roo, la fiscalización de la ASF permitió ubicar manejos irregulares en las participaciones federales por un total de 4 mil 383 millones de pesos, en los cuales destacan: “En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del estado de Quintana Roo, lo cual generó un probable daño a la hacienda pública por 2 mil 62 millones de pesos”.
Roberto Borge, quien cayó preso en Panamá la noche del 4 de junio, pasa sus días en las instalaciones de la Policía Nacional de Panamá en Ancón, suburbio en el oeste capitalino de ese país, en una jaula sin baño, con barrotes de hierro de una altura aproximada de un metro y 80 centímetros y una superficie de seis metros cuadrados -dos de ancho y tres de largo-. Esposado de pies y manos, es vigilado permanentemente por una cámara de video y audio que capta las conversaciones del ex gobernador de Quintana Roo con su equipo legal, de acuerdo con su abogado panameño Sidney Sittón. El olor de la venganza está presente.
Por lo referente a Oaxaca, en el último año de Gabino Cué al frente del gobierno, se localizaron irregularidades por un monto de 3 mil 950 millones de pesos. Entre estas, sobresalen 572 millones de pesos por la retención del Impuesto Sobre la Renta al personal de salud, no enterados al SAT; 856 millones de pesos transferidos al gobierno de esa entidad que fueron ejercidos en clara violación a las leyes de Contabilidad Gubernamental y de Coordinación Fiscal, entre otras.
El pasado mes de mayo, la Comisión Permanente Instructora de la LXIII Legislatura de Oaxaca acordó iniciar un juicio político contra el ex gobernador Gabino Cué Monteagudo por un presunto saqueo de más de 30 mil millones de pesos. “Gabino Cué irá a la cárcel, será el primer gobernador que irá a la cárcel en la historia moderna de Oaxaca. ¡Se lo merece! La gente de Oaxaca, desde el hombre y la mujer más humilde, hasta los más acaudalados, coinciden en que se lo merece”, dijo en esa ocasión el senador del PT, Benjamín Robles Montoya.
Los ex secretarios de Finanzas en el sexenio de Gabino Cué, Gerardo Cajiga Estrada y Enrique Arnaud Viñas, ingresaron en el mes de septiembre al penal de Ixcotel por el delito de peculado al desviar, junto con el entonces secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, 100 millones de pesos destinado a la construcción y equipamiento de unidades de salud en municipios de alta pobreza. El Juez de Control de Distrito Judicial de Valles Centrales, Armando Plácido González, los vinculó a proceso.
En Sinaloa, el SAT destaca entre las principales inconsistencias –las cuales suman 2 mil 80 millones de pesos- en el ejercicio de las participaciones federales, el gobierno estatal no realizó transferencias a los municipios por mil 698 millones de pesos sin que se identifique hasta ahora su destino, y 144 millones de pesos de impuestos retenidos no enterados al SAT.
Hay otras entidades donde no hubo cambio de gobierno en 2016 y el monto de las anomalías registradas es notable. Entre ellas sobresalen el Estado de México, con 2 mil 63 millones de pesos; Michoacán, con 2 mil 533 millones; Chiapas, con mil 518 millones, y Nuevo León con mil 707 millones no acreditados en su ejercicio. En el caso de Michoacán, reportó el gasto de mil 388 millones de pesos sin que a la fecha del cierre de la auditoría se presentara la documentación comprobatoria de su ejercicio. Tampoco se pudo comprobar en las partidas la cuales el gobierno dijo ejercer para atenuar la deuda, se haya evidenciado en el balance de este rubro.
SENADORES DEMANDAN INVESTIGAR PANAMA PAPERS
Senadores demandaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por José Antonio Meade, una investigación exhaustiva a los mexicanos quienes aparecen en la indagación periodística Panama Papers. Los legisladores exigieron al Sistema de Administración Tributaria una averiguación en la cual se finque o deslinde responsabilidades a los ciudadanos reportados.
En la considerada mayor filtración periodística de la historia, dada a conocer por el Consorcio Internacional de Investigación (CIJ, por sus siglas en inglés) con sede en Washington, se menciona a 140 políticos y funcionarios de todo el mundo, entre ellos a once mexicanos. Entre los señalados se encuentran el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, vinculado al presidente Enrique Peña Nieto por ser propietario de una mansión que adquirió la Primera Dama, Angélica Rivera, la llamada “Casa Blanca”, valorada en 7 millones de dólares. Hinojosa ocultó 100 millones de dólares en paraísos fiscales.
Otros hombres acaudalados mencionados son Ramiro García Cantú, empresario de Reynosa, Tamaulipas; socios de Oceanografía, empresa favorecida en la gestión de Felipe Calderón con millonarios contratos con Pemex: Armando Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio. Otros más son Omar Yunes Márquez, hijo del gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares; Ricardo Benjamín Salinas Pliego, presidente de TV Azteca; Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex; Guillermo Cañedo White, ex ejecutivo de Televisa y vicepresidente de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Futbol (Concacaf). También son mencionados la actriz Edith González Fuentes; y el narcotraficante Rafael Caro Quintero
“Todos los personajes mexicanos que aparecen en los Panama Papers deben someterse al escrutinio de nuestras leyes para fincar o deslindar cualquier tipo de responsabilidad, fiscal o penal”, señaló el senador Armando Ríos Pitter, quien suscribió el punto de acuerdo a nombre del grupo parlamentario del PRD.
México no puede seguir siendo omiso a este tipo de escándalos, subrayó Ríos Pitter, luego de que Aristóteles Núñez, director del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México, minimizara el hecho durante una entrevista en un programa de radio el pasado lunes. Los perredistas también exhortaron –en otro punto de acuerdo- la comparecencia de Núñez ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado para que exponga las acciones que ha implementado la institución a raíz de la publicación de esa investigación.
LOZOYA PROTEGIDO POR EPN
La actual administración federal mantiene la protección sobre el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien es, sin duda alguna, intocable, al menos hasta que finalice el presente sexenio. Así, por tiempo indefinido, una juez federal congeló cualquier intento de la Procuraduría General de la República (PGR) por judicializar o pedir la orden de aprehensión contra Lozoya Austin, por la primera carpeta de investigación que inició en su contra por el caso Odebrecht.
La juez federal Sandra Leticia Magaña concedió al ex director de Pemex una suspensión definitiva que impide a la PGR determinar la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/117/2017, sin darle acceso a la misma y garantizarle su derecho de defensa. De acuerdo al fallo de la Juez Primero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, esta suspensión estará vigente hasta que dicte una sentencia en el juicio de garantías, lo cual podría ocurrir en meses.
DE LOS PASILLOS
Por incumplir un amparo, el jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, del PRD, fue destituido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ordenó su consignación penal. Desde hace tres años, el funcionario incumplió un amparo que le ordenaba reinstalar a dos empleados de dicha demarcación. Es la primera ocasión en que la SCJN aplica la sanción constitucional por desacato a un amparo contra un delegado. Además de Moreno Rivera, la Corte consignará penalmente a José Manuel Ballesteros López, ex jefe delegacional y ahora diputado local por el PRD, quien incumplió el amparo en el periodo que culminó en octubre de 2015, cuando fue reemplazado por el actual titular…
Transportistas de la Confederación de Trabajadores de México realizaron bloqueos en varios puntos de la ciudad de Oaxaca, la cual paralizaron así como a varios municipios cercanos. Los inconformes exigen la liberación del secretario de Finanzas de la organización, Marcos S. F., quien fue detenido por efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones y es acusado del homicidio de cinco personas ocurrido en junio de 2013. Las clases en Oaxaca fueron suspendidas, así como corridas de transporte público y el servicio de la termina de autobuses ADO, en Calzada Niños Héroes.
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