Javier Peñalosa Castro
La semana que termina estuvo marcada por la divulgación de información por demás grave sobre el clima de violencia generalizada que se vive en el país, y que ha llevado a la gente de la zozobra a la irritación e incluso la proclividad a responder con la misma moneda.
Curiosa, por llamarle de alguna manera, fue la reacción de Enrique Peña Nieto a los reclamos de algunas de las organizaciones de la sociedad civil más políticamente correctas, como la que encabeza María Elena Morera, sobre la ineficacia del aparato estatal para ejercer lo que, por definición, corresponde al Estado: el monopolio de la violencia, pero, en teoría, para garantizar el funcionamiento pacífico del país. Curiosa porque, a críticas y señalamientos, Peña Nieto respondió con un sentido reclamo, y acusó a estas organizaciones de ejercer el bullying contra las instituciones señaladas.
Por supuesto, no faltaron las voces que hicieron ver al de Atlacomulco el craso error en que incurría, más allá de la utilización de barbarismos que afean el buen uso de la lengua, por lo equívoco del señalamiento, pues en el bullyng (acoso de niños en edad escolar hacia sus compañeros) es ejercido precisamente por el fuerte, y no por el que resulta agraviado). En el caso que nos ocupa, el gobierno es el bigardón que hostiliza a los débiles, y encima los acusa de molestarlo injustificadamente. Por supuesto, tan situación lleva a recordar la clásica escena del delincuente que busca distraer la atención de la policía al señalar a un tercero como autor de la fechoría cometida, al son del grito “¡al ladrón, al ladrón!”.
Bastante más que bullying fue la tortura que ejerció la policía del Estado de México contra un grupo de personas inconformes con la “genial” idea de Fox —retomada por la camarilla que mangonea al país— de construir un aeropuerto como remedo de la imagen fundacional de Tenochtitlan, sólo que en lugar de hacerlo sobre el islote en que el águila se posa sobre un nopal y devora a la serpiente, la idea de este par de “estadistas” es edificar el aeródromo en los terrenos pantanosos de lo que queda del Lago de Texcoco, a un costo enorme y con la participación del hatajo de pillos a los que se deben obras como el Paso Exprés de Cuernavaca, con socavón incluido, el onerosísimo Viaducto Bicentenario y la interminable obra del tres rápido a Toluca.
Desde un principio, los habitantes de aquel poblado, a quienes se pretendió expropiar sus tierras con indemnizaciones ridículas, se opusieron férreamente al despojo y manifestaron con machetes su decisión de resistir la injusticia hasta sus últimas consecuencias.
Esto derivó en un enfrentamiento de los atenquenses con la Policía Federal y los cuerpos represivos del Estado de México que dejó como saldo dos personas muertas, decenas de heridos, más de 200 detenidos, entre quienes había menores de edad y un grupo de mujeres mancilladas por las “fuerzas del orden”.
La violencia terminó por sofocar las protestas, pero también hizo desistir a Fox de su necedad. Las mujeres ultrajadas apelaron a todas las instancias en México, incluida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, jamás se les hizo justicia. Ante el dolor causado por el abuso policiaco y la impotencia que representaba la impunidad con que actuaron sus agresores, este grupo de mujeres acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que las escuchó y finalmente, tras más de 12 años de lucha, terminó por admitir el caso y enviarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El jueves 16 de noviembre de 2017 las Pudimos ver en televisión los desgarradores testimonios de las 11 víctimas de la tortura sexual, que volvieron a provocarles llanto e indignación, a más de 11 años de distancia, por la impotencia que vivieron entonces frente al abuso y la falta de justicia que se prolonga hasta hoy.
Al gobierno mexicano no le quedó otra que reconocer los abusos, expresar su “disposición y compromiso para atender adecuadamente” las medidas de reparación —de un abuso irreparable— que eventualmente ordene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al tiempo que intenta exculpar a los responsables de más alto rango, incluido el otrora gobernador, el impresentable Vicente Fox y sus más cercanos colaboradores.
También esta semana, finalmente Peña Nieto promulgó la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones, que inexplicablemente tuvo durmiendo el sueño de los justos durante cerca de un mes, pese a que ya había sido aprobada por el Legislativo.
Probablemente la decisión respondió al bullying ejercido por familiares de desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil, en su terco empeño de que se haga justicia y que cesen estas expresiones de violencia que duelen especialmente por ser atentados arteros y generalmente impunes que frecuentemente se dirigen hacia activistas y dirigentes sociales.
Habrá que procurar no molestar con el pétalo de una protesta al representante del Estado mexicano, a riesgo de escuchar el grito de ¡al buleador, al buleador!
