Joel Hernández Santiago
El crimen organizado, la violencia criminal, el narcotráfico y todo ese espectro aberrante en el que vivimos hoy en México gana una batalla política de resultados previsibles pero de magnitud insospechada: la controvertida Ley de Seguridad Interior.
Esto es: es tan grave la situación que vive el país en materia de seguridad pública, que las fuerzas civiles de seguridad y prevención del delito han sido rebasadas, por grado o por fuerza, de la tarea para la que están hechas, para la que se les paga, para la que hasta hoy se les medio capacita y la que tendrían que llevar a cabo de forma legal y eficiente a fin de garantizar la integridad física, patrimonial, el bienestar pacífico y los derechos humanos de todos los mexicanos.
Pero esto no siempre es así. Por muchas razones. La primera de ellas y más evidente es la de la corrupción. Muchos integrantes de los cuerpos policiacos, de seguridad y procuración de justicia están contaminados y, en esa medida, han dejado de funcionar desde hace ya bastante tiempo. La gente desconfía y aun teme a estas fuerzas de seguridad y generaliza el fenómeno.
Y en lugar de que el gobierno federal, como los estatales y municipales lleve a cabo un recio y contundente programa para cambiar este estado de cosas; en lugar de hacer una vuelta de tuercas en estas instancias; en lugar de encarcelar a los corruptos y premiar a los probos;
En lugar de capacitar, de pagar bien a sus operarios con salarios que permitan la medianía juarista; en lugar de recuperar su honorabilidad, transparencia, probidad y fortaleza, y el respeto social, no: Se les anula y se les somete a las Fuerzas Armadas mexicanas y de paso a todos en el país.
Pero las Fuerzas Armadas mexicanas tienen responsabilidades constitucionales para garantizar la seguridad nacional y preservar la soberanía de México frente a amenazas del exterior. La Constitución mexicana así lo establece y para ello se les capacita, se les educa, se les integra y les entregan los instrumentos legales y de infraestructura a fin de que lleven a cabo esta tarea, ya en tierra o en mar. El presupuesto para estas Instituciones es uno de los más altos cada año.
Pero desde 2006 su Jefe Supremo, que es el presidente de la República, ha llevado a estas Fuerzas Armadas a las calles de México para colaborar –se dijo primero- y ahora comandar a esos cuerpos civiles de seguridad.
Con esto se asestaba un golpe a la confiabilidad hacia estas instituciones entre los mexicanos; Instituciones a las que se veía como orgullo del país, como su fortaleza y salvaguarda.
Instituciones a las que se ha querido bien por muchos años. Pero que ahora están en el ojo del huracán porque han sufrido una transformación innecesaria. Y tan es así que muchos de sus integrantes lamentan esta situación, deploran hacer tareas policiacas y rechazan ser “el malo de la película” en una guerra que no es su guerra.
Pero asimismo, al enviar esta iniciativa de Ley de Seguridad Interior, el presidente de México amplía el espectro militar hacia libertades y derechos sociales que están consagrados en la Constitución mexicana: la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, de tránsito…
Ya la Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió un exhorto al Senado de la República alertando por el contenido ambiguo y peligroso de esta Ley; organizaciones internacionales de Derechos Humanos también, y al interior del país hay inconformidades que cada día crecen más.
Según ese documento, es a criterio del presidente decidir cuándo una manifestación pública –por ejemplo- pudiera ser atentatoria de la seguridad interior. Cuándo una manifestación es pacífica o no. Y en caso de que según ese su criterio esas expresiones no fueran pacíficas, intervendría la fuerza militar para “controlar” la situación.
En 34 artículos y 4 transitorios de esta iniciativa ahora en manos del Senado de la República, se dibuja el intento por ejercer la supremacía presidencial en base a criterios sin explicación y ambiguos del todo; se somete a criterio del Ejecutivo el uso de la fuerza para control de expresiones sociales y se detalla con todas esas premeditadas ambigüedades lo que es en sí mismo un atentado a las libertades.
Con esto, una Cámara de Diputados irresponsable aprobó en lo general la Ley de Seguridad Interior. Con esto es el Senado de la República el que tiene en sus manos esta gran responsabilidad histórica.
El Ejército y la Marina mexicanos deben seguir siendo garantía de nuestra soberanía y nuestra seguridad nacional. Recuperar esa grandeza está, también, en sus manos.
jhsantiago@prodigy.net.mx
