* Tuvieron la oportunidad legal de borrar los viejos y nuevos agravios; renunciaron a lo ético y cívico para hacer lo por ellos considerado útil
Gregorio Ortega Molina
Insisto, será la Ley de Seguridad Interior la que modifique de manera profunda la vida institucional, política, económica y social de los mexicanos. Trasciende la alarma sobre las libertades y los derechos humanos, es el broche de oro de la reingeniería social que conceptuaron fuera e implementan en el gobierno.
Es posible que constitucional y legalmente sea impoluta y esté perfectamente redactada, sin equívocos, pero olvidaron lo sustancial: las leyes son conceptuadas por seres humanos, instrumentadas por ellos mismos e impuestas de acuerdo a la óptica y los intereses del momento.
Tan es así, que los miembros del Congreso de la Unión que se aplicaron en complacer a las divinidades civiles, desconocen u olvidaron nuestra historia, en la que desde Antonio López de Santa Anna a Álvaro Obregón, son muchos los militares cuyo nombre ensombrece a la patria: Juan Nepomuceno Almonte, Aureliano Blanquet, José Rodolfo Gil Agustín Guerrero Hernández, por mencionar a algunos. Ahora la lista amenaza con crecer.
Así es porque el pueblo está encolerizado de manera incontinente; ese enojo amenaza con desbordar los cauces legales en cualquier momento. La precaria convivencia entre sociedad y gobierno puede devenir abierta confrontación.
Los agravios son muchos y graves. Los gobiernos civiles están infiltrados por la delincuencia organizada. Todos, o casi, prefieren la plata al plomo.
Pero andemos el camino del análisis por los pasos contados. Los expertos de El Universal indican que debemos poner atención a:
1. La intervención de las FFAA en estados y municipios tendrá temporalidad de un año y podrá prorrogarse por decisión del Presidente si persiste la amenaza a la seguridad interior.
2. Se autoriza el uso legítimo de la fuerza a las FFAA y se prevé la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos de sus elementos para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución.
3. Cuando las FFAA realicen acciones de seguridad interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del MP o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones, limitándose a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de las autoridades.
4. Las FFAA adoptarán las medidas para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos, si los hubieses, y pondrán a disposición de las autoridades correspondientes a los detenidos, y
5. FFAA y Fuerzas Federales desarrollarán trabajos de inteligencia en materia de seguridad interior en los ámbitos de sus respectivas competencias.
Me asaltan inquietudes: ¿qué es una amenaza a la seguridad interior y cómo se define? ¿No era trabajo de la Secretaría de Gobernación o ministerio del interior? ¿Qué son acciones de seguridad interior? En su desarrollo pueden encontrarse, de buenas a primeras, con un delito, ¿qué se requiere para iniciar una acción de seguridad interior? ¿Y el uso letal de la violencia legítima del Estado? ¿Cómo se determina el Estado de excepción, eufemismo de Estado de sitio?
Encima de las hipótesis para iniciar acciones que preserven la seguridad interior (desconozco cómo se define y acota un riesgo de seguridad nacional), está colocada la inclemente realidad.
Revisemos. Lo ocurrido en entidades como Coahuila es testimonio de los agravios y la plata repartida. Díganlo si no las voces de familiares de personas desaparecidas, quienes los primeros días de este gélido diciembre localizaron otro centro de exterminio utilizado por el crimen organizado, quizá los Zetas, para torturar y desaparecer a sus víctimas. El lugar de dolor y muerte está “en pleno desierto, en medio de la nada”.
Consta en la nota de La Jornada: “Son aproximadamente 100 metros cuadrados; el lugar está en medio de los dos ejidos, como a un kilómetro de distancia de cada uno. Era un centro de exterminio, contó la profesora Silvia Elida Ortiz Solís, coordinadora y vocera de Víctimas por sus Derechos en Acción, Grupo Vida, en el cual coinciden familiares de personas desaparecidas en la región Laguna de Coahuila.
“El hallazgo fue hecho durante una jornada agotadora. Hizo mucho calor y no fue sencillo encontrar el sitio en el cual hombres y mujeres fueron víctimas de los criminales. Las familias recibieron de manera anónima información respecto a que entre los ejidos San Antonio el Alto y San Francisco estuvo uno de los centros de operaciones de los Zetas, y con el respaldo de la Fiscalía General del Estado y del Ejército Mexicano, finalmente dieron con el sito.
“Encontramos un tambo, de los que utilizaban para cocinar, como ellos decían”, dijo Ortiz Solís, madre de Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, a quien busca desde el 5 de noviembre de 2004, cuando la ausente tenía 16 años.
“El tambo es un bote de acero con capacidad para almacenar 200 litros de agua. Los narcotraficantes lo agujeraban para acelerar el proceso de desintegración de los cuerpos de sus víctimas, a las cuales “cocinaban” con ácido, o las incineraban durante horas con la
ayuda de diésel, llantas sin uso y trozos de madera.
Silvia Ortiz, quien es profesora de secundaria y dejó su profesión para buscar a su hija, dijo que en el sitio localizaron un aproximado de tres mil fragmentos óseos, 25 radicales, que son piezas dentales; casquillos, hebillas, restos de ropa, pero no suficiente para identificar; zapatos y botas de hombre y de mujer”.
La historia pudo escribirse de otra manera. Los militares y los legisladores estuvieron en posibilidad legal de borrar los viejos y los nuevos agravios, pero decidieron olvidarse de lo ético, lo cívico y lo civil para aplicarse en lo útil, bochornoso pero necesario.
Michel de Montaigne dejó constancia en De lo útil y de lo honrado: “La justicia en sí, natural y universal, está regida de otra manera y con más nobleza, que esta otra justicia especial, nacional obligación de la que necesitan nuestras sociedades”. Así es, pero…
Hay riesgo, y el más importante corre en dos vertientes: el desprestigio de las FFAA, símbolo nacional (pudieran convertirse en guardias blancas de los intereses de las nuevas compañías petroleras, si sus operaciones industriales y de distribución son consideradas necesaria seguridad interior), y el rompimiento absoluto y sin posibilidad de reparación inmediata, del tejido social.
Veremos más de esta controvertida Ley durante la semana.
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