Reforma para sancionar la “porno-venganza” fue aprobada por el Senado

Por unanimidad, el Senado de la República aprobó un proyecto para reformar el Código Penal Federal, a fin de tipificar como delito el hostigamiento sexual en Internet y sancionar esta conducta con la cárcel.

Lo importante, según explicó el senador Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del PAN, es inhibir la llamada “porno-venganza”, es decir, la difusión de imágenes y videos íntimos con el objetivo de acosar a una persona.

Con la reforma, agregó, a quien divulgue, sin consentimiento o autorización, alguna fotografía, imagen, audio o video de contenido sexual de una persona, con la que haya mantenido una relación de confianza, afectiva o sentimental, afectando su intimidad, se le sancionará con prisión de seis meses a tres años y de 800 a dos mil días de multa.

El legislador asentó que esta pena se aumentará hasta en la mitad, cuando la víctima sea menor de 18 años o se trate de personas que no tengan la capacidad de comprender el hecho o la capacidad de resistirlo.

Afirmó que los medios de comunicación, incluidos los digitales, que hayan hecho públicas dichas imágenes o grabaciones deberán eliminarlas inmediatamente a petición de la persona afectada ante el Ministerio Público de la Federación o a la autoridad judicial, en un plazo no mayor a 12 horas a partir de la solicitud.

Hermosillo y Celada, refirió que 90 por ciento de los afectos por este delito son mujeres y que, de acuerdo con la Policía Cibernética en la Ciudad de México, existen más de 2 mil sitios de este tipo de contenido y 424 se concentran en la divulgación de estos materiales.

Este dictamen se aprobó con 108 votos a favor y se envió a la Cámara de Diputados.

La Asamblea también aprobó, con 103 votos a favor, y envió a la colegisladora un dictamen que reforma el Código Penal Federal, en materia de ataques a la intimidad y dignidad personal.

Además, con 97 votos a favor y 10 en contra, avaló el dictamen que reforma el Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de delitos carreteros. Se remitió al Ejecutivo Federal.