Joel Hernández Santiago
De un tiempo a esta parte el Ejército Mexicano ha estado en el ojo del huracán. No es para menos. Participa de forma activa en tareas que únicamente realizaban los sistemas de seguridad pública, la policía federal y las estatales, los diversos cuerpos de inteligencia y policías municipales; los que habrían de garantizar la seguridad interna y la integridad física y patrimonial de todos en México…
Pero las cosas han cambiado. ¿Para bien? ¿Para mal? depende. Digamos que el estado de la violencia en el país se ha incrementado en unos cuantos años, tan es así que al iniciar el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (PAN-2006) y dado el extremo al que habían llegado las cosas por el crimen organizado en su estado, Michoacán, éste decidió iniciar una guerra frontal, y para ello –como Jefe Máximo de las Fuerzas Armadas– sacó al Ejército Mexicano de los cuarteles para asignarle tareas de persecución de la delincuencia, narcotráfico y violencia criminal…
Por entonces se suponía que esta salida de sus recintos militares sería por un tiempo razonable en tanto disminuyera la situación extrema a la que se había llegado ahí, y en tanto la presencia de las fuerzas armadas mexicanas habrían de intimidar –se pensó-, a los maleantes que azolaban esta entidad, pero también otras en las que ese famoso crimen organizado iba tomando posesiones territoriales para la siembra, el trasiego y la comercialización de enervantes.
Queda claro que el incremento de esta situación se debe en mucho al altísimo consumo de enervantes entre habitantes de Estados Unidos de América, los que vorazmente cada día exigen más, y son más los consumidores a los que por el hecho de ser ciudadanos votantes y ‘tax payers’ no se les toca ni con el pétalo de una rosa por el gobierno de EUA…
Pero mientras allá se incrementa el consumo en otros países aumenta el fenómeno delincuencial para satisfacer los requerimientos de aquel país, en tanto que se incrementa el consumo aquí mismo: mercado al fin. Y como por inercia se extiende la geografía del fenómeno social al que hay que someter bajo reglas que están en ley.
Pero no. Luego de casi doce años la situación no aminora y sí, por otro lado, ha expuesto a la fuerza militar a verses, a veces con complacencia, porque representa una garantía de seguridad y fortaleza, pero también somete a la institución a un desgaste público en el que se cuestionan con frecuencia las formas de hacer las cosas, de perseguir al a delincuencia y la manera como algunos de sus integrantes se han visto involucrados y sometidos a procedimiento legal…
El Ejército Mexicano es una institución respetable. Todo país tiene a un Ejército para su cuidado y su defensa. En México lo hay y por muchos años se le ha visto con mucha consideración, con admiración, cariño y sin ánimos adversos. El Ejército es garantía de seguridad interna. Pero también es impensable que asuma responsabilidades que corresponden a la seguridad pública civil del país de forma permanente.
Pero a tal grado han llegado las cosas que el 15 de diciembre pasado, a iniciativa presidencial, se aprobó una todavía muy debatida Ley de Seguridad Interior en la que, mediante un conjunto de leyes se define la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y estipula en qué situaciones los militares pueden intervenir.
La dicha Ley es ambigua e inexplicable en muchos de sus apartados, particularmente en aquellos que deja en manos de los militares asuntos como libertad de expresión y soberanía individual como estatal o municipal y derechos humanos.
Por ejemplo: en su artículo 4 “se autoriza el uso legítimo de la fuerza a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, esto mediante tácticas, métodos, armamentos y protocolos de sus elementos para controlar, repeler, o neutralizar actos de resistencia, esto de acuerdo a sus características y modos de ejecución.”
En el artículo 8 dice: “Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político o electoral que se realicen de manera pacífica y conforme a la Constitución, bajo ningún motivo serán consideradas como amenazas, ni podrán ser materia declaratoria de protección a la seguridad interior” ¿Quién decide lo pacífico de estas expresiones? ¿Quién decide qué significa no pacíficas?
Para Mexicanos Primero, hay ambigüedades en esta Ley de Seguridad Interior, aun en debate. “No hay controles para verificar la defensa de los derechos humanos ya que sólo menciona que “se respetarán”, permitirá a las Fuerzas Federales intervenir en protestas sociales si consideran que éstas no son pacíficas” y que casi todo se somete al criterio de la autoridad a partir de la figura de “la seguridad interior”
El Ejército Mexicano es una Institución con una gran respetabilidad histórica. Muchos años y mucha sangre se ha derramado para construir a una Fuerza de garantía por la paz, por la armonía e integridad nacional. La materia política no les es propia, como no le corresponde la preservación de un régimen: si la preservación de las libertades y de la seguridad de la Nación.
Es bueno lo dicho por el general Salvador Cienfuegos el 24 de marzo, durante la entrega de menciones honoríficas a elementos del Ejército Mexicano:
“Hay quienes quieren distanciarnos del pueblo: imposible. Somos uno y lo mismo… Nunca criminales, ni represores; nunca cobardes ni abusivos, ni mediocres, ni mentirosos, mucho menos desleales ni traidores”…
Que esto sea. Y que sea sin una Ley de Seguridad Interior que ni le conviene al Ejército Mexicano, ni a los mexicanos, porque queremos que el gobierno asuma su responsabilidad civil en materia de seguridad pública y queremos a un Ejército muy querido y muy respetado.
