Desde Filomeno Mata 8
Por Mouris Salloum George*
Entre los crímenes de lesa humanidad que se perpetran en México, dos de los más indignantes se han presentado en la última década: 1) El tráfico de niños en algunos estados fronterizos del norte desde las oficinas mismas del DIF y 2) La trata de personas que algunas instituciones de asistencia practican de la Ciudad de México, dedicadas a la “venta” de adultos mayores como cerillos a las grandes tiendas de autoservicio.
De ambos crímenes, sólo se ocupan algunas almas pías en las temporadas electorales, cuando los partidos políticos abren el registro de aspirantes a candidatos a puestos de elección popular.
Del abundante catálogo de tratados, convenciones y acuerdos internacionales de los que México es Estado parte, solo rescatamos dos, a efecto de estema tema: Los derechos de los niños, por los que vela la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y los derechos de y al trabajo, por los que aboga la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sobre los derechos de los niños, huelga decir que en México unos cuatro millones son víctimas del trabajo infantil, no obstante que, si bien la Ley Federal del Trabajo no los prohíbe expresamente, ordena su regulación y vigilancia.
No se trata sólo de su bárbara explotación laboral, principalmente en reservaciones agrícolas; se trata de su exposición a los riesgos de la prostitución y el tráfico de órganos.
Todo lo de la OIT, “se acata pero no se cumple”
En cuanto a la OIT, se obvia el hecho de que es uno de los pocos pactos tripartitas internacionales en los que participan gobiernos, representaciones de los empleadores y de los trabajadores. Su objetivo es proponer políticas públicas de defensa y protección de los derechos de la clase trabajadora, de observancia obligatoria por los Estados parte.
Al gobierno mexicano no le tiembla el pulso a la hora de firmar su adhesión a las resoluciones de la OIT. Sólo son notables dos hechos: 1) En los compromisos firmados, actúa de acuerdo con aquella vieja conseja colonial: Se acata, pero no se cumple, 2) A la hora de que se emiten ciertas recomendaciones, en la mesa el gobierno mexicano dice que sí, que como no. En la práctica, tales recomendaciones no se convierten en norma con sujetos obligados específicos.
Por la OIT México tiene poco o nulo aprecio: No venga de las cúpulas neoliberales foráneas alguna novedad que tienda a la protección del gran capital y los tecnócratas mexicanos la adoptan más pronto que inmediatamente.
Un caso para ilustrar nuestro optimismo: En la negra noche de la dictadura militar de Augusto Pinochet, en Chile se implantó el modelo de privatización de los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores. (Dicho sea de paso, severamente cuestionado ahora por la clase trabajadora chilena).
En 1997, Ernesto Zedillo Ponce de León se dio a la tarea de importar aquel modelo: Liquidó el viejo Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y obsequió la gestión financiera de esos recursos a las llamadas Afore, reconocidas como personas morales. Aleatoriamente, aparecieron las Sociedades de Inversión Especializadas (Siefore) para lanzar esos fondos al mercado especulativo.
El organismo rector de esa política pública es la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro (obviamente, para el retiro: Consar). Si se requiere un dato “de palpitante” actualidad, puede consignarse que José Antonio Meade Kuribreña, tuvo uno de sus primeros puestos relevantes como director general de Planeación Financiera en ese ente.
De cómo se reparte el exquisito pastel de las pensiones
Pues bien: Las Afore han acumulado capital líquido por arriba de los tres billones de pesos. Lanzado un alto porcentaje de esos recursos al mercado bursátil, sobre un 49.22 por ciento ha girado papeles de deuda el gobierno federal; un 20.61 por ciento ha ido a parar a empresas privadas que cotizan en la BMV; 22.92 por ciento ha sido convertido en acciones de renta variable, tanto en México como en el extranjero.
Con independencia de lo que diga el marco legal, las reglas de gestión de esos recursos se acogen a una simple circular (la 15) publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Subrayemos una perla neoliberal: Cuando se trata de la inversión en acciones, éstas carece de evaluación de alguna empresa calificadora.
No hay garantías de nada de nada
En estricto rigor, las inversiones en renta variable, aunque el gancho es el de más alto rendimiento no son garantía de nada, sobre todo si el mercado bursátil entra en volatilidad: Aquí se esfuma la esperanza de rendimientos.
No hay garantías de nada de nada
Es común escuchar a los corredores del mercado: Tenemos que incentivar que se invierta con más riesgo para generar más rendimiento: Una apuesta a la incertidumbre, porque no se puede asegurar que los objetivos de inversión se cumplan o que los tenedores recibirán rendimiento sobre su capital.
Da la casualidad de que la suerte del ahorro para el retiro queda en manos de un Gobierno Corporativo en el que mandan los delgados de las Afore.
¿Se consulto a los pensionados antes de ofrecerles la felicidad?
Una de las figuras en las que se arriesga el capital ahorrado por los trabajadores es la de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura. Ya hemos hablado en otros espacios de Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras) y de Certificados de Capital de Desarrollo (CDKs).
Al amparo de los Fibras se ha dispuesto de unos 13 mil millones de pesos para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). No hay referencia pública alguna de que los titulares de las cuentas individuales hayan sido consultados sobre la disposición de su dinero a esos fines.
Ese es el proyecto que defiende el candidato presidencial José Antonio Kuribreña.
Así se juega con el sistema de pensiones mexicano: La cereza en el pastel. Si los hubiera, los trabajadores ahorradores no recibirán rendimientos o ganancias sino hasta el 1 de enero de 2021. Ya lo dijo aquél: Si pa’ mayo son los soles.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
