Claudia Rodríguez
Rumbo a la elección del próximo domingo primero de julio, uno de los temas que empieza a tener de nuevo un eco importante, y a enfrentar incluso a los candidatos a la Presidencia de la República, tiene que ver con las pensiones destinadas a los ex mandatarios federales, en torno a si deben continuar tal cual como lo señalan distintos acuerdos presidenciales detallados en tiempos distintos o debe existir ya una Ley que regule estas pensiones, ya que al menos, no hay precepto constitucional que las ampare.
Es un tema polémico porque las prestaciones que se otorgan no sólo a los ex presidentes, sino también a otros funcionarios de alto nivel de la Administración federal. tales como seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores, bono de riesgo y hasta pensiones vitalicias y más; todas estas son posibles con cifras millonarias provenientes de los recursos públicos de la nación que además podrían ser derivados a otros rubros de mayor impacto para la sociedad.
Toca especial interés el caso relativo a los apoyos que reciben los ex presidentes de la República y sus familiares, una vez que han terminado con su encargo. Estos apoyos consisten en primerísimo lugar en el pago de una pensión, así como de un equipo de apoyo administrativo que les ayuda en sus funciones de carácter personal y un cuerpo de seguridad para garantizar su integridad física.
Cabe destacar que esos apoyos tienen su origen en la Administración de Luis Echeverría Álvarez, quien expidió el acuerdo presidencial 7637 emitido el 25 de noviembre de 1976, el cual estableció que los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de presidente de la República, tendrán a su disposición y servicio mientras vivan, para el desempeño de servicios generales y a sus órdenes directas 78 elementos de las fuerzas armadas, es decir, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea.
Con Miguel de la Madrid se adicionan beneficios, mediante otro acuerdo presidencial, entre los que destacan que la pensión y las prestaciones sociales para los expresidentes serán iguales a los que perciba un secretario de Estado, y se prevé que la cónyuge y los hijos del ex presidente gozarán de los beneficios de la pensión, en el caso de que el titular fallezca, aunque en una proporción menor a la del titular de dicha pensión.
En cuanto al personal de apoyo el acuerdo presidencial Miguel de la Madrid Hurtado, estableció que este sería de 25 empleados de la Federación, adscritos a la plantilla laboral de la Presidencia de la República.
En noviembre del 2012, antes de dejar la Presidencia, el panista Felipe Calderón publicó cambios al Reglamento del Estado Mayor para estipular que los ex presidentes podían mantener el mismo número de elementos del Estado Mayor Presidencial que tenían asignados para su seguridad y la de su familia.
A través de distintas legislaturas se ha intentado recortar y en algunos casos hasta eliminar esos estipendios para quienes dicen estar al servicio de la Patria pero que usan su posición para enriquecerse e incluso perpetrarse en el poder. Sus sueldos devengados resultan ínfimos en comparación a los hurtos a la nación que cometen.
Acta Divina… “Las pensiones a los expresidentes son un pago justo por los servicios que dieron al país, aunado a que su existencia garantiza el respeto al Estado de Derecho”: José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial de la coalición “Todos por México”.
Para advertir… Si los acuerdos presidenciales dan a los ex presidentes, también pueden quietar.
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