Lilia Arellano.
“Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien”: Víctor Hugo.
• Póker de delincuentes
• CSG, EPN y Segob presuntamente implicados en ”la jugada”
• El TEPJF genera incertidumbre y desconfianza: especialistas
• “No hay imparcialidad, sin embargo, vamos a ganar”:AMLO
• Imposible subir a J.A. Meade; Anaya: y el “lavado de dinero”
• Zavala y el Calderón: Jaime Rodríguez, sólo como “Bronco”
• Q. Roo: intentan 2 nuevos cacicazgos: CROC y los Beristain
Ciudad de México 11 de abril de 2018.- Cuatro magistrados del TEPJF embrollaron la elección presidencial. La decisión de subir a Jaime Rodríguez “El Bronco”, tutelado en Nuevo León por la familia Salinas de Gortari, a las boletas electorales para los comicios del próximo 1 de Julio, exhibe una estrategia clara: disputarle a Andrés Manuel López Obrador el voto ciudadano en el norte del país. “El Bronco” y Margarita Zavala son delincuentes electorales, pero ahora candidatos presidenciales. Ricardo Anaya es delincuente a secas y esta comprobado su participación en el delito de “lavado de dinero”. Y José Antonio Meade, candidato de Luis Videgaray y grupos de poder fácticos que lo acompañan, simplemente no prende y sigue hundiéndose. ¿Cómo levantarlo y hacerlo competitivo?, es una cuestión aún no resuelta por su “cuarto de guerra”.
La jugada, dicen, se fabricó en la cena de cumpleaños del ex presidente Carlos Salinas de Gortari el pasado fin de semana, y se operó desde Los Pinos y el Palacio de Bucareli. Las piezas fueron fáciles de mover pues los magistrados electorales Felipe Fuentes Barrera, Indalfer Infante, Mónica Soto Fregoso y José Luis Vargas arrastran un vicio de origen en el desempeño de su cargo en el TEPJF, su permanencia fue ampliada y, en algunos casos, duplicada de forma irregular. Fueron impulsados por el PRI y respaldados por el PAN. En el Senado, el coordinador del PT-Morena, Manuel Bartlett, confirmó se trata de un Tribunal en el cual la mayoría de sus integrantes fueron electos por cuotas entre las dos principales fuerzas políticas y cuatro de ellos respondieron a las exigencias de quienes pretenden restarle puntos a López Obrador. “No lo van a conseguir”, sentenció el legislador poblano.
Tras conocerse la decisión del TEPJF, de inmediato, José Antonio Meade dio la bienvenida al “Bronco”, pues a estas alturas de la elección toda ayuda se agradece de antemano. Ricardo Anaya se dijo “sorprendido” por la decisión del Tribunal Electoral y afirmó respetará el fallo. Y Margarita Zavala sostuvo: si hubo presiones, “que respondan los magistrados”. Para Andrés Manuel López Obrador, “el fallo del TEPJF a favor del candidato “independiente” (Jaime Rodríguez Calderón) tiene mucha miga, pero lo mejor de la farsa es ver a integrantes de la mafia del poder, achichincles y voceros, rasgándose las vestiduras. La verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía”. Retomó lo que publicó en Twitter el 21 de octubre de 2016 sobre la elección de los integrantes de la Sala Superior del TEPJF. “Como lo adelantamos, 3 magistrados electorales del PRI, tres del PAN y uno del PRD. No hay imparcialidad y, sin embargo, les vamos a ganar en el 18”.
Expertos en temas electorales y de transparencia, al igual que legisladores de diversos partidos políticos, expresaron su rechazo a la decisión del TEPJF beneficiando al “Bronco”. Señalaron fue una decisión política que resta credibilidad a ese órgano, además de generar sensación de incertidumbre en víspera de los comicios. Los legisladores del PRI y PVEM avalaron el fallo; PAN, PRD y MC indicaron no cuestionarán la decisión; Morena destacó que hubo trasfondo político y externó su preocupación. En el Senado, PAN, PT, Morena y PRD advirtieron está en duda la credibilidad del Tribunal Electoral.
El fallo del TEPJF es una muy mala decisión, pues genera una sensación de duda, coincidieron en señalar Mauricio Merino, coordinador general del Movimiento Nosotros, y Javier Martín Reyes, profesor asociado del Centro de Investigación y Docencia Económicas. A Rodríguez Calderón se le da entrada a la boleta electoral a pesar del cúmulo de irregularidades detectadas en buena parte de las firmas recolectadas por el gobernador de NL con licencia. Los magistrados señalados hicieron caso omiso de las miles de falsificaciones (casi 60 por ciento del total), el alto número de fotocopias que presentó en sustitución de los documentos originales y los 20 millones de pesos de financiamiento bajo sospecha o sin documentación. Considerando de pasada los miles de cadáveres resucitados.
A Margarita Zavala se le avaló su candidatura presidencial “independiente” a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó graves irregularidades en más de 10 por ciento de las firmas registradas por la esposa del ex presidente Felipe Calderón, así como en las presentadas por Jaime Rodríguez “El Bronco” y Armando Ríos Piter. Las anomalías identificadas por la autoridad electoral en las signaturas incluyen desde fotocopias hasta la simulación de credenciales de elector, como sucedió en la mayoría de los casos de los aspirantes independientes a diputaciones federales, cuyas pretensiones fueron anuladas por la autoridad electoral.
El INE aseguró llevaría ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) el caso de simulación de firmas, así como entrega de fotocopias presentadas por los aspirantes independientes a la Presidencia para obtener su registro en la boleta. Entre los tres aspirantes “independientes” hubo más de 970 mil firmas simuladas, y casi medio millón de apoyos recabados con copias de identificación.
Este miércoles, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) afirmó está a la espera de información complementaria tras recibir una denuncia penal por parte del INE por presuntas irregularidades en la recolección de firmas para “El Bronco”. Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía, informó: “hemos recibido una denuncia por parte del Instituto Nacional Electoral por actos presuntamente ilícitos, por la recolección de firmas. Estamos a la espera de la documentación complementaria (…) son miles de firmas las que ellos tienen registrados y tenemos que iniciar ese procedimiento, tenemos que investigar…”. Díaz garantizó que la fiscalía no hará juicios de valor, en temas relacionados con el proceso electoral.
TEPJF CUESTIONADO
Desde el 2016, la credibilidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue puesta en duda. Hay una gran sombra de incertidumbre en relación con su objetividad y su capacidad jurídica. Tras un acuerdo legislativo del PRI, PAN y PRD, y la aprobación de una reforma fast track, se permitió una extensión en el periodo de los actuales magistrados electorales, sin tomar en cuenta la legislación vigente sobre la inconstitucionalidad de esa acción, ni las múltiples irregularidades presentadas.
Los magistrados José Luis Vargas Vargas e Indalfer Infante, con el apoyo del PRI y PRD, pasaron de un periodo de tres a siete años de cargo, mientras Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez, respaldados por PRI y PAN, permanecerán de seis a ocho años, como parte del acuerdo entre las cúpulas de las tres principales fuerzas políticas en el Congreso. Inconformes con esa decisión, las dirigencias y legisladores de Morena y PRD interpusieron una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien tras analizar el caso, avaló la extensión.
Desde antes de iniciar las campañas de la elección presidencial de este año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que tendrá la gran responsabilidad de realizar la calificación de esos comicios, fue cuestionado y criticado amplia y profundamente por su desempeño en la validación de las elecciones en el Estado de México y Coahuila.
El pasado mes de diciembre, el TEPJF anuló la prohibición impuesta por el INE para usar tarjetas y monederos electrónicos durante las campañas electorales, uno de los temas más controvertidos durante la pasada elección presidencial y la última elección para gobernador en el Estado de México en 2017. En una decisión que aún se discute entre los especialistas, en diciembre pasado el TEPJF determinó que el INE no estaba facultado para prohibir su reparto y ordenó cambiar dicha norma en el Reglamento de Fiscalización, luego de una queja del PRI y PVEM,
Tanto el INE como el TEPJF avalaron la elección para la gubernatura del Estado de México el año pasado y convirtieron a Alfredo del Mazo en gobernador. No tomaron en cuenta el insultante uso de recursos públicos federales, estatales y municipales con fines electorales a favor del abanderado priísta. Y en Coahuila, el TEPJF cuestionó la fiscalización realizada por el INE a la campaña del PRI y disminuyó un millón de pesos el rebase de gastos de campaña para acercar al candidato Miguel Riquelme al monto necesario para validar la elección y su presunto triunfo. El INE insistió, en un segundo informe, que Riquelme había rebasado los topes de campaña, pero el TEPJF terminó imponiéndolo en la gubernatura.
Ahora, la resolución del TEPJF que sube a Rodríguez Calderón a las boletas electorales es “infundada y arbitraria”, de acuerdo con la opinión del constitucionalista Diego Valadés Ríos. El tribunal electoral “nos ha llenado de dudas a todos los mexicanos”, pues en la resolución no existe una análisis jurídico. No se trata de la aplicación directa de una norma sino –aclara- de una ponderación, como lo señala la sentencia. El investigador emérito de la UNAM subraya: confunden “ponderación de derechos” con “ponderación de hechos”. “Lo que se pondera son los derechos para determinar la prelación de los derechos cuando hay un posible conflicto entre ellos”. Los magistrados electorales dijeron que habían ponderado los hechos. “Esto constituye un desacierto jurídico”.
Un error más fue no pedir al INE que revisara las firmas de apoyo presentadas, sino que el propio Tribunal las validó y dio por cumplido el requisito de acreditar el apoyo ciudadano a favor de Rodríguez Calderón. “Esto lo hizo sin haber visto las firmas, sin las evidencias que había considerado el INE. De manera que ni en la argumentación jurídica ni en la corroboración de los hechos el tribunal fue escrupuloso”.
Valadés destaca que con la sentencia –que es inapelable- se contraviene el artículo 41 de la Constitución: “en su fracción sexta dice que las funciones jurisdiccionales tienen por objeto garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos electorales. En este caso no se preocuparon por la constitucionalidad ni la legalidad”. El constitucionalista consideró muy grave el TEPJF permita esté el nombre en la boleta de alguien que “debería someterse a la justicia para que ésta lo exonerara o lo condenara” por el uso de instrumentos falsificados, lo que la ley de delitos electorales puede castigar con entre cuatro y nueve años de prisión.
Bajo este panorama y una vez conocidas las decisiones con las cuales el Tribunal responsable de calificar las elecciones más importantes del Siglo en la historia de México surge la interrogante: ¿quién o quienes están enterrando a las instituciones? El denominador común del TEPJF con la SCJ no solamente gira en torno a lo inapelable de sus decisiones sino en que éstas atacan a los ciudadanos, a sus derechos, eliminan de tajo garantías y hacen de sus voces un ordenamiento el cual, no por mucho tiempo y mucho menos con esos personajes como magistrados, podrá seguir obedeciéndoles. ¿Quién o quienes no mandaron al diablo a las instituciones sino las colocaron en el meritito infierno?
ANAYA: LAVADO DE DINERO Y ACUERDOS
Luis Alberto López, chofer del empresario Manuel Barreiro, proporcionó información vital para ahondar en la investigación que la PGR tiene abierta por “lavado de dinero”, en la cual está involucrado el candidato presidencial Ricardo Anaya. En una corta audiencia, de menos de una hora, realizada en el Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro, el fiscal se desistió de la acción penal en contra de López por su colaboración y se llegó a un acuerdo reparatorio en el que la nave industrial que vendió Anaya a la empresa Manhattan en 54 millones de pesos pasó a formar parte del patrimonio del estado.
“La fiscalía se desiste de la acción penal en contra de Luis Alberto, en virtud de que aportó información y su actuación fue por la confianza que tenía a su jefe, lo que lo lleva a tener un grado de culpabilidad mínima; además aportó información esencial y reparó el daño causado… Eso no implica que se absuelva a alguien más. Al contrario, se robustece la información y se ejercerá acción penal en contra de los que formaron parte del esquema de lavado”, enfatizó el fiscal ante la juez Nancy de los Santos.
De acuerdo con la investigación de la PGR, parte del dinero que generó Anaya fue resultado de favores que le hizo el empresario Manuel Barreiro, cuando el panista era secretario particular del gobernador queretano Francisco Garrido Patrón (2003-2009). Cuando Anaya era subordinado de Garrido se enajenó un terreno baldío, mismo que fue adquirido por la empresa Tyson, de la que Barreiro –cercano a Anaya- era el representante. El predio fue segmentado en lotes, uno de ellos, el número 82 –que ya paso a formar parte del estado- fue el que adquirió por 11 millones Ricardo Anaya en 2014 por medio de su empresa JuniSerra.
En ese predio ubicado en la carretera estatal 431, kilómetro 2+200, hacienda La Machorra, en el municipio El Marqués, Anaya construyó una nave industrial y la vendió en 54 millones de pesos a la empresa Manhattan Master Plan de Manuel Barreiro. El pasado mes de febrero, el abogado Joaquín Adrián Xamán McGregor, quien representa a dos asesores financieros, denunció que sus clientes son perseguidos, vigilados en sus oficinas y sus casas cateadas por haber triangulado fondos de un empresario para hacérselos llegar sin rastro a una empresa de Ricardo Anaya.
El litigante aseguro: el “dinero, proveniente de empresas de Manuel Barreiro, se trianguló por varios países y paraísos fiscales para llegar a una sociedad financiera llamada Tesorem, propiedad de mis clientes. De Tesorem salieron los 54 millones de pesos hacia una empresa de México llamada Manhattan Master Plan Development que fue la que formalmente compró el lote a Juni Serra… Manhattan Master Plan Development es una empresa fantasma”.
Durante una primera acción, se transfirieron un total de 16 millones 54 mil 578 pesos, que viajaron de México a la empresa Mas Sailing, en Gibraltar, y posteriormente regresaron a México a través de la empresa Tesorem y de ahí se entregaron en forma de préstamo simulado a la empresa fantasma Manhattan Master Plan Development. Posteriormente, se triangularon 38 millones 750 mil pesos, que se enviaron desde la empresa Didelfut, de Manuel Barreiro, a una empresa canadiense con cuenta en un banco de Ginebra, Suiza, para después enviarse a las Islas Turcas y Caicos, mandarlas posteriormente a Canadá, para finalmente regresarlos a México, a través de Aurora Private Fund, S. A. de C. V., la que a su vez transfirió el dieron a Tesorem y ésta a Mahanttan Master Plan Development, la que finalmente adquirió el lote de 13 mil 589 metros cuadrados propiedad de Juni Serra de Ricardo Anaya.
De gira por Monterrey para reunirse con empresarios de Nuevo León, Ricardo Anaya convocó ese miércoles a conferencia de prensa para declarar no tiene ninguna implicación en lavado de dinero ni en compras ilícitas. Sin embargo, evadió el tema de la venta de una nave industrial, propiedad de su familia, a una empresa creada con prestanombres. “El tema le toca aclararlo a la parte compradora”, dijo. En pocas palabras y con la devolución de la nave: “muerto el perro se acabó la rabia”, falta considerar a semejante protagonista dentro de las boletas ¿eso es todo?
Irrita pero es comprensible: Margara, delincuente electoral con pecado de omisión cometido durante los 6 años en los cuales el hombre con quien vivía ensangrentaba al país y bebía como cosaco; Jaime Rodríguez, delincuente electoral y embustero, además de incumplido o ¿cuánto de lo prometido a los regios se hizo realidad? Richard, delincuente, imposibilitado de lanzar una sola crítica al país al cual le confió la educación de sus hijos o ¿los asuntos de familia y la conducción de ésta no es prioritario? Embaucador y solovino. Pepetoño hace realidad el refrán: “tan malo el pinto como el colorado” y a partir de ahí, lo que se le quiera agregar a quien, sin pensarlo dos veces y como el chofer de Anaya se dedicó a cumplir órdenes, sin importar si con ello generaba despojos, injusticias, arbitrariedades, incumplía leyes, etcétera. Con tanto afán dejaron solo a López Obrador quien por cierto no acepta hagan referencias a su persona como “El Peje” y revira: “seré peje pero no lagarto”, en cambio don Jaime no es nadie si no va con el mote de “El Bronco”, la Zavala requiere utilizar el Calderón; Anaya gusta de ser apodado “niño maravilla” como si no se hubiesen tenido suficientes malas experiencias con otro niño, con el Verde. Están igualitos a las fuertes organizaciones de la otra delincuencia: Pepe “N” Pérez y Pérez ¿quién es?… el Z128. Si no es con el “alias” ni quien sepa de ellos. Aunque por fortuna el “N” ya los hermanó… ¿o no? Van porque en México “todos hijos o todos entenados?
ANDANZAS CARIBEÑAS POR Q. ROO
Tal parecería Remberto Estrada lanzó un subliminal mensaje a la clase política quintanarroense al instalar una gigantesca rueda de la fortuna, tan grande como no hay otra igual, por lo menos en el tan querido Sureste mexicano. Retrató los acontecimientos, con mucha anticipación, registrados dentro y fuera de los partidos políticos hasta llegar a las autoridades electorales, dejando tras de sí la huella de un número extraordinario de rostros sorprendidos. Un ejemplo está en la cara de seguidores de Mario Villanueva Madrid al enterarse de la renuncia de su hijo a un cargo ya ocupado en el pasado y del cual obtuvo ingresos más que suficientes para sufragar gastos familiares obligatorios. Para lograr la renuncia de Marito se requirió de un escenario francamente escalofriante o tal vez muy, pero muy jodido, económicamente hablando.
Y en ese sur tan olvidado, tan alejado de los índices con los cuales se presumen empleos y riqueza generada por la entidad, suben y bajan candidato. Marito bajó a Pastrana, Valencia entró brevemente al quite y ya está con un pie en la orilla. El alcalde surgido de la misma alianza con la cual Carlos Manuel Joaquín González se entronizó, hizo lo mismo que las prendas en el Monte de Piedad: llegó, tomó dinero y se fue. Aunque ahora va por un préstamo mayor sin haber pagado una sola deuda de las heredadas y menos aún administrado el erario de manera conveniente. Para mal de los chetumaleños les endilgan al “negrito” King, para el Senado. Las huestes croquistas intentan apoderarse de Benito Juárez y, sabedores de la experiencia, del conocimiento adquirido en el manejo mafioso sostenido, ofrecen acabar con la otra delincuencia sin definir exactamente con cuál. Mara Lezama, cooptada por quien fue el último patrón del periodista desaparecido Oscar Díaz Peniche, dicen se encuentra bordeada y el pobre de “Chanito” tendrá otra larga espera, por lo menos hasta recibir el visto bueno de la autoridad capaz de no cumplir con las reglas electorales vigentes y aplicables a quienes aspiran a las alcaldías.
En caballo de la hacienda van Cristina Torres de Solidaridad y Juan Carrillo en Isla Mujeres. La CROC se apoderó de otra candidatura justo en donde la hermana de la senadora Luz María (“La Lucha”) Beristain busca su ascenso. ¿Y qué han hecho tanto De la Cruz como Laura Beristain en esas tierras que merezca la confianza de los electores? Al percatarse de la existencia de otros cacicazgos, la familia yucateca pretende la creación del suyo sin considerar la brevedad de su participación, lo nulo de los resultados de ésta y, por si fuera poco, el número y grado de los escándalos generados, la mayoría de ellos surgidos de comportamientos personales inaceptables para la sociedad que los mantiene. Isla Mujeres es, hoy por hoy, la “Isla Bonita” y más vale dejarla como está. ¿O no?
DE LOS PASILLOS
Javier Corral, gobernador de Chihuahua, defendió insistir en el caso del ex mandatario César Duarte y dijo que la tarea principal de su administración es que los funcionarios implicados en desvíos devuelvan lo robado, dinero que, indicó, debió servir para medicinas, vacunas, becas y alimentación para indígenas. “Los 250 millones de pesos que desvió Alejandro Gutiérrez, el ex secretario general del PRI, cuyo caso nos acaba de arrebatar la Federación, estaban destinados a calentadores y baños dignos para las cinco mil escuelas de nivel básico de nuestro Estado”, destacó.
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