Claudia Rodríguez
Con el argumento del mismo presidente Enrique Peña Nieto y otros gobernantes más, ´respecto a que los programas sociales no debían ser frenados aún en tiempos de elección pues la política asistencialista del Estado estaría incumpliendo al dejar desamparados a quienes reciben esos apoyos en dinero líquido o en plásticos, así como en especie; fue que en la Resolución (INECG338/2017) del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del día 7 de septiembre del 2017, en el que se aprobaron los diversos lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral, se certificó que los beneficios de los programas sociales, podrían entregarse en todo el proceso electoral, siempre y cuando no fueran adjudicados en eventos masivos en “modalidades que afecten el principio electoral de la contienda electoral”; es decir, “que en principio no existe el deber específico de suspender la entrega de los beneficios de los programas sociales durante las campañas electorales, debido a su finalidad…”
Esto deja en claro que los consejeros del INE, dieron pauta y legalidad para que todos quienes son parte del desafortunado mercado asistencialista, no cambien de camiseta; aunque su convicción política sea contraria al partido político gobernante a nivel federal, estatal o hasta local, entidad pública que al final tiene acceso a los recursos públicos en las modalidades de ejecutor o receptor.
Sería increíble que los consejeros del INE no estén enterados que hay indistintas formas de forzar el voto hacia un partido o candidato con la amenaza de que si no gana se acabará tal apoyo, aun cuando este no se entregue visiblemente en eventos masivos.
Cuántas historias documentadas corren por las redes sociales de cómo los promotores del voto, amagan –no en eventos de campaña, sino previos a estos— a quienes por años o meses, han sido sometidos al juego de “te doy pero igual te quito sino sigues mis condiciones”.
Ahí está para para los casos vergonzantes de los procesos electorales, el caso emblemático de las tarjetas rosas que en la reciente elección del Estado de México utilizó el candidato del Revolucionario Institucional, Alfredo Del Mazo, mismas que fueron una compra descarada del voto de las mujeres, pero que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), concluyó que estas sólo constituyeron una promesa de campaña porque no había intercambio de recursos económicos ni en especie, en esa entrega de cartones rosas con propaganda electoral a favor de Del Mazo.
Es así como de poco a poco, el PRI con todo el poder del Estado que ejerce a través de la organización y ejecución de los dineros que corren por la Administración Pública, puede decidir una elección, desde modificar de manera amoral los lineamientos de equidad en el juego electoral, hasta la compra de conciencias.
La elección no está definida, pero la intención del voto de las mayorías sí.
Acta Divina… El Estado de México tiene atención prioritaria en entrega de apoyos sociales, en año electoral porque así lo mandan desde Los Pinos.
Para advertir… Las elecciones en México, violentan y coaccionan la intención del voto.
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