Guillermo Portugal Vela
La Descentralización Administrativa de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) es un tema que destaco Andrés Manuel López Obrador candidato presidencial de la coalición “Juntos, Haremos Historia” en la firma del Acuerdo Político con el Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI el pasado 10 de abril en Jerez Zacatecas.
Así al referirse a dicho tema indico primero, la ratificación del Ingeniero Agrónomo Víctor Manuel Villalobos Arámbula como titular de la Secretaria del Ramo, no obstante haber sido muy cuestionado el mismo “por favorecer la producción de los alimentos transgénicos”; segundo, para conciliar intereses encontrados de algunos de los asesores rurales y dirigentes del Movimiento Campesino hacia el mencionado aspirante Secretario, AMLO instruyo al Ing. Villalobos “que vaya trabajando con los ingenieros agrónomos de los dirigentes del Movimiento Campesino para que se elabore el plan y logremos el propósito de la autosuficiencia alimentaria”, es decir con ello el mencionado Movimiento será corresponsable del seguimiento y evaluación de dicha política pública; y tercero, definió como lugar sede de los asuntos de Agricultura, Desarrollo rural y Alimentación a la ciudad de Obregón, Sonora.
Respecto al segundo punto, será necesario que la participación del Movimiento Campesino se circunscriba a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y su reglamento para evitar en lo posible “abuso de poder” de algunos dirigentes, por lo que su rol deberá remitirse de acuerdo a la normatividad de las instancias donde participen: Consejo Mexicano (Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable); Consejo Estatal (El Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable); Consejo Distrital (El Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito de Desarrollo Rural); y Consejo Municipal (El Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable).
También sobre el tercer punto de la mencionada unidad administrativa de ciudad Obregón se hace la observación que es complemento a lo anunciado anteriormente en su campaña de las sedes alternas como la Comisión de Acuacultura-Pesca que estaría en Mazatlán, Sinaloa; y que en el caso de la sede de la Comisión de Ganadería se ubicaría en el estado de Jalisco.
Sin embargo, de esto último se hace una digresión de que existe una situación de oposición a la ubicación de las tres sedes mencionadas para cada uno de los asuntos de la SAGARPA en relación a lo indicado en el Proyecto de Nación 2018-2024 donde se precisa que la “Mala asignación del gasto público encaminado al desarrollo de los pequeños productores y campesinos” donde, “Cinco de las 32 entidades del país (Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Jalisco y Chihuahua) ejercen casi el 40% del presupuesto de la SAGARPA”. ¡Por lo que considerar a alguno de los citados estados es avalar el privilegio presupuestal de los mismos!
Abundando, el tema de la descentralización administrativa de la SAGARPA es una cuestión muy compleja por lo que habría que dimensionar entre otras variables (según datos del 2015) que su plantilla “es de alrededor de veinticinco mil trabajadores, de los cuales nueve mil son sindicalizados y el resto de confianza”; asimismo ubicar la actual estructura de personal (niveles de plazas y de base) en oficinas centrales de la ciudad de México y desde luego la estructura de personal correspondiente a las entidades federativas del país de los centros de investigación como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) entidad sectorizada a la Secretaría, el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C. (INCA Rural) y las 33 Delegaciones Estatales (una delegación por entidad federativa, más las delegaciones de la ciudad de México y de la región Lagunera); 192 Distritos de Desarrollo Rural, 713 Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADERS) y también el personal en programas y proyectos estratégicos y especiales que están situados en distintas partes de la república mexicana.
En este sentido, del anterior universo se requiere hacer estudios de costos-beneficios, análisis prospectivos, de mercado, infraestructura, servicios y movilidad social, un respaldo presupuestal y un conjunto de políticas públicas ad hoc para el desarrollo urbano-rural; y tratando en lo posible de la búsqueda de un consenso y satisfacción de los distintos actores para que el proceso de descentralización administrativa llegue a buen puerto.
En suma, el resultado de este proceso de mediano plazo (estimado entre dos a cinco años) de descentralización administrativa de la Secretaría, se traducirá en mejorar los servicios públicos del sector, pero además con el involucramiento (de los tres niveles de gobierno) y del sector social y privado se podrá consolidar el federalismo político y a su vez entrar en la ruta de mejorar el desarrollo regional económico.
