Con la aprobación de la Ley de Cultura, en 2017, se otorgó un mandato legal para la preservación de fiestas indígenas, rituales y otras expresiones vivas de nuestros antepasados, con lo cual se garantizan las tradiciones idiosincrasia que nos identifican a los mexicanos, entre nuestras diversas regiones y ante el mundo.
Esta Ley de Cultura impulsada por el Senado de la República, es una innovación a nivel internacional al establecer la importancia de salvaguardar del patrimonio inmaterial que da origen a la identidad mexicana, destaca un análisis de Mirada Legislativa, del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
De acuerdo al documento en cuestión, se señala que en las legislaciones culturales a nivel internacional, se ha privilegiado la protección de los bienes culturales materiales como las zonas arqueológicas y los monumentos históricos, al ser los que la opinión pública reconoce en mayor proporción.
Entre los bienes inmateriales mexicanos, reconocidos incluso por la UNESCO, se encuentran la charrería; el mariachi; fiestas indígenas dedicadas a los muertos; lugares de memoria y tradiciones vivas de los Otomís-Chichimecas de Tolimán; el ritual de los Voladores de Papantla; la Pirekua (que es un canto tradicional de los P’urhépechas); los Parachicos en la fiesta tradicional de Chiapa de Corzo; la cocina tradicional, y tradiciones ancestrales.
Los artículos 15 y 16 de la Ley de Cultura, refieren la responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno de promover la investigación, conservación, fomento y difusión del patrimonio cultural inmaterial, con particular atención a las manifestaciones de las culturas originarias.
El artículo 27, establece dos mecanismos que desarrollará la Secretaría de Cultura para facilitar dicha tarea, el primero es el Sistema Nacional de Información Cultural, responsable de documentar, identificar y catalogar los bienes muebles e inmuebles, servicios culturales, expresiones y manifestaciones.
El Sistema se apoyará del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la organización de las bases de datos y, particularmente, para que la plataforma esté a disposición de las distintas dependencias, entidades, órganos públicos y cualquier persona interesada en el ámbito cultural.
Ambos sistemas de información radica en la importancia de tomar mejores decisiones en las políticas culturales con base en indicadores nacionales y estatales.
