Ernesto Cordero Arroyo, presidente del Senado, instó a las y los senadores integrantes de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana presentar una iniciativa sobre el Día Nacional de la Integridad, ante la Comisión Permanente, la cual podría formar parte de la agenda, de un probable periodo extraordinario.
El contenido de dicha iniciativa, fomentaría la incorporación de parámetros de desempeño ético de los servidores públicos, en todos los niveles de los tres poderes de la Unión. El objetivo central de incluir en el marco legal el principio ético, es optimizar la calidad de la gestión pública.
En el marco de la presentación del informe de la titular de la Secretaría de la Función Pública, la senadora con licencia Arely Gómez González, el presidente de la Mesa Directiva señaló que el informe presentado brinda la tranquilidad de que el Sistema Nacional Anticorrupción va en marcha.
“Este sistema fue aprobado por este Senado, impulsado por esta Legislatura. Es algo que nuestro país necesita. Los cimientos están bien construidos y empieza a dar los resultados que todos los mexicanos deseamos”.
La titular de la Función Pública destacó que la corrupción no puede ser vista meramente como una trasgresión a las leyes en beneficio propio, o como intento de maximizar las ventajas de cierto cargo en perjuicio del bienestar colectivo, sino que se deben observar los daños sociales al contradecir los principios de legalidad, imparcialidad y certidumbre jurídica.
Señaló también, que tal situación afecta la calidad del quehacer gubernamental, entorpece las políticas de desarrollo y disminuye la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales. Además recordó que en diciembre de 2016 presentó el Plan de Trabajo de la Secretaría, basado en tres ejes para la consolidación de un Gobierno Moderno, Abierto e Íntegro y que combata actos corruptos, a partir de las herramientas de coordinación, provistas por el Sistema Nacional Anticorrupción.
Su objeto es fomentar una gestión de recursos humanos apegada a principios como la integridad, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la legalidad; y prevé un sistema justo y abierto de contratación, selección y promoción, basado en criterios objetivos, un procedimiento formalizado, y un método de evaluación que respalde la rendición de cuentas.
También se implementó el Sistema Integral de Responsabilidades Administrativas, conocido como SIRA, a fin de mejorar la eficiencia del mandato legal de la Secretaría, con información relativa a los procedimientos administrativos instaurados en contra de servidores públicos y ahora también de particulares, e información del registro de las sanciones que se impongan por la comisión de faltas administrativas o hechos de corrupción.
Se actualizó el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDEC) en noviembre de 2017, para hacerlo congruente con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se trata de una plataforma que aprovecha las tecnologías digitales, con lo que potencia la captación de peticiones, quejas o denuncias, relacionadas con deficiencias, anomalías o probables irregularidades cometidas por servidoras y servidores públicos.
Ambas plataformas, SIRA y SIDEC, podrían formar parte de la Plataforma Digital Nacional, cuya integración está a cargo del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
En materia de Gobierno Abierto, dijo que se conformó el Grupo de Alto Nivel para dar seguimiento puntual al cumplimiento de las convenciones internacionales anticorrupción; específicamente de los instrumentos liderados por la Organización de las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de los Estados Americanos.
Respecto al Gobierno Íntegro, indicó que se realizó una revisión de los perfiles de los titulares de los Órganos Internos de Control y las Unidades de Responsabilidades, que permitió identificar diferentes áreas de oportunidad, con la intención de contar con personas que tengan un mejor desempeño en las funciones de fiscalización.
Se asentó que el resultado de una estrecha colaboración entre académicos, representantes de la sociedad civil e instituciones integrantes del SNA, la SFP presentó al Comité Coordinador del Sistema una propuesta de política pública para la designación de los titulares de Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades, para ser implementada por los entes y dependencias de la Administración Pública Federal y los órganos constitucionales autónomos.
Arely Gómez destacó que se realizó el compendio documental Retos que enfrenta la Administración Pública Federal en el marco del SNA, cuyo objetivo es presentar una perspectiva de los desafíos y acciones a desarrollar para la correcta implementación del Sistema; impulsar políticas públicas para contribuir a sus objetivos y elementos que permitan su homologación y réplica en los tres órdenes de gobierno; y fomentar la participación de la sociedad en la lucha contra la corrupción y por la transparencia gubernamental.
Se refirió a la campaña permanente del Día de la Integridad que, a iniciativa de la Secretaría, se conmemora los días 9 de cada mes durante este año, para fomentar la incorporación de parámetros de actuación ética de las y los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.
Pidió fortalecer las atribuciones de los órganos internos de control, no solo del Poder Ejecutivo Federal, sino también en las entidades federativas, en los poderes judicial y legislativo, y en los órganos constitucionales autónomos.
Estos retos, dijo Gómez, no los enfrentará sola la Secretaría sino junto con el resto de los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Las acciones detalladas, agregó, fueron emprendidas por la Secretaría con el propósito de construir una administración pública moderna, abierta e íntegra, que coadyuve a restaurar la confianza ciudadana en las instituciones públicas y de levantar los cimientos que permitan la continuidad de tales acciones.
