Lilia Arellano.
“La fortuna de la guerra es siempre dudosa”: Séneca Anneo
• Desaparición forzada, agresión oficial
• Tamaulipas, Edomex, Jal. y Sinaloa, encabezan lista
• Un delito de lesa humanidad carente de prescripción
• ONU-DH señala: marinos implicados en Tamaulipas
• Desdén oficial ante delitos; leyes deficientes: ONU
• Trasfondo: ganancias del narco en los EU y México
• Quintana Roo está dentro del mapa criminal del país
• Guerra comercial de Donald Trump contra el mundo
Ciudad de México, 01 de Junio de 2018.- No es un asunto banal, de ninguna manera, la desaparición en territorio mexicano de al menos 34 mil personas. Por el contrario, es una situación dramática, grave, y no obstante hay una total omisión e indolencia por parte de los tres niveles de gobierno. Estos casos se vuelven sumamente peligrosos cuando están implicados integrantes de las fuerzas públicas, pues se tipifican como “desapariciones forzadas”, un delito de lesa humanidad que no prescribe nunca y en los cuales hay “casi inexistencia de condena”. En este sexenio se han incrementado los casos de desapariciones forzadas y otros delitos como ejecuciones extrajudiciales, en los cuales se han visto involucradas fuerzas de seguridad, en uno de los peores momentos de violencia de su historia.
En la punta de ese peligroso iceberg, la propia Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha documentado la desaparición de 21 hombres y dos mujeres en Nuevo Laredo de febrero al 16 de mayo de 2018. Mientras, del 20 de enero al 21 de mayo de este año, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha documentado la desaparición de 56 personas presuntamente por elementos de la Marina. Estos casos adquirieron relevancia internacional desde que en septiembre de 2014, casi medio centenar de estudiantes normalistas fueron atacados por policías municipales ligados a grupos criminales, en la ciudad de Iguala, Guerrero. Cuarenta y tres de ellos desaparecieron y sólo se ubicaron restos óseos de una persona, los cuales fueron enviados a una universidad de Austria para su identificación. El emblemático caso sigue abierto a pesar de los esfuerzos del régimen actual de echarlo al basurero de la historia.
De acuerdo a los propios datos oficiales, en México han ocurrido al menos 1 mil 161 desapariciones forzadas. En los 10 años de vigencia del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) se han registrado poco más de 34 mil casos, de los cuales 33 mil 513 se consideran extravíos y, el resto, desapariciones forzadas. En cinco estados de la República los índices de personas no localizadas se incrementaron de 2007 a 2017. Tamaulipas encabezó esta lista, con 6 mil 193 casos; seguido del Estado de México, con 4 mil 243; Jalisco, con 2 mil 991; Sinaloa, con 2 mil 834; y Nuevo León, 2 mil 6584 personas no localizadas. Los datos confirman que los varones son el sector de la población más vulnerable, tanto en desapariciones forzadas como en extravíos: 970 casos de desapariciones forzadas fueron hombres contra 191 de mujeres. En tanto, 24 mil 722 extraviados fueron hombres contra 8 mil 191 mujeres.
El nulo interés de las autoridades ante casos de desaparición forzada se encamina a derivar en acciones que conlleven a un estallido social, advirtió el líder de la organización civil Justicia por Tamaulipas, Geovanni Barrios, quien justificó el bloqueo de puentes internacionales en Nuevo Laredo por parte de familiares de víctimas, y señaló es un acto de desesperación el cual puede replicarse en todo esa entidad. “”Lo que sucedió en Nuevo Laredo es la desesperación de los familiares de no ser atendidos por las autoridades. Va a empezar a darse este tipo de brotes violentos en otros municipios hasta degenerar en un estallido social”, alertó. En Tamaulipas existen más de 5 mil 500 cadáveres sin identificar en fosas; pero no hay una estadística confiable de cuántas denuncias formales hay.
Barrios admite existen pocas denuncias formales de mexicanos en torno a este delito. Predomina la desconfianza en los órganos de administración y procuración de justicia de los tres niveles de gobierno. Hay una casi absoluta indolencia por parte de las autoridades ante casos de desaparición forzada. Ni la Comisión de Atención a Víctimas ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizan acciones concretas para apoyar a los familiares de los desaparecidos, particularmente en Tamaulipas, pero igualmente en el resto del país. Durante este año, familias de desaparecidos han sostenido reuniones con diferentes autoridades en esa entidad, sin embargo el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca se ha negado.
DESDÉN OFICIAL Y LEYES DEFICIENTES
Zeid Ra´ad Al Hussein, alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), hizo un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto para que pare las desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. A través de un comunicado, destacó existen “fuertes indicios de que estos crímenes habrían sido cometidos por una fuerza federal de seguridad”. Menciona testimonios recogidos por la ONU-DH, en los cuales se señala que las desapariciones fueron perpetradas en las primeras horas de la noche y en la madrugada por miembros de una fuerza federal.
Frente a la presión internacional, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de un comunicado, manifestó desconocían la situación señalada por la ONU-DH. Señalaron no tenían conocimiento oficial del informe por el cual el comisionado de Derechos Humanos ante la ONU, Zeid Bin Ra´ad Al Hussein, hizo un llamado a las autoridades mexicanas para implementar medidas urgentes al respecto en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y aseguró que la dependencia abrió carpeta de investigación para indagar y proceder contra quienes hubiesen podido cometer “privaciones ilegales de la libertad”.
También señalaron personal de la Secretaría de Gobernación se trasladará a Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde el Comisionado Nacional de Búsqueda de Personas, Roberto Cabrera Alfaro, y personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos, arribarán al lugar para platicar con familiares de personas que se dijo, habían sido víctimas de desaparición forzada y “brindarles la protección que no había sido proporcionada anteriormente por las autoridades correspondientes en caso de ser necesario, a fin de avanzar con las investigaciones”. Hasta aquí pura retórica.
Ante el incremento de casos de desaparición de personas en México, la implementación de la ley en la materia es deficiente y se ha visto relegada por el proceso electoral. “La implementación de esta muy importante ley está hoy por hoy eclipsada por el proceso electoral y la dinámica política, y no está tan presente en la discusión política como debería estar”, consideró Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
En los últimos meses, Jan Jarab se ha reunido con familiares de víctimas en Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Morelos, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa y Michoacán. “Escuchamos historias parecidas, las historias de una tragedia humana, las tragedias de desesperación porque el Estado no está buscando a los desaparecidos y lo están haciendo de manera heroica las propias familias, en un estado después de otro”, relató en un foro efectuado en Casa Lamm, en donde remató: “y en un estado después de otro estamos escuchando las explicaciones, o burocráticas o cínicas, que culpan a las víctimas que (dice que) son personas que tuvieron malos amigos. (Esto) no es aceptable, ni siquiera cuando se trata de personas que tienen malos amigos”.
El municipio de Mier, en Tamaulipas, es el que tiene la mayor tasa de desapariciones en del país, según datos oficiales, resaltó Ruth Fierro, del Centro de Derechos Humanos de la Mujer en Chihuahua, mientras que Manuel Olivares, del Centro Morelos, de Chilapa, Guerrero, mencionó el hecho de que 3 mil militares fueron desplegados en Chilapa en 2016, pese a lo cual aumentaron las desapariciones. “Es mentira que los militares signifiquen más seguridad”, sostuvo el activista.
Y en Jalisco, se ha documentado que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) recluta de manera forzada a jóvenes, que ya no regresan con sus familiares, denunció César Pérez, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.
NARCOTRÁFICO, EL TRASFONDO
La “guerra del narco” impuesta a Felipe Calderón y detonada por éste para alcanzar una legitimidad negada en las urnas, es un negocio redondo para sus promotores. No importan el elevado número de víctimas, más de 270 mil civiles asesinados en 10 años; los desaparecidos, más de 34 mil; y los desplazados por la violencia, más de 250 mil; ni las centenas de secuestrados, violados, torturados. Tampoco interesa cuánta droga se incaute o destruya, o cuántos detenidos sean presentados ante las autoridades judiciales, cuántos reciban sentencia, cuántos encarcelen. Carece de importancia el número de cárteles descabezados, los capos atrapados o ejecutados, o los extraditados a Estados Unidos para ser juzgados.
Las ganancias son estratosféricas y de ahí que se inviertan miles de millones de dólares a mantener el conflicto armado en México, porque deja dividendos mucho mayores, y éstos no son sólo en pesos, dólares, euros y centavos, los cuales se lavan por millones eficientemente en el sistema financiero estadounidense y el mexicano, o en inversiones con apariencia de legales y honrados negocios, diseminados a lo largo y ancho del país y controlados indirectamente por los capos del narco, en múltiples ocasiones con la complicidad de las autoridades (in) competentes. También sirve para justificar la militarización de México, la intromisión de los estadounidenses en asuntos de seguridad que sólo deberían de competir a los mexicanos, para desactivar protestas, reprimir movimientos sociales, violar derechos humanos y colectivos.
Felipe Calderón y ahora Enrique Peña Nieto perdieron la “guerra del narco”. La expansión de los cárteles no se detuvo, su presencia se multiplicó y siguen controlando la producción y el tráfico de heroína y metanfetaminas a Estados Unidos, Europa y Asia. Siguen siendo los líderes en la producción y exportación de heroína y en el trasiego de metanfetaminas, cocaína, mariguana y fentanilo a Estados Unidos, el mayor mercado de drogas en el mundo. Esta empresa criminal tiene un gran éxito financiero: entre 2013 y 2017 habrían lavado hasta 3 billones 646 mil 500 millones de pesos (a razón de entre 6 mil millones y 39 mil millones de dólares anuales, según estimaciones del Departamento del Tesoro estadounidense). Y esto es sólo por la ventad de drogas ilegales en territorio de EEUU.
La estrategia seguida simplemente fracasó. Ello se debe sobre todo por la negativa del gobierno a romper la impunidad que gozan grupos de poder vinculados a la delincuencia organizada y por el interés de mantener intocado su patrimonio. Los enjuiciamientos por lavado de dinero son realmente escasos ante el volumen de las finanzas ilícitas en México. Así, los delitos de lavado de dinero siguen siendo cometidos con total impunidad. Es raro se alcance éxito al investigar y bloquear cuentas de presuntos blanqueadores de dinero y otros actos ilícitos relacionados.
Pero el fracaso de la “guerra contra el narco” es también de los Estados Unidos, donde se admite existen más de 24 millones de personas que consumen drogas ilegales. La estrategia aplicada en México, al igual que en otros países como Colombia, fue diseñada en el Pentágono y el Departamento de Estado de Estados Unidos, e impuesta al gobierno mexicano. Se ha ido aplicando en los términos dictados desde los altas jerarquías del gobierno estadounidense. Y esto es ir al choque con las organizaciones criminales; confrontarlas abiertamente para obligarlas a su fragmentación y a partir de eso intentar combatirlas cuando ya son grupos más pequeños.
Pero eso sólo multiplicó a los cárteles y sus células operativas: antes de 2007 y de la aplicación de la “guerra al narco”, existían siete organizaciones criminales de carácter trasnacional, y en total no sumaban más de 20 cárteles. Ahora hay alrededor de 200 grupos, de acuerdo con los especialistas en el tema y se han constituido en un factor real de poder, no sólo económico, sino hasta político.
ANDANZAS CARIBEÑAS
Quintana Roo, por desgracia, no está ausente dentro de este panorama sino todo lo contrario, contribuye con su tasa de mortandad diaria. En tanto que las ejecuciones en el 2014 sumaban 21 en todo el año y al siguiente aumentaron a 37 y para el 2016 ya iban en 61, el año anterior se dispararon hasta llegar a 227 y si consideramos apenas está iniciando el primer semestre del 2018 la cifra de 207 ejecutados es sumamente alarmante. Abril y mayo han sido los peores meses al contar el primero con 60 asesinados a mansalva y durante el mes pasado se alcanzó la cifra de 50.
Son 177 hombres y 30 mujeres las víctimas de la violencia en la entidad. La mayoría de ejecuciones fueron perpetradas en las regiones, aunque seis de ellas fueron en una supermanzana, 3 en la zona hotelera y 3 más en Bonfil. Lunes y miércoles fueron los días en los cuales se rompieron records al registrar el primero 30 ejecutados y el segundo 48. Lo más dramático es que de todas estas cifras de cadáveres no hay un solo procesado, bueno ni siquiera detenido, cero culpables.
Al paso de los días jerarquización y respeto van perdiéndose. Está a la mitad la construcción de un número importante de viviendas que serán habitadas por los mílites cuyas actividades, aseguran, reforzarán las medidas de seguridad. Primero deberíamos preguntarnos ¿cuáles medidas?, éstas son inexistentes y la mejor prueba está en las estadísticas que les dimos a conocer en los párrafos anteriores. Ahora bien, no sobra ningún respaldo pero llegan quienes ni siquiera tienen la información suficiente de lo que aquí acontece, sin contar con un mapa delictivo y mucho menos saber de calles, supermanzanas, regiones, zonas, etcétera. No es difícil ponerse en los zapatos de la policía municipal, se quedaron rezagados, a ellos no les han proporcionado nunca las facilidades para contar con una vivienda o los han dotado de armamento, vehículos y uniformes como los que portarán quienes habrán de llegar.
Tampoco existen similitudes en sueldos y prestaciones o sea es una utopía pensar existirá coordinación cuando las diferencias en trato y en beneficios son abismales y se tienen las mismas tareas o por lo menos eso se cree. Son invaluables los servicios y el apoyo de nuestro Ejército en muchas tareas sin embargo y tal como se revela en la información de estas líneas no ha rendido los resultados esperados con sus incursiones de vigilancia y apoyo policiaco en otras entidades. Lo cierto a final de cuentas es la inexistencia de una verdadera estrategia en donde vuelva a colocarse a la policía municipal, a la más cercana a la gente en el nivel de importancia que tiene y respetando las facultades de las que goza, inclusive, constitucionalmente.
Y, si esa jerarquización ya se perdió, la falta de respeto hacia los ciudadanos es todavía mayor y las boletas electorales, la impresión de los nombres de los participantes en la contienda, sus trayectorias, apoyos y pasado nos dicen más que mil palabras.
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TRUMP CONTRA EL MUNDO
La imposición por parte de Estados Unidos a aranceles al acero y aluminio procedentes de la Unión Europea, Canadá y México podría impulsar a algunos productos metálicos a nivel local, pero es probable dañe a la economía estadounidense, previó Moody´s Investors Service. Atsi Sheth, director general de la calificadora advirtió: “Aumentarían los costos de entrada para un rango de fabricantes, afectando potencialmente a los niveles generales de precio y podría provocar medidas de represalia dañinas para ciertos exportadores estadounidenses”.
Trump lanzó la guerra comercial contra su grandes aliados: la Unión Europea, México y Canadá, siguiendo su credo de “América primero”. Busca cambios para reducir el déficit comercial con esos países y China, pero sus presiones no han dado resultados, de ahí la activación de los aranceles al acero(25%) y al aluminio (10%).
El vecino del norte importa de otros países mucho más de lo que exporta y ese desequilibrio, el déficit comercial, obsesiona a Trump. Así, Washington se embarcó en una batalla solitaria, sin distinguir entre aliados y rivales, con tres grandes frentes simultáneos: Europa, Canadá y México, además del que tiene contra China. El gigante asiático supone el grueso del déficit comercial de Estados Unidos (375.000 de un total de 556.000 millones, con las cifras del año pasado), seguida por la Unión Europea (151.000). Pekín y Washington han anunciado aranceles recíprocos sobre sus respectivas importaciones por valor de 50.000 millones cada uno y hay amenazas de elevar las sanciones.
Con Europa, Estados Unidos ha intentado cerrar acuerdos con medidas que, a la postre, limiten de forma directa sus importaciones. Es el tipo de pacto alcanzado con Corea del Sur, Australia, Brasil y Argentina, que si se mantienen exentos de las nuevas tarifas. Pero con la Unión Europea el sistema trumpiano de abrir negociaciones con rehenes sobre la mesa (aranceles aprobados y, acto seguido, congelados) no ha funcionado.
“Esto es proteccionismo, simple y llanamente”, criticó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en un comunicado en el cual recordó que el origen del problema de exceso de capacidad en el sector siderúrgico, también los afecta.
Tras la decisión de la administración de Donald Trump, la comisaria de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Mälmstrom, sentenció: la puerta para negociaciones comerciales con Estados Unidos está cerrada. “No estamos en la mesa de negociación. Nuestra oferta era “alejen esa arma de nosotros, sentémonos a negociar como amigos e iguales y discutamos”, y esto eventualmente iba a llevar a conversaciones”, explicó y lamentó: “Pero nunca pasó. Así está puerta está cerrada por el momento”.
La Unión Europea ya inició un caso en la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra Estados Unidos. “La Secretaría de la OMC ha recibido la petición de consultas de la UE para un arreglo de disputas sobre las medidas de la Sección 232 de Estados Unido”, confirmó un funcionario a Reuters.
El gobierno alemán expresó su rechazo a la decisión de EU de suspender la exención de aranceles sobre el acero y el aluminio de la Unión Europea y afirmó que la respuesta procederá de una “Europa unida”. Nuestra respuesta al “American First” (Estados Unidos primero) sólo puede ser la de “Europa unida”, aseguró en un comunicado el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Haiko Maas, quien añadió que la UE está “preparada” para reaccionar a ello con las “medidas adecuadas”.
Francia consideró injustificables y erróneos los aranceles que ha impuesto EEUU a la importación de acero y aluminio de algunos de sus principales socios comerciales y adelantó que la respuesta de la UE será “proporcionada” y “equilibrada”. “Estamos bailando al borde del precipicio”, y esta situación “necesita mucho control para mostrar a Estados Unidos que se equivoca, que toma el mal camino y que es urgente buscar soluciones de fondo”, señaló Jean-Baptiste Lemoyne, responsable francés de Comercio Exterior.
Canadá, por su parte, impondrá aranceles compensatorios sobre 16 mil 600 millones de dólares canadienses (12 mil 800 millones de dólares) sobre exportaciones de EEUU y desafiará los gravámenes sobre el acero y el aluminio dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Organización Mundial de Comercio, confirmó Chrystia Freeland, canciller candiense. Dicha medida entrará en vigor el 1 de julio y tendrá un periodo de consulta de 15 días para que los canadienses hagan comentarios o sugerencias.
Antes, el gobierno mexicano respondió a las medidas adoptadas por la administración de Trump imponiendo aranceles a productos como el acero y embutidos. Según Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, la afectación por las medidas sería por 4 mil millones de dólares.
El presidente Enrique Peña Nieto habló vía telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y coincidieron en condenar la decisión de EEUU y compartieron la necesidad de tomar medidas en contra, según informó Luis Videgaray, aprendiz de canciller de México, quien subrayó “México seguirá negociando con EEUU la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”.
DE LOS PASILLOS
La red de complicidades en los primeros niveles de gobierno es total y hace posible la conformación de una poderosa armadura de impunidad para los funcionarios del primer círculo en torno al presidente Enrique Peña Nieto. Un ejemplo claro de esto lo exhibió el Auditor Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, al solicitar la renuncia de Muna Dora Buchahin, directora General de Auditoría Forense y quien tuvo a su cargo las investigaciones que documentaron los desvíos de Sedesol y Sedatu durante las administraciones de Rosario Robles… Las auditorias encabezadas por esa funcionaria descubrieron el desvío de alrededor de 7 mil 700 millones de pesos a través de un esquema de simulación en el que se contrató, primero a universidades públicas, y después a otras entidades paraestatales, para evitar los procesos de licitación y tratar de eludir la fiscalización de los recursos… Buchahin tiene una trayectoria de 13 años dentro la ASF, y las auditorías que encabezó, a partir de la Cuenta Pública 2012 y las subsecuentes, permitieron detectar irregularidades graves en el uso de los recursos públicos… Y pagan sus servicios despidiéndola.
En abril, el ingreso de divisas por remesas marcó un nuevo récord mensual, con dos mil 716.8 millones de dólares, cantidad que superó en 17.8 por ciento a la registrada en igual periodo de 2017, reportó el Banco de México… Al primer cuatrimestre del año, las remesas representaron para las familias receptoras un ingreso de nueve mil 752.4 millones de dólares, 9 por ciento más que en los mismos meses del año pasado… El ingreso de remesas en abril fue el más elevado para un mes desde que existe registro sobre los recursos que los trabajadores mexicanos residentes en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, envían a sus familias.
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