Claudia Rodríguez
A unos días de la elección federal de este 2018, aun cuando todo transcurre en la normalidad, incluso entre los flagelos nacionales; lo que no deja de sobresalir es la gran expectativa por el desenlace de la elección presidencial.
Las encuestas y sondeos han venido presentando desde hace unos meses que en las preferencias ciudadanas, Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia, se mantiene en un primer lugar –en algunas se muestra inalcanzable–, en tanto en el segundo sitio se muestra también de forma repetida a Ricardo Anaya del Frente por México; en tanto que José Antonio Meade abanderado de la coalición Todos por México, en general no ha abandonado un tercer lugar que incluso revela que no hay nada que hacer en la competencia, casi como lo decidió la señora Margarita Zavala al retirarse de la competencia.
Pero el as que tiene bajo la manga el tercer lugar de la preferencia no sólo entre ciudadanos, sino entre muchos mexicanos más que no le otorgar a Meade su predilección; son los raudales de dinero que ya corren como ríos en distintas zonas del país y que hemos de saber todos, provienen de los mismos recursos públicos desviados de las arcas nacionales y que debieron tener otro destino de bien común.
No son pocos los indicios para afirmar lo anterior, e incluso ya empiezan a ser relatados por terceros, como los operativos de compra del voto en algunos casos están tendiendo sus redes y en otras ya atraparon a la presa.
Si en otras elecciones la compra instantánea del voto se tasaba en 2 mil o 4 mil pesos o hasta en tarjetas de débito con disponibilidad de hasta cinco mil pesos; hoy esas cantidades se han multiplicado sobre todo en el mercado priista en donde se necesita subir la apuesta económica para apuntalar al producto que se promociona ciudadano pero proviene de un partido político que nos ha esquilmado al grueso de los mexicanos hasta la médula.
Esta compra del voto es un delito electoral. Tan fácil como el que compra y vende el voto están actuando de manera ilícita.
El fin, no justifica los medios por el que los priistas intentarán colocar a Meade no arriba en las encuestas, sino como ganador de la elección presidencial.
Todos los ciudadanos tenemos en nuestras manos dos “armas” brutales para combatir un cañonazo ilegal de hasta 15 mil pesos que en algunas ciudades se están soltando: primero la voluntad y después la denuncia.
Cada quien es consciente de su decisión, pero todos debemos de saber que sí es un delito que el partido en el Gobierno, mismo que administra nuestros recursos, nos pague con nuestro mismo dinero un voto a su favor.
Sobra decir lo importante que es el ejercicio del sufragio electoral y el derecho al mismo; además de que aún no hemos superado las prácticas clientelares en cada elección, hay que insistir en que el sufragio debe ejercerse con absoluta libertad y que es tarea de todos, la construcción de una democracia digna.
Dejo por aquí el decálogo de delitos que la Fiscalía de Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), detallaron para este próximo proceso electoral:
Utilizar bienes o servicios públicos en la campaña, condicionar el acceso a servicios públicos y programas sociales, comprar o coaccionar el voto de servidores públicos, intimidar durante la jornada electoral e impedir el acceso a las casillas, destruir o dañar material electoral, publicar encuestas fuera de los tiempos autorizados, incumplir obligaciones de rendición de cuentas, inducir el voto siendo ministro de culto, alterar los datos de la credencial para votar y por último, rebasar los montos legales o utilizar dinero ilícito en las campañas.
Seguro que de más de un ilícito ya hemos sido testigos.
Denunciar puede intimidar, pero hay que hacerlo de forma oral o escrita ante el Ministerio Público o la misma Fepade.
Dejar la denuncia en las redes sociales sólo expone al delincuente, pero ni lo inhibe de seguir delinquiendo, ni tampoco obtiene un castigo.
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