Claudia Rodríguez
A partir del domingo 17 de abril de este mes de junio, empezó a regarse como pólvora información respecto a que el presidente Enrique Peña Nieto había firmado 10 Decretos para privatizar el vital líquido del agua en el país.
Como simple respuesta más que mediática, de la sociedad, en las redes sociales se inició un reclamo al mandatario federal por la advertencia que se hacía de la privatización de las cuencas hídricas territoriales.
Hay que reconocer de manera principal, que en los artículos 4° y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reglamenta el acceso y la disposición de las aguas nacionales, y que incluso existe una ley reglamentaria al respecto.
Las modificaciones a este tenor trabajadas desde las Cámaras legislativas, no son sorpresa para nadie, y desde hace meses los grupos parlamentarios de oposición al Revolucionario Institucional, avisaban de que la nueva Ley General de Aguas más que reglamentar el acceso al agua y el saneamiento de la misma como un derecho humano, a lo que se direcciona es a beneficiar el uso del agua industrial sobre el ciudadano; por lo que la discusión y votación se suspendió en los cuerpos legislativos.
El gran problema de disposición y cómo se da el acceso al agua e incluso hasta el monto económico que por esta se paga, es que quien tiene la facultad suprema de determinarlo de acuerdo a la Ley de Aguas, es el mismísimo presidente de la República, para el caso, Peña Nieto.
En los actuales Decretos firmados, se eliminaron las vedas de casi 300 cuencas hidrológicas en el país –equivalentes a un 55% de lagos y ríos–; lo que significa de manera específica que no habrá impedimentos para la extracción de agua en estas cuencas.
Si el agua no se privatizó de facto con el signado de dichos Decretos –acción que sí existió–, lo que es obvio es que al levantar la veda se da acceso a muchas empresas a las aguas nacionales incluso del subsuelo, gracias a la tecnología que tienen para disponer de la misma, posibilidad que no tiene cualquier particular.
Hay más, mucho más de este beneficio empresarial –entre esta el fracking– que además contamina el agua sin regulación alguna, sobre el derecho del gobernado respecto a la Ley de aguas en cuanto a manejo, control y disposición de la misma. Pero lo primordial es desmentir la inactividad del jefe del Ejecutivo en el terreno, quien además con la puerta de la Reforma energética, se obliga a proporcionar sí o sí a las empresas trasnacionales nuestro vital líquido.
Acta Divina… El 5 de junio del presente, el presidente Enrique Peña Nieto, refirió que con los diez nuevos Decretos de Reservas de Agua firmados, “el volumen total de reserva hídrica para uso ambiental alcanza ya el 47.5 por ciento del agua que escurre en todo el país, superando las recomendaciones internacionales que fijan un mínimo de 35.8 por ciento”.
Los Decretos de Reserva de Agua firmados por el Presidente de la República son: del Río Santiago, del Río Ameca, de Costa de Jalisco, de Costa Grande de Guerrero, de Costa Chica de Guerrero, de San Fernando Soto la Marina, del Río Pánuco, del Río Papaloapan, del Río Actopan y Río Antigua, y Grijalva-Usumacinta.
Para advertir… No hay cuestión electoral al reclamo de garantizar el acceso al líquido vital para uso doméstico con los estándares de consumo y que su costo no se vuelva inalcanzable para las mayorías.
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