Javier Peñalosa Castro
Los primeros días transcurridos tras su triunfo en las urnas, han servido para que Andrés Manuel López Obrador refrende sus compromisos de campaña. Muchos de ellos suenan excesivamente ambiciosos o incluso descabellados. Sin embargo, y de acuerdo con la convicción que mantiene, las promesas de campaña habrán de cumplirse en el menor plazo posible.
Ya declaró que se construirán dos nuevas refinerías y se modernizarán las existentes para poner fin a décadas de dependencia para el abasto de gasolinas, garantizar precios accesibles a los consumidores y permitir que esos recursos se queden en México.
También reiteró que se revisarán los contratos de explotación petrolera asignados a particulares, para ver que respondan a necesidades de exploración y explotación que no puedan ser resueltas por Pemex.
Otro de los puntos relevantes de la agenda ha sido el retiro de altos salarios, prebendas y canonjías a los altos funcionarios del gobierno federal, quienes verán reducidos los altos salarios a la mitad y se les retirarán seguros de gastos médicos privados, bonos, gastos de representación y otras compensaciones.
Firme, se mantiene en su decisión de regresar a los integrantes del Estado Mayor Presidencial a los cuarteles y, aunque insiste en renunciar a contar con una guardia personal, aparentemente un creciente número de voces insiste en que debe recibir algún tipo de protección.
También su propuesta de becar a jóvenes que no estudian ni trabajan encontró eco entre los empresarios, que trabajaran conjuntamente con el gobierno en un programa para capacitar a aprendices que sean capaces de incorporarse posteriormente en empleos formales dentro del sector productivo.
Otra de las propuestas que han despertado inquietud es la descentralización de prácticamente todas las secretarías del gobierno hacia los estados. Sin duda, esta política de gobierno requerirá desplegar un gran esfuerzo y lograr su concreción no será cosa de “enchílame otra”. Sin embargo, el planteamiento suena lógico y luce potencialmente adecuado para equilibrar el desarrollo regional.
También ha resultado polémica la propuesta de terminar con los delegados que medraban a costa del erario federal y que concentraban algún grado de poder en el ámbito estatal, y establecer la figura única del coordinador, que para muchos podría incluso rivalizar con el poder cuasi virreinal que hasta ahora acumularon los gobernadores.
La lista de pendientes es bastante más larga, e incluye otras decisiones polémicas, como la eventual desaparición de las oficinas de comunicación social de oficinas gubernamentales, y la desaparición de instituciones de gobierno que incluso pertenecen a otros poderes.
Además de la voluntad evidente de concretar la cuarta transformación, harán falta recursos, negociaciones para evitar la afectación de empleados públicos, la concertación con los gobiernos estatales que albergarán las dependencias de la Federación, cambios a la legislación y un largo etcétera. Sin embargo, la ruta está claramente trazada y el destino luce alcanzable.
Por lo pronto, habrá que respaldar las decisiones que apuntan para lograr un cambio cualitativo, hacer acopio de paciencia y aportar nuestro esfuerzo para concretar este nuevo paradigma en materia de justicia social.
Esta colaboración dejará de aparecer durante las próximas dos semanas, debido a que tomaré unos días de vacaciones. Nos volveremos a encontrar el próximo 3 de agosto. Hasta entonces.
