Javier Peñalosa Castro
La sabiduría popular aconseja ser humildes en la victoria y dignos en la derrota. Sin embargo, la minoría rapaz, la mafia del poder a la que se ha referido Andrés Manuel López Obrador durante estos últimos años, acostumbrada a “mamar y dar de topes”, ha confundido la dignidad con soberbia, y aun cuando sus integrantes se han visto en la necesidad de reconocer su derrota, buscan conservar sus canonjías a cualquier precio, e incluso pretenden vetar nombramientos o designaciones de funcionarios “incómodos” para sus aviesos y mezquinos propósitos.
Durante muchos años, repitieron hasta la náusea que López Obrador era un peligro para México, la imagen rediviva de Chávez y una amenaza para el patrimonio de los mexicanos, para las buenas costumbres y para el capital privado (a todo lo cual confieren aparentemente la misma importancia).
En la reciente campaña, conspiraron hasta el último día, más para intentar atajar su llegada a la Presidencia que para apoyar un proyecto de gobierno distinto. Sin embargo, tuvieron que rendirse ante la apabullante realidad del triunfo de quien consideraban su Némesis (al menos hasta entonces), sin asomo de duda y de acuerdo con todas las reglas de nuestra muy característica democracia. Incluso por encima de trapacerías, golpes bajos y campañas sucias que emprendieron para tratar infructuosamente de bajarlo de la contienda.
Cuando, de plano, se dieron cuenta de que todos sus esfuerzos fueron inútiles, terminaron por rendirle pleitesía e incluso dieron visos de que apoyarían a su gobierno.
Todos y cada uno de los integrantes de la bien llamada minoría rapaz no tuvieron otra que reconocer el apabullante triunfo de AMLO en las urnas y recular en cuanto a su decisión de llevarse sus inversiones al extranjero e incluso de irse a vivir a otro país. Ello sólo refrenda que su principal interés son los réditos, y no el bienestar del país ni el signo del gobierno en turno, y que en ningún lugar tendrán mejores ganancias que aquí. Sin embargo, han empezado a ver en las designaciones perfiladas por López Obrador amenazas a sus privilegios y abusos, como los millonarios contratos de obras, las concesiones y esquemas como la producción y venta de electricidad, que ven seriamente amenazados con la llegada de Manuel Bartlett a la CFE, a quien no repudian por su pasado salinista, sino por la postura nacionalista que lo caracterizó como legislador.
Carlos Slim, el empresario más favorecido por los gobiernos de los últimos treinta años con cesiones, concesiones y contratos que le han permitido situarse entre los más ricos del mundo, en su momento despotricó contra el tabasqueño, sólo para, llegado el momento de reconocer como inevitable su entronización, declarar —en España— que se puede reducir en mil millones de dólares la obra faraónica del aeropuerto en Texcoco que el futuro presidente ha amagado con cancelar para optar por alguna alternativa menos onerosa. Si así, de un plumazo, se puede bajar el costo de esta obra en casi 20 mil millones de pesos, seguramente habrá otras posibilidades de solución para ampliar la oferta aeroportuaria en el Valle de México distintas del vaso del lago de Texcoco.
Aún faltan cinco largos meses para la toma de posesión, y ya comienzan a verse notorios episodios de voracidad y pugnas por espacios de poder y de corrupción que, sin duda, en algunos casos habrán de desaparecer, y en otros —como la concentración del poder federal en coordinadores únicos, que ya son vistos con recelo por los gobernadores—, habrá reacomodos importantes y los consecuentes jaloneos.
La decisión de cortar salarios exorbitantes y privilegios a los altos funcionarios, aun cuando no ha comenzado a aplicarse, también ha despertado inconformidades y connatos de sublevaciones. Sin duda, en esta dirección habrá que caminar; sin embargo, antes debe planearse detenidamente la forma de hacerlo, para evitar que movimientos en falso den paso a paros laborales y amparos legales por parte de los afectados, como los trabajadores de los poderes Legislativo y Judicial, que gozan de prestaciones superiores a las del promedio de la burocracia, pero seguramente no estarán dispuestos a ser despojados de sus conquistas laborales. Será pues necesario distinguir bien entre directivos y trabajadores de gremios e instituciones públicas, para evitar que un objetivo loable degenere en imposición o injusticia.
Lo mismo ocurre con el traslado de secretarías, empresas paraestatales y otras instituciones públicas a distintas ciudades del país. Los movimientos deben hacerse de manera consensuada, en apego a un plan bien delineado y detallado, y procurar que tanto las personas que moverán su residencia como las ciudades que las acogerán resulten beneficiadas —o al menos no afectadas— con los traslados, que implicarán a decenas de miles de familias.
Tras la victoria indiscutible, que viene acompañada de un gran bono democrático, y con la enseñanza que dejaron los errores del inefable Vicente Fox —que llegó de manera inmerecida a la Presidencia, cumplió poco o nada de lo ofrecido en campaña y, a casi dos décadas de distancia sigue sin desprenderse de los beneficios económicos que ello le supuso—, AMLO debe seguir perfilando sus acciones para arrancar en el menor plazo posible y alcanzar su meta de hacer que los logros alcanzados en seis años parezcan un avance correspondiente a doce.
