Javier Peñalosa Castro
El tiempo continúa su marcha, pero aún faltan poco más de 100 días para la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se dará el banderazo de partida a la cuarta transformación de México. Concluirá con ello un periodo de intensa incertidumbre, tanto para quien resultó electo en los comicios del 1 de julio como de quien habrá de entregarle la banda presidencial, tras un periodo de gran desgaste que lo llevó a desaparecer de la escena pública.
Por el momento la comentocracia está encandilada con la propuesta del Tren Maya, proyecto que, que no bien ha sido esbozado, ya reúne múltiples descalificaciones por parte de los “expertos” del neoliberalato que, al igual que han opinado sobre la propuesta de rescatar las refinerías existentes y construir una o dos nuevas, y no conformes con las cifras de ganancias de las petroleras que confirman que la refinación de petróleo para convertirlo en gasolinas es un gran negocio, siguen en un plan negacionista similar al de quienes insisten en que la tierra es plana.
Pero tal vez el tema que más tiene con el alma en un hilo a inversionistas y burócratas es la decisión sobre la viabilidad de la obra faraónica del nuevo aeropuerto en el vaso del lago de Texcoco, para cuya construcción los depredan más de un cerro de las inmediaciones y alteran de manera sensible el –ya de suyo– precario equilibrio ecológico de la zona, con “medidas” que incluyen –sólo por citar alguna de las genialidades y ocurrencias de los autores del proyecto–, la supresión del espacio rescatado durante años por el notable ingeniero mexicano Gerardo Cruickshank García, y que, entre otras cosas, permitió poner fin a las tolvaneras que año con año se abatían sobre los habitantes del valle de México, así como el regreso de diversas especies de aves migratorias, que hasta ahora anidan en la zona.
Los intereses que están en juego son enormes. En esta obra se na invertido ya muchos miles de millones de pesos y falta aún erogar miles de millones más. Aun cuando este viernes Andrés Manuel López Obrador anunció que se llevará a cabo una amplia consulta para decidir si continúa la obra en el lecho del lago de Texcoco (a condición de que el gobierno no siga desembolsando dinero en este proyecto y acepte la propuesta de participación a inversionistas privados como Carlos Slim, que insisten en la viabilidad y rentabilidad del proyecto) o se construyen dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. En ningún momento han cesado las presiones de esa minoría rapaz que hoy adula al presidente electo, y que se frota las manos no sólo con las concesiones comprometidas hasta ahora, sino con los terrenos que hoy ocupa el aeropuerto internacional Benito Juárez y los que, al igual que ocurrió en su momento con los de Santa Fe, son inútiles para casi cualquier fin, pero muy atractivos para la especulación inmobiliaria que propiciaría la edificación de la terminal aérea de marras.
Lo que habrá de decidir AMLO es, sin duda, complejo. Si decide cancelar la obra en Texcoco, habrá de enfrentar a buena parte de los empresarios que hoy lo elogian y le ofrecen su apoyo, así como pagar enormes sumas para compensar a quienes el actual gobierno les han otorgado jugosos contratos más allá de la capacidad y vigencia de la administración que está por concluir, lo que, sin duda, resultará oneroso, y habrá que dar por perdidos cerca de cien mil millones de pesos gastados hasta ahora en el relleno de superficies fangosas, la edificación de caminos y bardas perimetrales y otras edificaciones, así como los compromisos signados por el régimen peñista. Por otra parte, la construcción de dos pistas en la actual base aérea de Santa Lucía implica la oposición de algunos especialistas y sectores de las fuerzas armadas, pero a final de cuentas brindaría mayores ventajas, pues permitiría contar con dos aeropuertos y, con todo y todo, un ahorro en el mantenimiento y la operación frente al gasto que supondrá la opción en Texcoco.
Sin duda, la discusión es añeja, y poco ha cambiado en los argumentos de quienes apoyan y rechazan la conveniencia de edificar esta terminal aérea. Durante el desgobierno de Vicente Fox se había intentado ya imponer la construcción de un aeropuerto en Texcoco, frente a la posibilidad de hacerlo en Tizayuca, Hidalgo, que entonces ofrecía múltiples ventajas en cuanto a espacio aéreo, disponibilidad de terrenos y posibilidades de propiciar el desarrollo urbano y económico de una región que buena falta tenía de ello.
Hasta el final, Fox, en connivencia con Arturo Montiel, entonces gobernador del Estado de México y funcionarios como el tristemente célebre Pedro Cerisola, a la sazón secretario de Comunicaciones y Transportes, trataron de imponer su decisión contra toda lógica. Sin embargo, procedieron con un enorme desaseo, pretendieron pagar una suma ridícula por las tierras expropiadas, pasaron por alto la voluntad de los pueblos originarios de la zona —como el emblemático poblado de San Salvador Atenco, cuyos habitantes se hicieron famosos por sus protestas con machetes, y el proyecto terminó por abortar, y al final no hubo aeropuerto en Texcoco ni en Tizayuca.
El saldo de este asunto increíblemente mal manejado y desaseado, fue enorme, especialmente por el saldo que dejó la represión a los inconformes, ya con Peña Nieto como gobernador, fue de dos personas muertas, 26 mujeres violadas y cientos de heridos y torturados por parte de fuerzas policiacas estatales y federales, que a la fecha sigue impune, y dio pie a la infame legislación conocida como Ley Atenco, que da manga ancha al gobierno para legalizar la represión (incluso la armada) y los abusos policiacos.
Como queda claro en este breve repaso, la decisión va mucho más allá de la elección entre dos opciones, por lo que deberá analizarse a conciencia y decidir en consecuencia sobre este asunto, contaminado por los excesos del poder y la rapacidad de empresarios y políticos que deben quedar desterrados de una vez y para siempre.
