• 24 años después del EZLN no tienen acceso a la educación
Sara Lovera
SemMéxico, 15 octubre 2018.- Inusitadamente, en medio de mil anuncios, ayer supimos que Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, estuvo en México, precisamente el 15 de octubre, día de la mujer rural. Resulta muy pertinente cuando en México se redefinen asuntos y hay promesas por mil.
Estuvo en Claustro Sor Juana, en una actividad para compartir su informe especial sobre la población indígena mexicana con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahí la CNDH llamó al gobierno de AMLO a mirar la situación de cerca de 15 millones de personas, niños, niñas y adolescentes en rezago educativo y mujeres cocinando con leña, en pleno siglo XXI.
Hecho inusitado, en medio de las discusiones sobre los proyectos o mega proyectos anunciado como propuestas del presidente electo y sus equipos. Una amiga acá en Chiapas, donde ando, me decía que más importante que un tren maya, sería conveniente invertir en una carretera costera, ya delineada por estas tierras; hay quien piensa que no generará turismo ese megaproyecto maya. Y todo mundo está a la expectativa de las consultas sobre el aeropuerto, donde también están involucrados los pueblos originarios.
Mientras en Chiapas, donde las mujeres en general están triplemente marginadas y gobernarán mini municipios, especialmente indígenas, la gente se pregunta cómo fue que Adelfo Regino Montes, haya sido, hasta ahora, nombrado por el presidente electo para dirigir el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, un hombre conocido por estar contra la participación de las mujeres en los gobiernos de los pueblos originarios, afecto a los usos y costumbres, que no escapa al uso y costumbre como vender a las niñas y casar a las adolescentes por interés o enviarlas a las ciudades donde son tratadas por el crimen, con fines de explotación sexual o trabajo forzado.
Mientras la visita de la relatora especial nos hace ver, reconocer, pensar en la situación de estos pueblos, que se nos olvidan con frecuencia, que no tenemos a la mano datos precisos y que también pensamos como muy lejanos de nuestro cotidiano andar.
Me sorprende, haberme inquietado hasta el infinito cuando leo que la situación de la vivienda presenta problemas que afectan a la salud, principalmente de las mujeres y al medio ambiente; el principal contaminante es el uso doméstico de leña o carbón, que generalmente se presenta en fuegos abiertos o estufas sin chimenea, en el 42.5 por ciento de las viviendas indígenas.
Y luego los datos: en 2015, de los dos mil 457 municipios, 623 son considerados como indígenas; por asentamiento ancestral o por migración hay indígenas en prácticamente todos los municipios mexicanos, sólo en 33 de ellos no se reportó su presencia.
En 2015 el 87.5 por ciento de los municipios indígenas reportaron grados de marginación alto y muy alto; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reporta que 71.9 por ciento de los indígenas del país, padecen pobreza.
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016 identifica que 444 mil 275 niños, niñas y adolescentes indígenas entre 3 y 17 años presentaban grave rezago educativo y 543 mil, 936 no asisten a la escuela. Más de medios millón. Abandonados por los maestros que están en paro, huelga o protesta.
Otros datos como la calidad en los procesos educativos, así como los medios y los contenidos que ofrece el sistema educativo nacional. El 21.8 por ciento de los grupos de primaria no contaban con mobiliario para sentarse ni materiales para escribir.
Un porcentaje importante de la población indígena transita en la informalidad laboral. La existencia de empleos permanentes para personas indígenas es muy escaza, lo que redunda en una muy baja estabilidad laboral, inseguridad en el empleo y mucho menor acceso a capacitación y a prestaciones sociales seguras.
Hasta 2016, 8.3 millones de personas indígenas se encontraban en situación de pobreza. La brecha entre ser indígena y no serlo es enorme, hay 3.2 millones de indígenas que viven con tres o más carencias sociales y sin la capacidad económica para adquirir la canasta básica, lo que los ubica en pobreza extrema. En relación a las carencias sociales, la de mayor presencia es la seguridad social, hasta 2016, 8.9 millones de personas indígenas no tienen acceso a ella. La segunda carencia con mayor porcentaje de población indígena fue la de servicios.
El reporte de la Relatora Especial señala violaciones en todos los ámbitos de los derechos humanos cometidas contra pueblos y comunidades indígenas: entre ellas, los derechos individuales, los sociales, a la tierra y territorios, a no ser desplazados de sus tierras y territorios, a la procuración y acceso a la justicia, a los derechos de grupos de atención prioritaria, en especial a las mujeres indígenas y a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Ayer por ello el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, consideró que la defensa de estos derechos, resultan pertinentes; dijo que los programas gubernamentales orientados al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas se diseñan con criterios demográficos, lo que provoca que los grupos minoritarios, nunca resulten favorecidos.
Esto hace que el corazón se achique; la vuelta a la realidad lastima, y los llamados parecen sin escucha desde tiempos inmemoriales. Además, se vuelve a un esquema anterior, el de Instituto, que como dice la Relatora esos programas gubernamentales dirigidos a pueblos y comunidades indígenas no son, en la mayoría de los casos, culturalmente pertinentes, además de no considerar la participación de esta población en el diseño de su propio desarrollo.
Y esa reunión estuvo Luis Hernández Palacios, un conocido intelectual en favor de los pueblos originarios, jamás en la administración, que vive del periodismo, formará parte del equipo de asuntos indígenas del próximo gobierno.
Así que ahora, relatora y ombudsman urgieron a los gobierno, federal, estatal y municipal, a elaborar políticas públicas de reivindicación y desarrollo a estos pueblos.
Yo diría que en la hoja de ruta del próximo gobierno hay urgencia de revisar lo que sucede con el despojo de tierras a consecuencia de los programas de energía y minería, en Chiapas y en Oaxaca; mirar lo que ahí está pasando y sobre lo que no he escuchado nada. Políticas que además de combatir la pobreza y las desigualdades establezcan también un mejor acceso a la justicia y el combate, por todos los medios contra el racismo y la discriminación todavía presentes en la población mexicana y las actitudes de funcionarios públicos.
Pensar y actuar frente a las víctimas de desplazamientos forzados, del despojo de sus tierras o a la falta de acceso a los servicios sociales más básicos. Sabemos además que a los pueblos ha llegado la violencia contra las mujeres y que se necesita una política inclusiva, que comprenda la diversidad cultural como una fuente muy rica para encontrar soluciones creativas a los retos y problemas que implica la construcción de una nación multicultural, democrática y moderna como pretende ser México. Veremos.
saraloveralopez@gmail.com
