CIUDAD DE MÉXICO, 21 de noviembre (AlMomentoMX).— Autoridades de 7 estados desviaron alrededor de 650 millones de pesos a través de 12 empresas fantasma en un esquema de financiamiento ilegal a las campañas electorales del PRI, reveló la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con la investigación, las empresas fantasmas recibieron en 2016 transferencias de los gobiernos priistas de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México, así como del Congreso de Morelos y de la delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México, para la “Operación Safiro”, nombre usado por los operadores del PRI.
Según testimonios ministeriales, las empresas operaban con la protección del SAT, en esa fecha encabezado por Aristóteles Núñez. El dinero sería utilizado para el financiamiento de campañas electorales del PRI, y en el que participaban gobiernos de varios estados.
Según la información recopilada por la organización, los mayores desvíos realizados en 2016 corresponden a las gestiones de los gobernadores priistas de Chihuahua, César Duarte (246 millones de pesos); Durango, Jorge Herrera Caldera (230 mdp) y Sonora, Claudia Pavlovich (140 mdp).
El Congreso de Morelos transfirió al menos 16.4 millones y el Gobierno de Colima, otros 15 millones. Mientras que en el Estado de México, en el periodo de Eruviel Ávila, así como en la gestión de Jorge Alvarado en la delegación de Milpa Alta, en la Ciudad de México, los montos documentados fueron mínimos.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad también comprobó que los accionistas de las empresas involucradas en los desvíos son en realidad prestanombres, pues se trata de habitantes de colonias populares y marginales de la zona metropolitana de la Ciudad de México.
De igual forma, se descubrió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aumentó las asignaciones presupuestales para tres de los estados involucrados en 2016: en más del 500% para Chihuahua, 22% para Colima y 12.7% para Durango.
De acuerdo con la investigación, el modus operandi de todo el esquema consistía en transferir los recursos a las empresas fantasma y de ahí a otras firmas o personas físicas, en transacciones de aparente lavado de dinero o para desaparecer la pista del destinatario final.
Aquí te dejamos la investigación completa para que le eches un ojo a cada uno de los desvíos que ocurrieron en los siete estados involucrados.
Por ejemplo, el 7 de abril de 2016, el gobierno de Chihuahua transfirió 246 millones a cuatro cuentas en el Banco Santander a nombre de las empresas SINNAX, SAMEX, SISAS y Despacho de Profesionistas Futura, en pago a servicios que nunca se ofrecieron.
A los pocos días, la mayor parte del dinero pagado por Chihuahua fue transferido a empresas vinculadas, así como a personas físicas, algunas de las cuales resultaron ser los propios prestanombres, parientes o amigos. Otra porción de los recursos desviados fue a dar a un despacho en Monterrey, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha colocado en la lista negra por simular operaciones comerciales.
AM.MX/dsc
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