Lilia Arellano.
“El dinero es buen sirviente pero mal amo”: Henry Bohn.
• Casta divina
• Defienden burócratas “fifi” los altos salarios
• México resiente severa desigualdad salarial
• Existencia real para los pesos y contrapesos
• En puerta otro escándalo: Ruiz Esparza-OHL
Ciudad de México a 29 de noviembre de 2018.- Ante la promulgación de leyes como la de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la “casta divina” de la alta burocracia mexicana, constituida en los últimos 18 años, salió a defender con todo los privilegios de este sector. No sólo los jueces y magistrados del Poder Judicial, sino también los integrantes de los órganos autónomos del Ejecutivo, quienes resultan afectados por el recorte de salarios, realizan acciones legales para evitar disminuyan sus elevadas percepciones. Los 11 mil 915 expertos en justicia, telecomunicaciones, derechos humanos, competencia económica, evaluación educativa, electoral y finanzas tienen ingresos mensuales que superan los 108 mil pesos que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció ganará y servirá como tope.
A la vanguardia de esta defensa de privilegios salariales se colocaron jueces y magistrados de todo el país. Además de solicitar amparos colectivos y buscar apoyos en el extranjero, acudieron directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que esa instancia analice la legalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y pidieron se les otorgue medidas cautelares que impidan la aplicación de la norma. La SCJN ya dio entrada a dos expedientes de consulta a trámite: 12/2018 y 13/2018, para que el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo elabore un proyecto de sentencia que deberá ser analizado por el pleno del máximo tribunal. Los magistrados y jueces que presentaron el primer recurso están adscritos al décimo sexto circuito, con sede en el estado de Guanajuato, entre ellos: Alberto Augusto de la Rosa Baraibar, magistrado de circuito; Günter Demián Hernández Núñez, juez de distrito; Christian Alfredo Samayoa Mendoza, juez de distrito; y Luis Fernando Villa, juez de distrito.
Jueces y magistrados federales del país elaboraron una “demanda de amparo modelo”, con la cual enfrentarán leyes e iniciativas de reformas legales y constitucionales por parte del Congreso de la Unión que, señalan, pueden afectar la autonomía del Poder Judicial de la Federación. La demanda de garantías fue impulsada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF. Este fue el inicio de la batalla legal contra el nuevo gobierno por presuntamente violar la autonomía del PJF. El pasado mes de octubre, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, ordenó integrar una comisión de alto nivel para abrir un canal de comunicación con los juzgados, con el fin de recibir sus inquietudes y preocupaciones sobre las propuestas legislativas que han sido presentadas por los legisladores federales. Con la “demanda de amparo modelo” se pretende combatir desde ahora los estatutos y diversas iniciativas de reforma, por estimarlas violatorias de la independencia y autonomía del PJF y, por lo tanto, contrarias a la Constitución y a los tratados y las convenciones internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
Debe tenerse presente, la primera negativa a aceptar los recortes salariales provino precisamente de los magistrados de la SCJN, quienes ahora consideran tener la sartén por el mango al estar en sus manos controversias sobre la creación de la Guardia Nacional; lo relativo a los amparos concedidos a EPN y su gabinete; la cancelación del fuero, incluyendo el presidencial, a quienes tengan resoluciones en contra en una primera instancia y, según consideran los legisladores de oposición, esta medida debe tener tiempos claros para su aplicación. O sea, el goce de ingresos inadmisibles en un país en donde más de la mitad carecen de alimento, de todos esos derechos plasmados en la Constitución y de los cuales los ministros no hacen ningún esfuerzo por lograr se cumplan; el fuero para seguir cubiertos con el manto de la impunidad y las trabas para iniciar la recuperación de la sociedad, están en la primera línea de la más alta jerarquía del Poder Judicial y tal vez sirvan para ejercer presión y mantener sus prebendas, aunque la Ley y su aplicación, pasen a segundo término.
Esta defensa de privilegios salariales se impulsa también en el seno de los órganos autónomos. De acuerdo con las previsiones salariales de éstos órganos autónomos del Poder Ejecutivo (Banco de México, Inegi, Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Instituto Nacional Electoral (INE), Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Tribunal Federal de Justicia Administrativa) resultarán afectados con el recorte, además de los empleados del Senado, la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación y el Poder Judicial. Esas instituciones y Poderes de la Unión tienen 11 mil 915 empleados, desde los titulares hasta los especialistas que actúan de manera directa en sus resoluciones, quienes ganan al año un máximo de 4 millones 715 ml 583 pesos netos y un mínimo de un millón 325 mil pesos. Así, están por encima del millón 296 mil pesos que ganará el próximo Presidente de la República.
El mayor nivel de ingresos anuales se tiene en el Consejo de la Judicatura Federal. Sus 9 mil 387 mandos y empleados de mayor rango ganan un máximo anual de 4 millones 715 mil 583 pesos y un mínimo de un millón 330 mil 884 pesos. Le sigue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con un máximo de 4 millones 681 mil 831 pesos anuales netos por cada uno de sus magistrados, así como de un millón 329 mil 384 pesos anuales netos para sus empleados de rangos superiores. Por su parte, los 324 integrantes del INE ganan más que el nuevo parámetro y tienen salarios desde un millón 369 mil 422 pesos anuales hasta 4 millones 354 mil 208 pesos anuales. Aquí hay consejeros quienes consideran que el Consejo General no tiene facultades para disminuir el sueldo de los consejeros y directores.
En la Cámara de Diputados hay 118 empleados quienes ganan más del millón 269 mil pesos que ganará López Obrador. La Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la cámara baja tiene 15 empleados cuyos salarios anuales netos van de un millón 879 mil 536 pesos a 3 millones 471 mil 766 pesos. La CNDH tiene 144 trabajadores con altos rangos salariales entre un millón 402 mil 832 pesos y 3 millones 467 mil 674 pesos. En el Inegi hay 120 con salarios de un millón 439 mil 421pesos a 3 millones 403 mil 22 pesos; la Cofece tiene a 91 con salarios netos anuales de un millón 402 mil 748 pesos a 3 millones 378 mil 135 pesos; el INEE tiene a 118 con salarios de un millón 624 mil 629 pesos hasta 3 millones 381 mil 371 pesos; el IFT tiene otros 90 con salarios de un millón 496 mil 934 pesos a 3 millones 340 mil 687 pesos. Y en el Banco de México, 16 ganan desde un millón 546 mil 248 pesos hasta 2 millones 874 mil 324 pesos.
Lo anterior contrasta con los salarios del resto de la población. Además, al cerrar este sexenio de Enrique Peña Nieto, se registró un desplome de 38.7 por ciento en el número de empleos en los que se pagan más de cinco salarios mínimos, es decir, arriba de los 13 mil 254 pesos mensuales. Hasta septiembre de este año, 2 millones 405 mil 725 mexicanos recibían tal percepción, de acuerdo a datos del Inegi. Pero a finales de 2012, los trabajadores que ganaban más de cinco minisalarios eran 3 millones 923 mil 724. En 2012 de cada centenar de trabajadores 13 millones ganaban hasta un salario mínimo, pero en este año ya son 16; quienes perciben de uno y hasta dos minisalarios pasaron de 23 a 28; los de dos a tres minisalarios bajaron de 22 a 18 y los de tres a cinco salarios mínimos se redujeron de 15 a 13. Además, hay un alto porcentaje de personas que no perciben ingresos o no los declaran.
PESOS Y CONTRAPESOS
Ante el poder económico, el cual ha demostrado su enorme influencia en la marcha de la economía de México, el Congreso de la Unión no debe mantenerse en la inacción “para no molestar a los grupos económicos“ ni perturbar su acumulación de riqueza, afirmó Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado. “Tendríamos que estar callados totalmente para que no se molesten y para que no influya en sus ganancias ningún acto de autoridad o propuesta que hagamos”, señaló el legislador zacatecano al rechazar que las iniciativas presentadas por su bancada y la reciente del PT que propone eliminar las Afore hayan provocado la caída de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Tras los acontecimientos de los meses recientes, es evidente que la sociedad mexicana requiere de la efectividad de los contrapesos en el Congreso de la Unión (Senado y Cámara de Diputados), donde los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia (Morna-PT-PES y su nuevo aliado PVEM) tienen mayoría. Desde 1997 es la primera vez que un partido de coalición tiene mayoría absoluta en ambas cámaras y también, en 24 años, que un presidente de México cuenta con la totalidad del Poder Legislativo”. De ahí la necesidad de los contrapesos para evitar tentaciones autoritarias de las mayorías y garantizar la pluralidad de las voces en representación.
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ya garantizó no dará “línea” al Poder Legislativo, pero si trabajará de manera coordinada con los senadores y diputados de Morena. “No voy a encabezar el poder de los poderes, yo voy a representar al Estado mexicano, y voy a ser representante del Poder Ejecutivo. Voy a ser muy respetuoso del Poder Legislativo y del Poder Judicial”. AMLO subrayó: “Va a haber división y equilibrio de poderes, no vamos nosotros a dar línea a los poderes autónomos, los poderes independientes, pero si va a haber mucha colaboración, porque hay mucha identificación, venimos de un movimiento que tiene como propósito acabar con la corrupción, el que haya austeridad, y sobre todo, que el fin último sea conseguir la justicia, el bienestar, la felicidad de nuestro pueblo”.
Para evitar la dictadura, el absolutismo de un jefe de Estado, o de su grupo en el poder, el sistema democrático mexicano requiere del equilibrio de poderes, es decir, de contrapesos. Eso se logra separando al gobernante de quienes hacen las leyes, y a ambos de quienes juzgan su aplicación. Así tenemos un titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, que gobierna por mandato de sus electores; un Poder Legislativo, electo también, que hace leyes, y el cual eventualmente puede aprobar o no ciertas decisiones ejecutivas; y, por último, un Poder Judicial encargado de vigilar y dictar sentencia sobre la posible violación a la estructura legal vigente. Del Congreso de la Unión depende se aprueben las propuestas de AMLO de presupuestos de ingresos y egresos y se logre cambiar muchas de las leyes, entre éstas las reformas aprobadas por la anterior legislatura federal.
DE LOS PASILLOS
El senador Emilio Álvarez Icaza, la diputada independiente Lucía Rojas, y Alfredo Figueroa, coordinador del organismo civil Iniciativa Ahora, presentaron cuatro denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) en las cuales piden indagar a Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes. Las denuncias refieren la entrega de supuestos sobornos y actos de corrupción de Aleática, antes OHL-México, tanto a nivel nacional como internacional, incluido el presunto financiamiento de la compañía a la campaña del Alfredo del Mazo a la Gubernatura del Estado de México.
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