• Las reformas, después de la elecciones…
• Incongruencia del PRI: Barbosa Huerta
Impuesto al Valor Agregado a medicinas y alimentos que consumen las mayorías de los trabajadores, y la apertura del sector energético a la inversión privada, nacional y extranjera, están ya en la mesa de un agrio debate público.
La administración del presidente Enrique Peña Nieto tiene previsto presentar al Congreso las iniciativas de reformas en el segundo semestre del año, una vez que haya trascurrido el proceso electoral de julio en 14 estados, que el PRI apuesta a arrasar.
Peña Nieto está decidido a que el Congreso apruebe una reforma hacendaria “integral”, para obtener los recursos que requiere su programa de gobierno, e inclusive logró el pasado fin de semana sacramentar la eliminación, en los documentos básicos del PRI, de los candados que tenía para no discutir el IVA a medicinas y alimentos.
Sólo esa acción levantó una ola de protestas en los sectores de la oposición de izquierda (el PAN no ha dicho esta boca es mía) y con mayor fuerza desde el Movimiento de Regeneración Nacional, que no es nada despreciable por la cantidad de militantes que agremia y por la fuerza que aún demuestra el ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.
Inclusive, al interior del PRI hubo ya voces opositoras a la implantación del impuesto indirecto a productos indispensables para la clase trabajadora. El senador Isaías González Cuevas, dirigente de la CROC (Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos), uno de los apoyos del triunfo priísta en las elecciones de julio, consideró como una medida inadecuada aplicar IVA a alimentos y medicinas”. Primero, matizó el líder priísta, hay que acabar con los privilegios, porque sin estos el erario tendría más dinero. Son 750 mil millones de pesos que dejan de pagar muchas grandes corporaciones empresariales.
Los estrategas del presidente – el senador David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía, ofreció conferencia de prensa ayer – están repitiendo las razones para abrir Pemex, con el argumento de que no hay recursos presupuestales suficientes para inyectarle a la empresa los recursos que requiere para su modernización. Hablan de entre 80 mil millones y 100 mil millones de pesos cada año.
Matizan los priístas su apuesta a la privatización alegando que por ley el Estado mexicano conservaría la propiedad de los activos de la empresa y continuaría siendo rector de la política energética.
El grupo parlamentario del PRD, obviamente, desconfía de que nuevamente se proponga una segunda reforma energética – la anterior fue hecha en el 2008, con base en “incrementar el porcentaje por barril extraído”, o buscar las alianzas estratégicas, en lugar de distribuir mejor el presupuesto, y plantear el cambio del régimen fiscal de Pemex (de 100 pesos que la empresa gana, 70 se los lleva Hacienda), así como eliminar los precios de transferencia y darle autonomía de gestión.
El régimen fiscal actual en Pemex, de acuerdo con el PRD, ha desdibujado por completo su objeto de abastecedor de energéticos, y ha puesto por encima a la Secretaría de Hacienda para ajustar las finanzas públicas del país.
El líder de perredista en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, fue duro: “La posición del PRI, de no abrir la discusión para aumentar el IVA en medicinas y alimentos, y de la apertura de la inversión privada en el sector energético formaba parte del programa, la estrategia y la plataforma electoral de ese partido, con la cual hicieron campañas y se presentaron frente a la ciudadanía como alternativa electoral. La modificación resuelta el fin de semana es una deslealtad a quienes votaron por ellos.”
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