Francisco Gómez Maza
• La Corte es parte de cuotas políticas partidistas
• Juan Luis González, jurista con perfil para la SCJN
Francisco Gómez Maza
Hay que dignificar a los Poderes de la Unión. El Presidente debe actuar apegado a la nueva realidad democrática del país y no como un caudillo o un cacique. El Legislativo debe comportarse con honorabilidad, no como una caterva de fanáticos al servicio del Ejecutivo. El Judicial debe corresponder a la justicia y actuar a raja tabla contra la impunidad.
Es así que, ante el inminente nombramiento de dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia, es necesario discutir lo que se quiere y lo que no se quiere de la Corte, a partir de lo que exige el diseño constitucional mexicano y, de manera muy relevante, del contexto socio-económico actual.
La investigadora Sandra Serrano, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso México), en el reciente número de la revista Nexos plantea que las atribuciones de la Corte la delinean como un tribunal que sea capaz de asegurar la realización de los objetivos constitucionales, y no sólo un órgano de legalidad. Esto significa que se trata del último garante de la eficacia de las normas constitucionales. En otras palabras, a la Corte le corresponde asegurar que todas las autoridades hagan su trabajo para hacer realidad las promesas constitucionales.
Es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe romper con la partidización. Lamentablemente, la SCJN es parte de la partidocracia.
Los ministros representan intereses partidistas determinados. Es más, el que los políticos cuenten con ministras y ministros apartidistas les asegura la posibilidad misma del juego democrático y de los intereses que representan.
Porque la Corte importa, importa que su integración sea diversa. De entrada, las candidatas y candidatos deben ser y parecer independientes, imparciales y ser autoridad en alguno o algunos de los ejes constitucionales.
Se requieren ministros que le den diversidad a la Corte actual. Que provengan del ámbito del litigio, la academia o las organizaciones sociales, para abrir la discusión de los temas constitucionales fundamentales, más allá del propio poder judicial. En el contexto actual, importa también que en la Corte participen quienes impulsan la protección de los derechos (de origen nacional e internacional) y que logren poner a esos derechos en el centro de las discusiones sociales, económicas y políticas por venir.
El doctor Juan Luis González es un reconocido jurista con formación de licenciatura y doctorado en la UNAM, que cuenta con diversos cursos de especialización y maestría de distintas universidades como la de Barcelona y Harvard. Su trayectoria profesional es intachable.
Juan Luis González cuenta con conocimiento de la vida judicial y con entereza ha resuelto casos en donde no ha estado ajeno de la controversia. En el asunto del exministro Góngora Pimentel usó los criterios de la Corte y una jueza de distrito confirmó el ajuste que realizó por haber diversos deudores alimenticios. (Más allá de lo discutible del caso penal que Góngora emprendió y que en nada tuvo conocimiento Alcántara) usar el criterio y aplicar la ley ha sido su premisa. Mezclar y sacar de contexto asuntos que no conoció son medidas de descalificación que sólo confirman su autonomía e independencia al juzgar.
El doctor Juan Luis González ha buscado armonizar su vida académica con su ejercicio profesional y fue, con base en esta visión integradora, que en su paso por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia no sólo se impulsaron proyectos editoriales para divulgar autores clásicos y contemporáneos del ámbito nacional e internacional, o cursos de formación continua y estudios de posgrado, sino también otros que tuvieron especial importancia en el foro jurídico, tales como: el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, que se creó en septiembre de 2000, y que a la fecha se ha convertido en un mecanismo fundamental para lograr un restablecimiento de las relaciones paterno filiales en las controversias del orden familiar, y un referente para otros tribunales, o bien el Centro de Justicia Alternativa, que se vislumbró como un mecanismo ineludible para impulsar la mediación, la conciliación y el arbitraje como métodos de despresurización de la justicia contenciosa, o la creación de una Dirección de Derechos Humanos que, en su momento, se constituyó como una de las primeras en un Tribunal Superior, destinada a sensibilizar a los operadores judiciales e impulsar una gestión judicial moderna, progresista e incluyente.
La trayectoria y perfil del doctor Juan Luis González son aspectos que no deben soslayarse si en algo queremos que se muestre un cambio verdadero en esta nueva conformación del Senado. Es la persona que puede hacer que concurran los votos de la mayoría y de la oposición con datos y argumentos para su designación.
Por otro lado, no cabe duda que las manos turbias están más que listas para entrar en la designación del Ministro faltante de la Corte. De la terna enviada dos mujeres son militantes confesas de Morena y el tercero, que se ha mantenido apartidista, cosa que le estorba a Ricardo Monreal, quien quiere que se aborte esta terna para que en la próxima que se envíe vengan su consentida Loreta Ortiz con la esposa del asesor de AMLO, José María Riobóo, Jazmín Esquivel y, si esa propuesta también se cae, entonces AMLO podrá designar directamente a la esposa de su cercano asesor. No cabe duda que la oposición tendrá un papel determinante para que la primera terna se logre, apostando al perfil más que a cuotas anacrónicas de género ,cuando lo que menos necesita la Suprema Corte son mujeres pro Morena.
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