Francisco Gómez Maza
• Y la violencia de la delincuencia no amaina
• Se requiere eficiencia y calidad en las policías
Monumentales son los retos que afronta el gobierno federal en todos los terrenos, económico, social, político, pero el asunto de la seguridad pública y el empoderamiento de la delincuencia organizada son fundamentales, retos gravísimos, aparentemente insalvables, en los cuales el nuevo gobierno tiene que enfocar sus acciones. La violencia criminal no ha disminuido en los 32 días que lleva la administración de López Obrador y ya es tiempo de que el nuevo gobierno empiece a dar resultados tangibles. Es decir, pasar de las declaraciones a los hechos muy concretos, a resultados alentadores.
No hay que olvidar que la reciente campaña electoral ha sido la más violenta en la historia moderna de México, con el asesinato de políticos y candidatos a puestos de elección popular. Y la violencia continúa. Este martes de informó del asesinato de un edil morenista en el estado de Oaxaca.
Se presume, presume el presidente, que el robo de combustibles, por ejemplo, amainó a partir de la decisión de militarizar la protección de las instalaciones petroleras. Sin embargo, como lo aseguran expertos del Fondo Monetario Internacional, acabar con el robo de combustible – el delito de moda – no será tarea sencilla, aunque no es imposible si se logra reforzar la eficiencia y la calidad de las instituciones policiales y judiciales.
El economista principal del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Christian Saborowski, a propósito del gráfico de la semana, titulado “La escalada de la delincuencia en México perjudica la economía”, señaló que esos dos componentes serán fundamentales para cualquier programa de políticas orientadas a reforzar la seguridad.
Tomando como ejemplo el robo de combustible, la lucha contra la delincuencia deberá ser prioridad política en el país, pero con eficiencia y calidad de las fuerzas de seguridad.
El robo de combustible le cuesta a Petróleos Mexicanos mil 600 millones de dólares al año, casi 0.14% del Producto Interno Bruto. Y esta cifra contrasta con la información revelada por Andrés Manuel López Obrador, que ubicó las pérdidas en el doble del dato referido por el FMI. Pemex registró que el número de conexiones ilegales en sus oleoductos aumentó 50% en 2017 respecto al año previo, y es 15 veces mayor que en 2010.
“Estas observaciones ponen de manifiesto los enormes costos humanos y económicos provocados por la delincuencia, que siguen impidiendo el avance de México hacia los objetivos de mejores niveles de vida y niveles más bajos de pobreza y desigualdad”, de acuerdo con el funcionario del organismo financiero mundial.
Además, la magnitud de los costos por la inseguridad pública en México es una más entre muchas otras razones por las cuales la lucha contra la delincuencia ha de ser una prioridad política. Formular políticas para reducir la delincuencia y aplicarlas de forma eficaz no es una tarea sencilla, pero tampoco imposible si se refuerza la eficiencia y la calidad de las instituciones policiales y judiciales.
Los costos humanos y económicos del crimen en México han alcanzado máximos históricos. 2017 fue el año más violento registrado, con más de 25 mil homicidios, un aumento de 50% desde 2015. Y además de vidas humanas, se pierden oportunidades de negocio. Los economistas suelen distinguir entre los costos directos e indirectos relacionados con la delincuencia. Las encuestas muestran que muchas empresas del país sienten que no les queda más alternativa que cancelar sus planes de crecimiento y rutas. Esto cobra relevancia en un país en el cual la actividad económica de las microempresas representa más de 95% de las compañías con máximo de 10 empleados, como panaderías familiares, que están en situación más vulnerable.
A esto se suma que, para los hogares y las empresas, los costos directos de la delincuencia, como las medidas preventivas y las pérdidas sufridas, aumentaron a un pasmoso 2.5% del PIB en 2017.
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