CIUDAD DE MÉXICO, 11 de enero (AlmomentoMX).- Se calcula que hay extracción ilegal de
petrolíferos en 25 estados del país con un total de 12 mil 581 tomas
clandestinas. Sin embargo, se tiene documentado que de todo el robo de
combustible, sólo 20 por ciento corresponde a ordeña de ductos por parte de
bandas y grupos criminales, mientras que el 80 por ciento se opera con la
complicidad de empleados de Petróleos Mexicanos mediante redes de distribución
y comercialización perfectamente estructuradas.
De acuerdo con Opinión de México, el primer robo de
combustible se detectó hace 19 años luego de localizar 15 tomas clandestinas en
la red de ductos de Pemex. A partir de esa fecha, el problema ha crecido
exponencialmente, a tal grado que en el 2016 se identificaron y clausuraron
seis mil 873 ordeñas ilegales en diferentes estados del país.
En la sustracción clandestina de hidrocarburos también han
incursionado los cárteles de las drogas. Hasta hace tres años, los cárteles
eran los responsables del 95 por ciento de las tomas clandestinas detectadas en
todo el país, con el cártel de Sinaloa en primer lugar, seguido del Cartel
Jalisco Nueva Generación.
El restante cinco por ciento, según una investigación de la
consultora Etellekt, está en manos de “huachicoleros”, bandas de menor tamaño
que por lo general viven en las comunidades cercanas a los ductos.
La consultora estima que Los Zetas obtienen alrededor de
siete mil millones de pesos al año por el robo de combustible, con lo que esta
se volvió su principal actividad económica, pues sus rutas para el tráfico de
drogas se han ido acotando, a lo que se suma la desarticulación de varias de
sus células dedicadas al secuestro, extorsión y cobro de derecho de piso.
En un principio, Los Zetas hurtaban el combustible para el
autoconsumo, sin embargo, al poco tiempo comenzaron a comercializarlo en los
poblados de difícil acceso carretero.
El Cártel Jalisco Nueva Generación, la segunda organización
con presencia en este ilícito, obtiene ganancias que rondan los cuatro mil
millones de pesos anuales.
Si bien el robo de combustible es un delito que se comete a
nivel nacional, existen estados en donde tiene mayor presencia.
Cifras de Petróleos Mexicanos señalan que en 2017 fueron
detectadas 10 mil 363 tomas clandestinas en los ductos y hasta octubre de 2018
se tenía reporte de la existencia de 12 mil 581.
Uno de los estados donde se realiza en mayor medida el robo
de combustible es Guanajuato, principalmente en la ciudad de Irapuato y los
municipios que circundan a la refinería de Salamanca, la cual abastece al
occidente del país.
Guanajuato es una plaza disputada desde 2015 por dos
cárteles: Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación, según informes de la
DEA, Agencia Antidrogas de Estados Unidos.
La guerra sangrienta no solo es por el tráfico de drogas,
sino por el control de los municipios aledaños a la refinería de Salamanca, un
punto estratégico para Pemex.
Sin embargo, los enfrentamientos más
violentos entre militares y huachicoleros se han dado en Puebla, donde decenas
de personas han muerto y civiles ajenos al conflicto han resultado víctimas de
agresiones. Esta problemática se acentúa en los municipios de Acajete,
Acatzingo y Tepeaca, entre otros.
En Palmar de Bravo, por ejemplo, el mismo alcalde Pablo
Morales Ugalde fue aprehendido en julio de 2017 por elementos de la Policía
Federal, debido a la posible comisión del delito de operaciones con recursos de
procedencia ilícita, ya que es propietario de cuatro gasolineras que venden
hidrocarburo de dudosa procedencia. Quedó en libertad en octubre pasado.
HUACHICOLEROS EN TODA LA RED DE DUCTOS
El elevado nivel de urbanización de la Ciudad de México
podría hacer pensar que el “huachicoleo” es inexistente en la gran urbe, pero
la realidad es que la venta de combustible robado se oferta a través de las
redes sociales, mediante las cuales se acuerda un punto de encuentro en las
carreteras que conectan a la capital del país para llevar a cabo la
transacción.
La sustracción, almacenamiento y comercialización ilegal de
combustibles es uno de los negocios que mayores ingresos económicos dejan en la
actualidad a los grupos del crimen organizado y también una de las actividades
ilícitas que más arraigo ha encontrado en la sociedad.
Las recurrentes alzas en los precios de los combustibles,
han orillado a que la población en cierta forma tolere este tipo de delitos al
encontrar un beneficio particular.
La presencia de los huachicoleros en el país es tan extensa,
o incluso más, como los 17 mil kilómetros que comprende la red de ductos de
Pemex, pues prácticamente en todos los estados por donde atraviesa este
complejo sistema de tuberías que se utiliza para el traslado de combustible,
hay evidencia de sustracción clandestina de petrolíferos.
Pemex cuenta con un mapa actualizado de todas las tomas
clandestinas que ha encontrado a lo largo y ancho del país. Las cifras son
alarmantes y dejan ver ciertas zonas mucho más complicadas del robo de
gasolinas que otras.
Hasta este momento, Puebla es el estado número uno en
materia de huachicoleo, con mil 318 tomas ilegales localizadas. Después,
Hidalgo y Guanajuato reportan el mayor número de tomas ilegales, con mil 55 y
mil 16 ductos saqueados, respectivamente.
Prácticamente en todos los estados del país se ha dado el
robo de combustible.
Hay presencia huachicolera en 25 estados. Son tan solo 7 los
lugares en donde Pemex no ha encontrado, hasta el momento, saqueos o succiones
a sus ductos y esos estados son Nayarit, Baja California Sur, Campeche, Colima,
Quintana Roo, Guerrero y Zacatecas.
Con esto, se han generado reportes precisos de la actividad
criminal a sus ductos, pero con una estrategia de seguridad muy precaria para
detener el avance de las mafias huachicoleras.
En estados como Puebla se han descubierto nexos de políticos
y empresarios con líderes huachicoleros. Cuando este tipo de actividades
ilícitas llegan hasta los gobiernos estatales, es bastante difícil detenerlas.
En la actualidad, México figura a nivel internacional como
uno de los países en donde más se roba derivados del petróleo.
Aunado a la violencia derivada de la guerra contra el
narcotráfico, los feminicidios, la corrupción y la inseguridad, México parece
ser el país que más rápido ha tolerado la creación y expansión de la
delincuencia organizada.
En 2017 el robo de combustible significó una pérdida para
Pemex de alrededor de 60 mil millones de pesos. Ese año se robaron diariamente
más de 600 pipas de 15 mil litros cada una y en 2018, una cantidad similar.
Este hurto representa una pérdida de 200 millones de pesos
diarios de extracciones ilegales, alrededor de cinco mil millones de pesos mensuales,
cantidad que pierde Petróleos Mexicanos por el “huachicoleo”.
Informes de la Dirección General de Pemex señalan que tan
solo en noviembre de 2018 el robo de combustibles alcanzó hasta dos millones
448 mil barriles.
El negocio de los “huachicoleros” no sólo se limita a la
sustracción
ilegal de gasolina. En Puebla, como en ningún otro estado,
el robo incluye combustóleo, crudo, petróleo y hasta gas.
En 10 años, se estima que se han robado 31 mil litros de
combustóleo, un aceite derivado de la destilación del petróleo crudo, que es el
combustible líquido más utilizado para la generación de electricidad.
En la pasada década también se robaron 189 mil 692 litros de
crudo (mil 200 barriles), 30 mil litros de petróleo (189 barriles), cinco mil
700 litros de gas (5.7 metros cúbicos) y 277 mil 563 litros de otros
hidrocarburos.
Según datos de Pemex, de 2016 al 2018, las pérdidas por robo
de combustible ascendieron a 147 mil 200 millones de pesos, siendo el año
pasado el de mayores pérdidas, con 66 mil 300 millones de pesos.
PLAN DE AMLO PROVOCA DESABASTO
Los grandes volúmenes de “huachicol” (80 por ciento) son
manejados por empleados y autoridades de Petróleos Mexicanos en complicidad con
particulares, mientras que los integrantes de cárteles de las drogas y bandas
menores de delincuentes solo operan el 20 por ciento restante.
Ante esta situación, el gobierno federal echó a andar dentro
y fuera de las instalaciones de Pemex, un plan de combate al “huachicoleo” para
contrarrestar esta práctica donde la corrupción al más alto nivel juega un
importante papel.
La orden presidencial de cerrar las válvulas de los ductos
de Pemex y transportar en pipas los combustibles (se requieren cinco mil 500
pipas al día para transportar 200 millones de litros de petrolíferos) ha tenido
un costo muy alto para la población al ocasionar desabasto en 10 entidades,
incluida la Ciudad de México.
Hasta el momento, en el Estado de México 130 gasolineras
están cerradas; en Michoacán 320; en Jalisco 581 estaciones de servicio; en
Guanajuato 520; en Querétaro 90; y en la Ciudad de México 103. En total 270
municipios y alcaldías de la Ciudad de México se encuentran afectadas por el
desabasto de combustible.
Igualmente en Hidalgo, Nuevo León, Puebla y Aguascalientes,
centenares de estaciones de servicios reportaron falta de algún tipo de
hidrocarburo.
Como parte del plan contra el robo de combustibles, el
Ejército y la Marina tienen el control de la seguridad en las refinerías de
Salamanca, Guanajuato; Ciudad Madero, Tamaulipas; Minatitlán, Veracruz; Tula,
Hidalgo; Salina Cruz, Oaxaca; Cadereyta, Nuevo León, así como de terminales de
abastecimiento y distribución de Pemex.
Un total de cuatro mil 900 militares y marinos permanecerán
durante un mes a cargo de la seguridad interior y exterior de las instalaciones
estratégicas de Petróleos Mexicanos.
Después de ese lapso, la Defensa
Nacional, Marina, la Secretaría de Seguridad y Pemex determinarán si las
fuerzas armadas continúan en la refinería o hay un relevo de otra dependencia.
En opinión de expertos, transportar por vía terrestre los
petrolíferos disparará los precios de gasolina, diésel y turbosina, generará
mayor tráfico vehicular e inseguridad en las carreteras y conllevará un efecto
inflacionario en cascada, daños colaterales que ignoró el presidente López
Obrador al poner en marcha el plan contra el “huachicoleo”.
Otro hecho que causó molestia entre la población es el
referente a que la empresa contratada para el transporte de petrolíferos está
ligada al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espríu.
Se trata de Excellence, empresa que ha ganado
conservadoramente siete mil millones de pesos por el traslado de gasolina en
pipas y autotanques desde los centros de almacenamiento y puntos de
distribución a las gasolineras.
La empresa pertenece al Grupo IDESA y una de las accionistas
es Elisa Margarita Gutiérrez, esposa del secretario Jiménez Espríu.
La ciudadanía espera que el caos generado por el desabasto
de gasolina no sea en vano, y el presidente López Obrador lleve a la cárcel a
funcionarios de alto nivel, servidores públicos y dirigentes sindicales
responsables del saqueo colosal de que ha sido objeto Petróleos Mexicanos
AM.MX/fm
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