La jugada les pareció magistral y con garantía de impunidad: se trataba de asestar un golpe multimillonario en el fin de fiesta de la administración de Luis María Aguilar Morales como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En el último minuto de la gestión de Aguilar y en medio de fuertes señalamientos de corrupción en el Poder Judicial federal, el CJF licitó de manera dolosa un contrato de dos mil 400 millones de pesos a favor de la estadounidense Cisco, quien no cumple con los mínimos de calidad técnica exigida por la Ley de Adquisiciones.
A los consejeros del CJF poco les importó estar en el ojo del huracán. Dieron el golpe mortal contra México: obsequiaron el contrato multimillonario de tecnología telefónica e internet a Cisco, pero a través de empresas filiales de Telmex. Todo un entramado de corrupción.
Los muy listos consejeros y sus testaferros pretendían dilapidar esa fortuna a través de una amañada licitación 024/2018, instrumento a modo para la adquisición de tecnología chatarra. La prioridad era realizar el multimillonario negocio sin importar el daño causado a la segunda red tecnológica más importante del país.
Dicha cantidad de recursos económicos que pretendieron ejercer de manera ilícita es casi similar a todo el ahorro anunciado por el Poder Judicial para 2019 de tres mil millones de pesos, conforme a la política de austeridad del Presidente de la República.
En un solo golpe, el grupo de Aguilar pretendía despacharse con el multimillonario contrato.
Pero fueron frenados por el nuevo presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Arturo Zaldívar Lelo de Larrea quien pidió realizar una investigación a fondo, misma que está en curso.
Todo indica que se le cayó el teatro al grupo del ministro Aguilar Morales y muy probablemente rodarán cabezas.
No sólo es un tema de corrupción y “moches” gigantescos
Los responsables que operaron la acción dolosa contra el interés de México son Felipe de Jesús Hernández Medina, de la Dirección General de Tecnologías de la Información del CJF, y Juan Manuel Castañedo Gallardo, de la Dirección de Recursos Materiales.
Ellos fueron el cerebro manufacturero del anexo técnico que desembocó siempre a favor de la estadounidense Cisco quien no tiene representación en México ni cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y que frenó a la mala a los demás competidores que ofrecían mucho mejores condiciones tecnológicas.
Lo más grave es que no se trata sólo de un tema de corrupción y “moches” gigantescos sino de un tema estricto de seguridad nacional, pues quien maneje la red virtud judicial tendrá acceso a todos los juicios federales.
De ahí el desmedido interés de la empresa estadounidense y del grupo Carso, las cuales se asociaron y se movieron con todo para tener el contrato técnico, pero sobre todo tener el acceso al importante plus político de la información judicial.
Quizá por eso a los funcionarios que terminaban su gestión en el CJF no les intimidó el malestar de millones de mexicanos frente a los excesos de los servidores públicos mejor pagados del mundo y en el último minuto de la administración de Aguilar Morales “se tiraron a matar”.
Tecnología de Cisco, desfasada. Precios altísimos por sus licencias
El muy probable ilícito consiste en contratar servicios administrados multianuales telefónicos de la Red Privada Virtual del CJF y ejercer de inicio, con la simulación de licitación, 70 millones de dólares, y comprometer el doble de inversión a los cuatro siguientes, lo que suma un total de 2 mil 400 millones de pesos.
Los medios de comunicación denunciaron el ilícito en agosto pasado y el CJF frenó la licitación que siempre estuvo diseñada para que un solo proveedor pudiera acceder al contrato. Es decir, siempre hubo “dados cargados” a favor de Cisco.
Sin embargo, en noviembre y diciembre, últimos dos meses de la administración de Aguilar, se llevó a cabo la temeraria licitación en los mismos términos dolosos e ilegales que violentan la Ley de Adquisiciones.
Cisco vende tecnología desfasada y obliga a pagar precios altísimos por licencias obsoletas e innecesarias en la nueva era de las plataformas abiertas.
En esa burda maquinación, el CJF solicitó una solución SD-WAN para la creación automática de túneles IP-SEC, lo cual es innecesario. Esa tecnología ya es obsoleta.
Diversas dependencias, como el IMSS, el ISSSTE o la SHCP usan componentes que ya no requieren de esos excesos técnicos amañados que pretende imponer el CJF para favorecer sus corruptos intereses.
Slim, dueño de la información judicial. Zaldívar: a revisar el contrato
Hubo múltiples y fuertes quejas de los demás participantes. Al CJF nada le importó. Ya se iban. Tres días duró la sesión de preguntas y respuestas técnicas que fueron más de 600.
El CJF no movió un dedo de su amañado guión y tras fuertes presiones accedió a realizar cambios exclusivamente para abrirle la puerta a las filiales de Telmex cuando ya tenían un acuerdo amarrado con Cisco.
El órgano interno de control del CJF, como siempre, fue un simple convidado de piedra y por omisión se convirtió en cómplice del probable ilícito.
El 28 de diciembre pasado, estando el Poder Judicial de vacaciones, se dio el veredicto del CJF que favoreció a Uninet SA de CV, Consorcio Red SA de CV y Scitum SA de CV, todas ellas filiales del Telmex. Ésta amarró con toda la fuerza su sociedad con Cisco.
Fue todo un entramado para comprar basura tecnológica a precio de oro, pero sobre todo para tener acceso a la información judicial federal de incalculable valor.
Sin embargo, al nuevo presidente del CJF, Arturo Zaldívar parece que no le tembló el pulso y en vez de convertirse en cómplice de un monumental atraco a México, optó por mandar a revisar los términos del doloso y multimillonario contrato, con lo cual más de uno comenzó a temblar.
El CJF tiene sus propias leyes Es un enorme paraíso de privilegios
Y es que de los diversos frentes de resistencia al cambio a que obliga el mandato popular del uno de julio de 2018, hay uno paradigmático: el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cerebro y espina dorsal del Poder Judicial.
Se trata de un coto de poder VIP y cúpula dorada de la burocracia nacional. El CJF tiene sus propias leyes que son los simples acuerdos de sus siete consejeros. Es todo un paraíso de privilegios sin límite y de impunidad.
En ese territorio dorado, sus integrantes colocados en la punta de la pirámide del Poder Judicial se resisten a atemperar sus privilegios.
Nada quieren saber de una política de honestidad, austeridad y racionalidad que fue el mandato en las urnas de más de 30 millones de mexicanos.
El CJF ejerce dinero público, pero adicionalmente sus élites generan desde siempre y para beneficio propio ingresos extraordinarios vía cochupos y moches de escándalo, mismos que son un auténtico asalto a la nación.
Con la llegada del nuevo presidente de la Corte y del CJF parece que las cosas empezarán a cambiar por esos lares.
Y es que la danza de millones en servicios como la telefonía, pero en casi todas las que realiza el CJF, como los edificios y el mantenimiento está la mano de un personaje externo y misterioso que forma parte de un poderoso grupo empresarial que actúa en la sombra: Roberto García, mejor conocido como “El maestro”.
“El maestro” García, era, según sus propio dicho “los ojos y oídos” del ministro Luis María Aguilar Morales. ¿Habrá llegado a su fin ese reinado?
Arturo Zaldívar y su grupo tienen la palabra.
