Por Aurelio Contreras Moreno
La corrupción, junto con la impunidad, ha sido el principal cáncer de México. El que nos ha impedido crecer como país y que derruyó la confianza en las principales instituciones, incluida la de la Presidencia de la República.
Las escandalosas y descaradas prácticas inmundas de gobiernos como los que encabezaron Javier Duarte de Ochoa en Veracruz y el propio Enrique Peña Nieto a nivel federal provocaron, entre otras cosas, el estallido de indignación social que en las elecciones de 2018 sepultó al régimen priista y dio paso al de la llamada “cuarta transformación”, que basó su discurso precisamente en el combate a este sino que ha causado fatalidad en nuestro país.
Y los números están ahí. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 (IPC2018) que elabora Transparencia Internacional, el año pasado México se ubicó en la posición 138 de 180 a nivel global, manteniendo una tendencia a la baja al caer tres lugares respecto de su posición anterior.
Según este reporte, en una escala de 0 a 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción, México obtuvo apenas 28 puntos, lo que coloca a nuestro país en el último lugar de los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), por debajo de países europeos pobres y con conflictos sociales como Hungría y Grecia, y muy lejos de naciones latinoamericanas como Chile y Argentina. Solamente supera a Guatemala y Nicaragua, siendo que este último se encuentra al borde de una guerra civil.
El análisis elaborado por Transparencia Mexicana establece que las medidas adoptadas en la “política anticorrupción” en México han resultado en su mayoría ineficaces, y solo un pequeño número tienen como resultado la aplicación de sanciones, la recuperación de activos robados o la reparación del daño a las víctimas.
“En prácticamente ningún caso, México ha logrado desmantelar las redes de corrupción detectadas, ni las redes que les han brindado protección política. Las medidas preventivas tomadas hasta ahora pierden efectividad cuando quienes participan en las redes de corrupción saben bien que no serán sentenciados y que podrán mantener los recursos desviados del erario público”, señaló Eduardo Bohórquez, director de la oficina en México de Transparencia Internacional.
Asimismo, se destaca el hecho de que entre 2013 y 2016 solamente 2.9 por ciento de las acciones penales en México terminaron en una condena, mientras que, en contraparte, a tres años de su creación, el Sistema Nacional Anticorrupción no es funcional, pues no han sido nombrados los titulares de la fiscalías especiales anticorrupción, de delitos electorales y de derechos humanos, ni los jueces anticorrupción en materia administrativa a nivel federal. A nivel estatal, es una vergüenza lo que sucede.
“México carece de una política anticorrupción integral para todos los niveles y poderes de gobierno. Sin una política efectiva en todo el territorio, los escándalos de los que la sociedad mexicana ha sido testigo por décadas seguirán sucediendo, y México se mantendrá en esta lamentable posición, en éste y otros índices internacionales”, sentencia Transparencia Internacional.
Este organismo reconoce que la exigencia social contra la corrupción se expresó en las urnas en la elección de 2018, y destaca que el nuevo Gobierno Federal “ha asumido el compromiso para reducir significativamente los niveles de corrupción y mejorar la ubicación de México en los índices que miden este fenómeno a nivel internacional”.
En ese sentido, previene que “si se busca alcanzar esta meta, la política anticorrupción en México tiene que cambiar. El reto es mayúsculo, pues queda claro que el grueso de las medidas preventivas de la última década ha funcionado de manera parcial y que en materia de detección, investigación, sanción, reparación de daños y recuperación de activos los resultados son prácticamente nulos. México podrá afirmar que está avanzando en el control efectivo de la corrupción cuando inicie el desmantelamiento de las redes de corrupción que han capturado instituciones públicas y cuando regresen a las arcas de la nación los recursos desviados, mediante una política de recuperación de activos”.
Sin embargo, lo que salta a la vista no es un verdadero cambio de prácticas. Mientras el gobierno dice que se combate con todo el robo de combustible, a quienes lo hurtan en flagrancia se les permite hacerlo para no “reprimirlos” y hasta se dispone de recursos públicos para “apoyar” a la población que vive en las zonas con mayor incidencia de este delito.
Y lo peor. Amparado en el discurso que jura que “nosotros no somos corruptos” y “tenemos la conciencia tranquila”, el gobierno de la “cuarta transformación”, a través de Petróleos Mexicanos, asignó contratos por mil 439 millones de dólares para proyectos de perforación terrestre y en aguas someras del Golfo de México, así como para la renta de plataformas, sin licitación de por medio, discrecionalmente.
Misma ruta que se pretende seguir con la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, en Tabasco. Proyecto en el que el gobierno invertirá ocho mil millones de dólares, a pesar de lo cual pretenden que la asignación de los contratos se lleve a cabo a través de una licitación por convocatoria restringida, en lugar de una abierta. Según la secretaria de Energía, Rocío Nahle, dizque para evitar que participen “empresas internacionales que tengan algún antecedente de corrupción”.
La simulación también es corrupción.
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