MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
¿Por qué la terca insistencia presidencial en desaparecer a las estancias infantiles mediante la asfixia financiera? ¿Qué contrarió al presidente López Obrador al grado de haber tomado una decisión que afecta a más de 300 mil infantes, a madres trabajadores, muchas de ellas solteras, además de desmantelar a un programa al que se ha estigmatizado con la corrupción?
Sí, esa es la actitud que ha mostrado públicamente el Presidente, lo mismo en declaraciones en la conferencia mañanera que con ese desdén y molestia con que trató en Badiraguato, Sinaloa, a una mujer que le demandaba atenderla y tratar el tema, porque además iba con otras responsables de estancias infantiles de aquella entidad.
“Ya, ya, ya dije… ya hablé hijita”, respondía molesto Andrés Manuel López Obrador mientras se dejaba arropar por ciudadanos que le pedían la selfie. Y se retrataba con una dama postrada en silla de ruedas, en tanto la mujer que no sale a cuadro en ese video que circula en redes sociales, le insistía:
“Somos de estancias infantiles, queremos que nos escuche”. Pero él la evitaba con ese “ya, ya, ya”, que puede tener la connotación despectiva. Y la señora replicaba a Andrés Manuel: “Queremos respuestas, eso no nos responde nada. Señor, por favor, escúchenos, somos mujeres, eso es violencia de género; escúchenos, por favor”.
El desdén fue la respuesta a esa señora dueña de una estancia y, por ello, pedía pruebas de la corrupción que, desde el Presidente y legisladores de Morena y funcionarios de Morena en la Secretaría de Bienestar han aludido sin que, hasta el momento, se haya fincado una responsabilidad de carácter penal, como requeriría un delito de corrupción que involucre a recursos públicos.
Un ejemplo de esa laxitud con la que simpatizantes y beneficiarios del factor Andrés Manuel López Obrador acusan sin presentar pruebas, es el de Rosalba Valencia Cruz, diputada federal veracruzana por el partido Morena, que la semana pasada ofreció conferencia de prensa en la que acusó severas irregularidades y actos de corrupción en las estancias infantiles, más de 30 mil que hay en Veracruz.
Cuando un colega le pidió pruebas, Valencia Cruz pretendió esquivar el requerimiento pero salió avante cuando acusó a la diputada federal priista Anilú Ingram Vallines, de haber incurrido en actos de corrupción con el programa de estancias infantiles cuando fue delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en Veracruz durante el periodo 2016-2018.
Por supuesto, la diputada Ingram Vallines respondió y fue directamente a la sala de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro para responder al dicho, grave sin duda, de su paisana. La joven legisladora priista rechazó las acusaciones, que incluso involucran a una prima hermana suya, y emplazó a Valencia Cruz a demostrar fehacientemente sus dichos. Quien acusa está obligado a comprobar, puntualizó Anilú.
El hecho es que, hasta hoy la diputada de Morena no ha demostrado nada, ni ha convocado, con la misma prisa que lo hizo la semana pasada en la cresta del escándalo atizado por el presidente López Obrador, a conferencia de prensa para sustentar documentalmente sus acusaciones.
¿Por qué López Obrador evitó llamar por su nombre al Partido del Trabajo como el involucrado en presunto lavado de dinero, más de cien millones de pesos, con los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), caso por el cual se giró orden de aprehensión en contra de Guadalupe Rodríguez, esposa de Alberto Anaya, dirigente nacional petista?
Mire usted, ayer el auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, recordó que, precisamente, en 2017 se detectaron inconsistencias en los programas de estancias infantiles, pero refirió que en éstas incorporadas a la Sedesol (ahora Secretaría de Bienestar) se carece de indicadores y metas para el desarrollo integral de los niños, amén de información suficiente para poder afirmar que cumplieron los objetivos previstos.
Pero no habló de desvíos, de actos de corrupción con los dineros públicos. Dijo que la Sedesol gastó, en promedio anual por niño atendido en las nueve mil 399 estancias infantiles inscritas en el programa de esa institución, 11 mil 500 pesos, es decir 958 pesos mensuales.
Y puntualizó que la Sedesol no acreditó ante la ASF que las estancias cumplieran con los criterios y requisitos de seguridad establecidos en las reglas de operación ni con la calidad establecida para ser afiliadas y capacitación de los responsables de las guarderías en materias como protección civil. Pero nada de desvío de recursos como sí se documentó en el caso de la desviación a cuentas personales, de cien millones de pesos destinados a los Cendis bajo control del PT.
Sin embargo, la decisión presidencial camina rumbo a concretar la desaparición de las estancias infantiles, porque al entregar mil 600 pesos bimestrales, por niño, a los padres o madres de familia para que éstos decidan si llevan a sus hijos a una estancia, no es garantía de sobrevivencia de estos sitios.
Ha trascendido en fuentes de Palacio Nacional que esta decisión sin fundamento legal ni prueba alguna que documente actos de corrupción, obedece a la molestia que causó a Andrés Manuel López Obrador enterarse que la senadora Josefina Vázquez Mota acusó que desde la Presidencia se estaba politizando el caso de las estancias.
Por eso la reacción iracunda del Presidente, por eso la negación a atender a la señora que, en Badiraguato, le demandaba atención, ésta que en tiempos de campaña y en esa actitud populachera le habría brindado con la, por supuesto, acusación de que era responsabilidad de los neoliberales. ¿Por qué se enoja, Presidente? ¿Y las pruebas y los detenidos y consignados? ¿Amor y paz? Digo.
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