Lilia Arellano
“El progreso consiste en el cambio”: Miguel de Unamuno
• Va termoeléctrica de Huexca
• Férrea resistencia de los poblados de Huexca, Hueyapan y Amilcingo
• Critica Morena incorporación de José Antonio Meade al banco HSBC
Ciudad de México, 26 de febrero de 2019.- De acuerdo a los resultados de la consulta que se realizó el fin de semana, el 59.5 por ciento de personas que participaron votó por el “sí” a la construcción de la termoeléctrica de Huexca, en Morelos, mientras que el 40.1 por ciento votó en contra del proyecto. Por eso, la obra, con un costo de 25 mil millones de pesos, se construirá. Sin embargo, el nuevo gobierno federal debe ir con cuidado: el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA), quien lleva diez años en lucha contra este proyecto, rechazó los resultados de la consulta, en la cual participaron más de 55 mil personas.
Además, el ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en retiro, José Ramón Cossío, consideró que la consulta realizada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para apoyar la construcción de una central termoeléctrica en Morelos, no puede sustituir la consulta indígena prevista por la Constitución para aquellos municipios con ese tipo de población. También advirtió que se pueden presentar amparos y controversias constitucionales.
Para Teresa Castellanos, integrante de la dirección colectiva de FPDTA, los resultados mencionados son “ilegales y amañados”, por lo que no tienen validez. También exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador “respetar la decisión de los pueblos”. Castellanos subrayó: “la encuesta fue amañada y manipulada desde el principio. Las comunidades ya dijimos que no y esta consulta no tiene validez”. La activista puntualizó: “creo que los pueblos ya tomamos la decisión. Lo que diga Obrador ya no nos interesa; si los pueblos afectados dijimos “no”, entonces el debe respetar el “no”, así que no hay legalidad en la consulta… No somos el único pueblo, también está Hueyapan, Amilcingo; entonces creo que los pueblos ya tomamos la decisión”.
Organizaciones como el Frente Popular Revolucionario y el Congreso Nacional Indígena, quienes también se opusieron al Nuevo Aeropuerto en Texcoco, así como pobladores y ejidatarios, señalaron que la consulta promovida por López Obrador es una simulación, pues “no se puede votar para decidir si vivimos o morimos, eso sería irresponsable”. Adelantaron que seguirán luchando contra la construcción del PIM.
Los habitantes de Huexca advierten no permitirán la operación de la termoeléctrica, pues sólo les traerá afectaciones a sus tierras y el agua que utilizan para el riego de sus cultivos y consumo. Miguel Ángel Álvarez, vecino del lugar, manifestó que la consulta fue ilegal porque la gente no fue informada y ninguna autoridad llegó para explicar el motivo de la operación de la planta.
Destacó que personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) orientan a los pobladores y toman cartas en el asunto ante su queja por la no aceptación de la operación de la planta termoeléctrica, que además viola sus derechos humanos. Resaltó que la asamblea que llevó a cabo el pueblo de Huexca determinó que su postura es “no a la termoeléctrica, no al gasoducto, no al plan Morelos por todas las afectaciones que nos van a acontecer y toda la comunidad está en desacuerdo con la planta termoeléctrica”. Huexca está en resistencia, subrayó Álvarez, quien reprobó que se consulte a todo el estado, cuando deben ser los municipios afectados: Villa de Ayala, Tetela del Volcán, Hueyapan y Temoac, cuyos habitantes están inconformes por la termoeléctrica.
Desde el 2009 arrancó la lucha contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), cuando éste fue aprobado por las secretarías de Energía (Sener) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En los últimos 10 años, el PIM ha sido suspendido en diversas etapas debido a amparos interpuestos por los habitantes de las tres entidades que se verán afectadas por su edificación: Morelos, Puebla y Tlaxcala. El PIM consiste en la construcción de dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huexca, Morelos; un gasoducto de 150 kilómetros que atravesará Tlaxcala, Puebla y Morelos; y la instalación de una línea eléctrica de 20 kilómetros a la subestación de Yautepec y un acueducto desde Cuautla, con una longitud de 20 kilómetros. Esto implica una inversión de 1,600 millones de dólares.
Aunque el PIM pertenece a la CFE, fue concesionado a tres empresas españolas: Elecnor y Enegas, para la construcción del gasoducto, y Abengoa, para los trabajos y la operación de las termoeléctricas. A pesar de que en la carpeta del Proyecto–publicada en julio de 2011 por la CFE- se destaca la “seguridad” del gasoducto, no se mencionan las medidas de seguridad que se tendrían por su cercanía con el volcán Popocátepetl. En enero de 2018, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) emitió una opinión técnica acerca de los riesgos por la instalación del gasoducto: peligros derivados de la actividad del Popocatépetl; susceptibilidad de deslizamiento de laderas; y riesgo químico por escenario de explosión e incendios generados por la presencia del gasoducto. También advirtió el Cenapred de los riesgos que representaría el gasoducto para quienes habitan a las faldas del volcán.
Durante una visita a Tlaquiltenango, Morelos, en mayo de 2014, Andrés Manuel López Obrador, entonces dirigente nacional de Morena, prometió que apoyaría a los habitantes para que no se construyera la termoeléctrica. Luego, en Yecapixtla, calificó de ofensa y agravio que quisieran “imponer una termoeléctrica”. Sin embargo, ya en al Presidencia de la República cambió de opinión. Al anunciar la consulta ciudadana del 23 y 24 de febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si los resultados favorecen a la obra, tal y como ocurrió, se pedirá un estudio de un organismo internacional para descartar cualquier tipo de riesgo. De acuerdo al jefe del Ejecutivo federal, por cada año que no opera la planta termoeléctrica, el país pierde cerca de 4,000 millones de pesos.
La termoeléctrica de Huexca, en Morelos sí se construirá, luego de que casi el 60 por ciento de los participantes en la consulta de este fin de semana votó por el “sí”. El propio titular del Ejecutivo federal reportó que el 40.1 por ciento votó en contra del proyecto. “Fue un éxito porque sabemos que desde el gobierno anterior se impuso esta obra sin consulta, hubo represión y se creó todo un movimiento contrario a la termoeléctrica y al gasoducto, pero teníamos que enfrentar este asunto y se trata de una obra de 25 mil millones de pesos”, señaló.
AMLO advirtió que si no se echa a andar la planta, se tendría que comprar energía eléctrica “a precios elevadísimos”. “Esta es la mejor solución, la democracia, no tratar de imponer o ir a bloquear casillas, quemar las urnas ¡eso no!”, dijo.
DE LOS PASILLOS
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen de la minuta que envió el Senado sobre la Guardia Nacional. Los legisladores emitieron 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Alejandro Viedma, de Morena, aseguró que las audiencias públicas acercaron a la Guardia Nacional a su diseño actual. En tanto, Pablo Gómez apuntó: “nosotros estamos satisfechos con los trabajos de las negociaciones y los resultados que se tuvieron en la revisión de la minuta enviada por la Cámara de Diputados”…
En el Senado de la República, la fracción parlamentaria de Morena criticó la llegada del ex secretario de Energía y de Hacienda, José Antonio Meade, al Consejo de Administración del Banco HSBC. Salomón Jara, vocero del grupo, destacó la necesidad de que se apruebe la reforma, que impulsó la semana pasada, para imponer un candado de 10 años a ex funcionarios de sectores estratégicos que quieran desempeñarse en la iniciativa privada. Destacó que Meade posee información sensible debido a su trayectoria en varios cargos federales, entre ellos la Cancillería y la Secretaría de Desarrollo Social… Por cierto le pagaran más del doble de sueldo del que recibe el presidente y muchísimas prestaciones…
El combate a las políticas neoliberales y a la corrupción desde el nuevo gobierno federal ha ocasionado no pocas bajas. El último es Gaspar Franco, quien se sumó a la lista de comisionados que presentaron su renuncia a su encargo público en la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). El funcionario presentó su renuncia como comisionado de la CNH el lunes en el Senado de la República y la Secretaría de Energía (Sener). Franco es el tercer comisionado que deja su cargo en el órgano regulador del sector petrolero. Antes lo hicieron el presidente Juan Carlos Zepeda y Héctor Acosta Félix, ambos en noviembre de 2018.
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