Por Aurelio Contreras Moreno
Este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un anuncio que podría tener graves repercusiones para el libre flujo de la información, la libertad de expresión y la privacidad y protección de datos personales en México.
Durante una gira por Nayarit, el titular del Ejecutivo federal pronunció un encendido discurso en una comunidad de alta marginación en el que anunció que el Estado mexicano creará una nueva empresa que provea de internet a todo el país.
“¿Saben cuánto del país está comunicado por internet? Solo el 20 por ciento del territorio nacional; 80 por ciento no hay internet”, aseguró el presidente, quien enseguida lanzó una suerte de amenaza a los actuales proveedores privados de este servicio.
“Entonces, ¿qué les vamos a decir, con mucho respeto, a las empresas que han tenido las concesiones y que no han comunicado al país? Háganse a un lado, porque ahora el gobierno va a tener su empresa para comunicar con internet a todos los mexicanos. Ése es el compromiso”, dijo López Obrador.
Todos los usuarios, en un algún momento, hemos padecido los abusos y mal servicio de alguna de las empresas con las que se puede contratar una red de internet en México, siendo la más fuerte de éstas la perteneciente al magnate Carlos Slim Helú, quien por años ha controlado el mercado de las telecomunicaciones.
Empero, la creciente competencia en ese mercado ha permitido la llegada de otras opciones con las cuales obtener el servicio, sin que en ninguno de los casos, valga la pena decirlo, éste sea óptimo. Pero por los menos se obliga a las empresas a mejorar sus operaciones so pena de cambiar de proveedor.
El anuncio del presidente hubiese podido considerarse positivo si solo se tratara de una propuesta para reducir la brecha tecnológica y aumentar la conectividad de todos los ciudadanos, lo cual sí representa una responsabilidad y función del Estado.
Pero el primer problema aparece cuando para hacerlo, se pretende acudir a la creación de empresas paraestatales, que por experiencia propia se sabe que son ineficientes, burocráticas, poco productivas y muy fáciles de convertir en focos de brutal corrupción. Amén que terminan convertidas en pozos sin fondo que hay que rescatar financieramente una y otra vez.
Luego, la amenaza de que se “hagan a un lado” las empresas que actualmente proveen el servicio. ¿Acaso el presidente está cancelando la libertad de empresa y competencia en México? Sería bueno que lo explicara, pues eso sería sumamente grave.
Y el dato que maneja: “solo el 20 por ciento del territorio nacional” tiene internet, jura López Obrador. Sin embargo, hay quien tiene otros datos. Y es su propia administración.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2018, en México hay 74.3 millones de usuarios de internet de seis años o más, que representan el 65.8 por ciento de la población en ese rango de edad. Este año se observó un crecimiento de 4.2 puntos porcentuales respecto de 2017, cuando se registraron 71.3 millones de usuarios.
El 51.5 por ciento de los internautas son mujeres y 48.5 por ciento son hombres. Y las tres principales actividades de los usuarios de Internet en 2018 fueron el entretenimiento (90.5 por ciento), comunicación (90.3 por ciento) y la obtención de información (86.9 por ciento).
Este análisis, realizado por el INEGI en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, presentado apenas en abril pasado, señala que el uso del internet es un fenómeno urbano, ya que 73.1 por ciento del total de la población urbana es usuaria de este servicio, mientras que en zonas rurales alcanza a 40.6 por ciento de la población conectada. Sin duda hay una gran brecha que acortar. Pero queda claro que de ninguna manera el 80 por ciento del país carece de internet, como dice el presidente López Obrador.
Pretender monopolizar el servicio de internet en una sola empresa paraestatal –como puede inferirse de las palabras del presidente al decirle a los privados que se hagan a un lado- representa un grave riesgo, pues el Estado estaría en condiciones de regular qué es lo que se puede –y lo que no se puede- difundir en el ciberespacio, ejercer censura a las voces críticas y monitorear lo que comparten los usuarios. En suma, restringir las libertades de las que todavía gozamos y que el propio movimiento lopezobradorista aprovechó para llegar al poder.
Si no lo cree, eche un vistazo a países totalitarios como China, donde hay internet en casi el cien por ciento de su territorio, pero sus habitantes no tienen acceso a plataformas como Google, Facebook o Twitter y navegan en redes estatales o bien supervisadas por el gobierno, en las que ni siquiera existen referencias a sucesos ocurridos en ese mismo país. Por ejemplo, la protesta estudiantil y la represión gubernamental de la plaza de Tiananmen.
El “Big Brother” de López Obrador es inadmisible, por donde se le quiera ver.
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