Norma Meraz
Sin duda alguna, mientras se sigan tomando decisiones respecto de cambiar a discreción facultades de una entidad federal a otra sin apego a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se generarán desajustes en la estructura del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
México vivió un reciente martes caliente –en el ámbito político– con la renuncia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Carlos Urzúa; la renuncia del responsable del área de combate al secuestro de la SEIDO, Lic. Gualberto Ramírez, y la autorización del Congreso de Baja California para extender el periodo del gobernador electo para dos años, a un periodo de cinco años.
Una trilogía de asuntos que tomaron por sorpresa a la opinión pública nacional e internacional, acapararon los espacios informativos y dejaron una enorme tarea a los analistas Fifís y no Fifís que obligan a repensar acerca del actual gobierno de la República.
Fuera de la ortodoxia a la que estábamos acostumbrados, la renuncia del titular de la Secretaria de Hacienda se dio a conocer a través de las redes sociales sin que antecediera una imagen de formalidad del Presidente López Obrador y el Dr. Carlos Urzúa.
¿Será que la modernidad desdibuja ya las formas y protocolos?
En una carta escueta, pero con gran contenido, el ya exsecretario Urzúa expresó los motivos de su decisión.
La carta no tiene desperdicio. Revela la imposición –en su Secretaría–de personal poco apto para el desempeño de tareas que exigen preparación, conocimiento y experiencia en el ramo.
Pero va vas allá. Señala no estar de acuerdo con la realización de proyectos de obras que carecen de estudios previos de factibilidad económica, técnica y financiera, y cierra con la revelación de la existencia de funcionarios públicos –cercanos al Presidente– que tienen conflictos de interés.
Este hecho sí estremeció a los mercados fuera y dentro del país. Sin embargo, López Obrador grabó un video en el que presenta al nuevo secretario de Hacienda y como si nada hubiera pasado.
Fue hasta ayer, en “la mañanera”, que admite haber tenido desacuerdos y discrepancias con el anterior secretario Urzúa y haber invadido sus atribuciones encargando al Jefe de la Oficina de la Presidencia se hiciera cargo de la banca de desarrollo.
No fue para menos el enojo del Dr. Carlos Urzúa ante la serie de atropellos de López Obrador. Y para cerrar con broche de oro, el Presidente califica a su ex colaborador de neoliberal.
Pregunta: ¿qué el Presidente no lo conocía lo suficiente cuando lo nombró secretario de Hacienda?
Otro tema que no ocupó mucho la atención fue el despido o renuncia del encargado del área de combate al secuestro de la SEIDO Gualberto Ramírez.
No es un hecho que deba pasar inadvertido, precisamente cuando este tipo de delitos –el secuestro– se ha disparado en el país.
Lo peor es que dejan de encargada, en ese puesto, a una señora, Adriana López, quien carece de experiencia en esa área tan importante.
El tercer punto que prendió focos rojos fue la decisión que tomó el Congreso de Baja California de modificar el periodo de gobierno de dos a cinco años, aun cuando ya pasaron las elecciones en junio, y los bajacalifornianos eligieron gobernador por sólo dos años.
De aceptarse en definitiva esta decisión de los diputados –de mayoría panista y priísta– quedará asentado un precedente para cambiar a discreción los periodos de gobierno y… ¡qué peligroso!
¿Habrá que acostumbrarse a los cambios de clima de la 4T?
¿Digamos la Verdad!
