Francisco Rodríguez
La frase de don José López Portillo con la cual justificó el retiro de publicidad oficial a la revista de don Julio Scherer por la posición crítica que Proceso mantenía –y mantuvo– hacia la llamada “administración de la abundancia” ha tenido vigencia… ¡hasta la llegada de la Cuarta Transformación! “No pago para que me peguen”, dijo JLP en una ceremonia conmemorativa a ¡la Libertad de Expresión!
Un reportaje del semanario apuntaba por aquellas fechas del lópezportillato: “La segunda quincena de abril de 1982, Francisco Galindo Ochoa, titular de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia, dio la orden a todas las dependencias del gobierno federal, los gobiernos estatales y al PRI, de cancelar cualquier contrato publicitario con Proceso, como una represalia por la línea crítica del semanario dirigido por Julio Scherer García”
O tempora, o mores. Los tiempos cambian, las costumbres también. Hoy, los periódicos a los que el Presidente de la República ha tachado de fifís y “conservadores”, con aquellos que él ha dicho que publican “voladas”, incluso que son “calumniadores”, tienen la pauta publicitaria más extensa de todos los medios de comunicación impresos. Ni siquiera el diario que jornada a jornada, desde siempre, ha apoyado las movilizaciones, primero; las campañas, después, y ahora la Primera Magistratura de AMLO tienen tal cantidad de planas publicitarias pagadas con recursos de los contribuyentes.
Escasa o nula publicidad oficial, en cambio, para “los portales de los columnistas”, cual despectivamente se refieren a espacios como éste que se publican en la internet y que tienen resonancia en las redes sociales –superando, en ocasiones, a las páginas electrónicas de los periódicos mismos– y son retomados por medios impresos de prácticamente toda la República.
Diarios de los estados, en manos de un intermediario
Exactamente igual que en sexenios anteriores, el gobierno de la 4T ha seleccionado a un solo intermediario para hacer llegar la publicidad gubernamental a los medios que se publican en las principales ciudades del país.
Es el mismo que facturó 700 millones de pesos en 2018, cual producto de las “comisiones” del 30% que cobra a los llamados “editores de provincia”. Un terciario demasiado costoso para esas publicaciones que, en la mayor parte de los casos, son los más leídos en sus localidades, habida cuenta que –parodiando al republicano Tip O’Neill; “all politics is local“– toda información es local. Esa, la que sucede en sus comunidades es la que interesa a los lectores y escuchas.
¿Será que el empresario propietario de este negocio de intermediación también se “mocha” con Jesús Ramírez, como se dice que sí lo hacía con David López y Eduardo Sánchez, en el sexenio pasado?
Por ello no es casual que no pocos editores estén inconformes con esta vía de contratación con el gobierno federal, pues sienten que son esquilmados.
Y es que así ha sido. Desde los tres distintos niveles, gobiernos de todos los partidos políticos han usado la publicidad oficial para premiar o castigar –y ahora incentivar– a los medios de comunicación, según la hostilidad o sumisión que perciben en éstos, en una clara demostración de que nada se ganó ni se superó con la tan alabada alternancia en el poder.
Pero además, y de con el informe “El costo de la legitimidad. El uso de la publicidad oficial en las entidades federativas”, elaborado por las organizaciones independientes Fundar y Artículo 19, los millonarios recursos que los gobiernos estatales destinan a la publicidad oficial podría ser suficiente para combatir la pobreza extrema de las entidades con mayor marginalidad en la República, como es el caso de Guerrero y Oaxaca.
Sin embargo, ese dinero, que más de la mitad de los estados no están dispuestos a transparentar y que en todo el país está sin regular, se usa como “mecanismo de control” para que los gobernadores tengan acceso y manipulen las líneas editoriales de los medios de comunicación que contratan.
El reporte es contundente sobre la ineficiencia y la opacidad de los mandatarios: “Sale caro hacer un buen gobierno, por lo que sale más barato comprar a los medios”.
¿Más de lo mismo con la 4T? ¿O ahora sí pagan para que les peguen?
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