Francisco Gómez Maza
• Alegres los familiares porque pueden ser rescatados
• Pasta de Conchos, un puñal en el corazón de México
Alentadora noticia la de que los restos de los mineros enterrados en el tiro de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, pueden ser rescatados y entregados, cual debe ser, a su familia.
La Buena Nueva es un acto muy simbólico: Los padres, las madres, las esposas. Los hijos no pueden vivir en paz, sus corazones siempre están inquietos, hay tristeza en su alma por saber que su padre, su hermano, su esposo está enterrado en su lugar de trabajo sólo porque los “dueños” de la mina y el gobierno decidieron que era imposible rescatarlo.
El Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Compañía de Jesús, Miguel Agustín Pro-Juárez (CentroProDH), está celebrando con singular alegría cristiana la noticia. Y junto con la Organización Familia Pasta de Conchos saludó el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pronunciado durante la lectura de su primer informe de gobierno, en el cual informó a todos los mexicanos que expertos internacionales han dictaminado que el rescate de los restos de los mineros aplastados por la mina en Pasta de Conchos es viable y que los trabajos se iniciarán “pronto”. Un buen deseo y una buena decisión.
El 19 de febrero de 2006, la mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos, en Coahuila, sufrió una explosión agravada por las condiciones deplorables de seguridad; 65 de los 73 obreros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados. El lugar tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000; sin embargo, las autoridades omitieron supervisar que se subsanaran.
Las labores de rescate quedaron a cargo de Grupo México, empresa detentadora de la mina. El 4 de abril del año 2007, después de rescatar únicamente dos cuerpos y, en una decisión sin precedentes en el resto del mundo, la poderosa minera decidió suspender el rescate con el argumento de que se ponía en riesgo a los rescatistas.
Para las familias y sus organizaciones acompañantes, la razón de esta suspensión sería que, de ser rescatados los cuerpos, se evidenciarían las pésimas condiciones de trabajo en la mina y esto acarrearía sanciones penales, económicas e incluso el retiro de las concesiones de la empresa.
Desde entonces, las familias de los mineros muertos han luchado contra la corriente, exigiendo el rescate de sus familiares y el esclarecimiento de lo sucedido. A la fecha no existe una investigación activa ni se había demostrado voluntad política para hacer el rescate. Ello obligó a las familias a acudir, en 2010, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acompañadas por el Centro Prodh, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y la Organización Familia Pasta de Conchos.
En febrero de 2018, la CIDH declaró admisible el caso, concediendo la razón a las familias: señalando que no se han determinado las causas de la explosión, la presunta responsabilidad de servidores públicos, ni se han recuperado los cuerpos de los trabajadores, además de precisar que, al tratarse de un delito perseguible de oficio, es el Estado quien tiene el deber de impulsar el proceso.
El pasado 1 de mayo, el presidente anunció que se haría la recuperación de los restos bajo la supervisión de la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, y se conformó un grupo de expertos internacionales para determinar la mejor forma de realizar los trabajos.
