Lilia Arellano
“La violencia es el miedo a los ideales de los demás”: Gandhi.
● Violencia imparable; indolencia de la 4ª T
● AMLO promedia 111.8 asesinatos diarios
● Poder legislativo: embargado por Morena
● Emulan Ejecutivos: tabasqueño y yucateco
Ciudad de México, 3 de septiembre de 2019.- La violencia está imparable en territorio mexicano y esa es la razón por la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador eludió dar cifras de crímenes durante los nueve meses que lleva en el mandato durante la lectura de su pritercer (des) informe de Gobierno. Ante los cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación en su conferencia de prensa mañanera, el tabasqueño siguió prometiendo su gobierno bajará la incidencia delictiva y sostuvo es un problema en el cual se ocupa todos los días. Pero su cambio de enfoque, de estrategia con la intervención de la Guardia Nacional en el centro de ésta, y la operatividad de su Gabinete de Seguridad simplemente no están funcionando.
El mes de agosto concluyó con dos mil 449 víctimas de homicidios dolosos, las cuales se suman a las 26 mil 29 registradas de enero a julio, y las dos mil 153 en diciembre de 2018, para dar un total en nueve meses de esta administración federal de 30 mil 651, es decir, un promedio de 111.86 muertes diarias en territorio nacional en la guerra subterránea contra el crimen organizado, la cual, obviamente, la administración federal de la 4ª T y los mexicanos en general vamos perdiendo.
Realmente preocupantes son esos registros históricos pues cuando se detonó la “guerra contra el narco”, en el gobierno de Felipe Calderón, se registraron 11 mil homicidios en 2006 y en 2012 se llegó a 21 mil 459 defunciones de ese tipo; con la gestión de Enrique Peña Nieto se alcanzaron los 33 mil 341 homicidios al año, y ahora con López Obrador ya nos encontramos cerca de esa cifra, pero en tan solo 9 meses, y todo parece indicar se superará con holgura. Por eso, AMLO debe hacer una evaluación cruda e inmediata de todo lo que no está funcionando en su Gabinete de Seguridad y debe ajustarlo, con el despido incluso de todos los funcionarios quienes no están dando resultados en el ejercicio de sus responsabilidades, y no dedicarse solamente a la desarticulación de cuerpos existentes (como la Policía Federal) y la evaluación, inhabilitación y despido de la tropa, como se hace a través de la certificación de las policías locales y estatales.
Desde enero de 2017, López Obrador, precandidato a la Presidencia de la República, confirmó: “No ha funcionado la política de seguridad pública, es doloroso decir que nuestro país enfrenta una grave crisis de inseguridad y de violencia. No podemos acostumbrarnos a esa violencia”. Han pasado dos años y ocho meses y la situación no sólo no mejora sino se ha agravado a grados nunca vistos. En esa ocasión presentó a Alfonso Durazo, ex secretario del extinto Luis Donaldo Colosio, ex vocero de la Secretaría de Gobernación en la gestión de Ernesto Zedillo y ex secretario particular de Vicente Fox, como el siguiente secretario de Seguridad Pública, y a los integrantes del Consejo Asesor “para garantizar la paz en México en caso de triunfar en el próximo proceso electoral”.
También, recordemos, indicó en caso de obtener la victoria el próximo 1 de julio, su estrategia no se sustentará como la actual “fallida”, sólo en el uso de la fuerza pues, subrayó, “esta demostrado que no resuelve el problema, no se puede enfrentar la violencia con violencia”. Desde entonces, adelantó “lo primero será atender los problemas sociales, lo primero tiene que ser el procurar el crecimiento de la economía –otro de sus grandes pendientes a estas alturas de su administración pues se registra un crecimiento prácticamente nulo-, se olvida que, desde hace 30 años, la economía ha permanecido estancada, México es de los países del mundo con menos crecimiento económico y si no hay crecimiento económico, no hay empleos y si no hay empleo, no hay bienestar y si no hay bienestar, no puede haber paz social y tranquilidad”. En efecto, a la fecha no tenemos nada de eso, aunque se empeñe en señalar los mexicanos están “feliz, feliz, feliz”, con su gestión de la 4ª T.
Y en su discurso siguió: lo primero que se promoverá será el desarrollo y la creación de empleo, “va a recuperarse el campo del abandono en que se encuentra –pero en el campo es donde a la fecha se registra un subejercicio del presupuesto impresionante por la austeridad republicana y la ineficiencia del gabinete económico-, en buena medida, el problema de la inseguridad y la violencia que ahora padecemos se originó a partir del abandono del campo, tenemos que regresar al campo no sólo porque en el campo se producen alimentos sino porque en el campo hay una forma de vida sana, limpia, en el campo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales”. En resumen, López Obrador, el candidato, prometió atender los problemas que causaron la crisis de inseguridad y que (con su solución) como gobierno organizado, garantizarán en el corto y mediano plazo la tranquilidad y seguridad, lo cual a dos años y ocho meses de lo prometido no ha ocurrido.
Entre sus estrategias de seguridad, anunció la instalación del mando único, tal y como lo dice al artículo 89 de la Constitución, donde se expresa que el titular del Ejecutivo es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Ahí, AMLO aseguró el asumiría su responsabilidad y no la delegaría. También desde esa ocasión, anunció la integración de todas las fuerzas (policías, marinos y soldados), en una sola corporación: la Guardia Nacional, y la recreación de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual ya existía pero el gobierno de Enrique Peña Nieto la desapareció y dejó sus tareas a la Secretaría de Gobernación. “Es evidente que esto no ha funcionado, se necesita una secretaría de Seguridad Pública…”, declaró en esa ocasión y adelantó la creación de “un Consejo Asesor en esta materia”.
Un año y once meses después, el 24 de noviembre de 2018, López Obrador presentó a los integrantes del Gabinete de Seguridad Pública, mandos militares y navales, que entraron en funciones del 1 de diciembre del año pasado: Alfonso Durazo, quien ayudó a diseñar la estrategia de seguridad durante la campaña, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; Alejandro Gertz Manero, actual fiscal general de la República y quien fue secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, encabeza el Consejo Asesor de Seguridad, en el cual están integrados también Loreta Ortiz Ahlf, ex consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Manuel Mondragón y Kalb, ex secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública; General Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; y José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.
¿Dónde está la falla o quiénes están fallando en sus responsabilidades? ¿AMLO deberá asumir toda la culpa de la fallida estrategia seguida hasta el momento o habrá de repartirse culpas y empezar a realizar cambios en el gabinete? ¿O seguiremos padeciendo los altos índices de asesinatos y delitos de alto impacto como hasta la fecha?
No debe dejarse pasar por alto el sangriento fin de semana, del viernes 30 de agosto al domingo 1 de septiembre: en el país se cometieron un total de 292 homicidios dolosos, y lo convirtieron en el más violento de la historia, de acuerdo a los propios datos del equipo interdisciplinario en materia de Seguridad del gobierno federal de México, integrado por las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa Nacional (Sedena), Marina-Armada de México (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR). Tan solo el domingo pasado se registraron 102 muertes dolosas y se superó el promedio diario de muertes intencionales en este tipo de estadística. Agosto de este año concluyó con 2 mil 469 víctimas de homicidios dolosos, con un promedio diario de 79.6 personas asesinadas en territorio nacional.
PODER LEGISLATIVO SECUESTRADO POR MORENA
Al escribir estas líneas en el Palacio Legislativo de San Lázaro seguía la rebatiña por el control de la Cámara de Diputados. La presentación de la iniciativa sobre una reforma a la Ley Orgánica del Congreso para que Morena tenga seis meses más la Mesa Directiva detonó la disputa entre la bancada mayoritaria (Morena, PT, PES y hasta el PVEM) y la oposición. Así, Morena tendría derecho a un año y medio de presidencia de la mesa directiva; le quedarían seis meses más, el PAN seis meses, el PRI seis meses y se daría oportunidad a que la cuarta fuerza tenga los últimos seis meses de la legislatura. La idea de los morenistas es que el mismo martes las modificaciones vayan al Senado de la República a fin de votarse el próximo 5 de septiembre, fecha en la cual vence la ampliación de la presidencia de Porfirio Muñoz Ledo.
Este martes el PT desplazó al PES de ser la cuarta fuerza por su número de diputados, porque el mismo Encuentro Social le cedió dos diputados y Morena tres, creciendo su número en 33 curules. En la propuesta, la dirección jurídica de la cámara ya no dependería de la mesa directiva sino de una conferencia plural de partidos, informó Mario Delgado, coordinador de los diputados morenistas.
La fracción parlamentaria de Morena y sus aliados iniciaron la discusión de dicha iniciativa, la cual no pasó por comisiones, para que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se pueda reelegir en automático por un año mas. La propuesta a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión considera la rotación de la mesa entre las cuatro fuerzas políticas de la cámara. El documento actualiza la ocurrido el sábado pasado, cuando la propuesta del PAN no logró la mayoría calificada, lo cual permitió a Porfirio Muñoz Ledo continuar como presidente.
Prevé dicha iniciativa: “Cuando un grupo parlamentario por sí mismo cuenta con la mayoría absoluta de la Cámara, la presidencia de la Mesa Directiva recaerá en uno de sus integrantes durante un lapso de tres semestres legislativos… (y) en orden decreciente, en un integrante de los tres grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido… En este caso, la elección se llevará a cabo durante la sesión preparatoria del año de ejercicio que corresponda o a más tardar en la última sesión del periodo ordinario anterior al del ejercicio… Cuando no se actualice la condición anterior, los integrantes de la mesa directiva durarán en sus funciones un año”.
Esto detonó la disputa: Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva, presentó la iniciativa, la cual según él fue acordada por la Junta de Coordinación Política. Pero los coordinadores del PAN, PRI, MC y PRD la desconocieron. “!Espurio, espurio!”, le gritaron al ex diplomático. El presidente legislativo les reviró “Si son irrespetuosos no les doy la palabra”.
Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN afirmó nunca se hizo reunión de la Jucopo y pidió se retire su firma del acuerdo. “Se está haciendo un fraude a ley, a la democracia”, aseguró. También Tonatiuh Bravo, del MC, pidió quitar su nombre de la iniciativa. El coordinador de la fracción priísta, René Juárez, totalmente en el limbo, solicitó: “Estamos a favor de la legalidad y pido se nos informe si la iniciativa es la que se mencionó ayer u otra”. La perredista Verónica Juárez desconoció el acuerdo que se presentó y exigió se cumpla lo señalado en la Ley Orgánica sobre el Artículo 17.
Sergio Gutiérrez leyó la iniciativa morenista. Muñoz Ledo planteó si era de urgente resolución y con dispensa de trámites, lo cual fue aprobado por la mayoría, quien prevé imponer su aplanadora ante de concluir este día. “Esto es como siempre un cochinero”, reclamó el panista Ricardo Villarreal, quien presentó una moción suspensiva contra la ley. “Es ilegal la iniciativa… Como pedirles que cumplan acuerdos si ofrecieron crecimiento de 4 por ciento y prometieron paz y pacificación y hay 30 mil muertos en el país. Así gobierna Morena, no respeta acuerdos. No pretendan instaurar una dictadura, este país ya cambio”, afirmó el legislador blanquiazul.
Mientras sus compañeros de partido sostenían en alto fotografías de Francisco I. Madero, con la leyenda “Sufragio efectivo, no reelección”, Enrique Ochoa, sostuvo la discusión se basa en un proceso “plagado de irregularidades, que seguramente terminará en los tribunales”. Agregó la oposición defiende el derecho de las minorías a tener representación. “Ha sido una lucha histórica de la oposición, que se respeten las minorías y así se consiguieron reformas que ustedes celebraron y que mereció la participación, incluso, del presidente Muñoz Ledo en 1997. No hagamos un procedimiento espurio para dejar una mesa espuria”.
Sin embargo, todo indica Morena perpetraría el plagio de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y, con ello, el control del principal órgano de discusión de la agenda nacional para ponerla a las órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador.
DE LOS PASILLOS
Apunto de morir envenenados víctimas de una auto mordedura de lengua, tanto AMLO como Carlos Manuel Joaquín González, no se han detenido un solo momento para argumentar la inseguridad reinante es consecuencia del cochinero en el cual convirtieron al país o al estado de Quintana Roo quienes los antecedieron. Frente a estas declaraciones bien valdría pena señalar que en Morelos, en donde se llevó a cabo una ejecución sumaria en plena terminal de autobuses con el consabido saldo de muertos, acaba de retirarse quien hizo su cochinero según Cuauhtémoc Blanco y los ayudantes en la faena son los encargados de la seguridad en la entidad gobernada por el yucateco. Hace un par de días, Cuernavaca fue el escenario de otro violento ataque de una delincuencia a la cual no logró combatir ni Jesús Capella ni sus 40 seguidores. El tercer informe de CJ está próximo y también como en el caso del tabasqueño lucirá detrás de si el numerito, solamente que igualándolo se tendrá que hacer de cuenta es el primero al no registrar avances en ninguna área, ni siquiera en aquellas de aplicación de la Ley sobre quienes abusaron realmente de los bienes y del patrimonio de los quintanarroenses. Emulando: puras venganzas, los buenos andan libres y solamente en lo mediático gustan de declararlos prófugos. Tal vez por eso chocan y tal animadversión se ve claramente en la ausencia de apoyos a Quintana Roo aún y cuando es el bastión turístico: se parecen mucho sólo hace gran diferencia el concepto de “mañanero”…
Ante la negativa de las autoridades capitalinas a otorgar un incremento a la tarifa inmediato de dos pesos, la marcha en demanda del aumento del pasaje desquició la capital de la República. Alrededor de 40 camiones de servicio público y tres unidades de Metrobús bloquearon la avenida Insurgentes a la altura de la estación del Metro La Raza, con lo cual obstruyeron la vía de ingreso de miles de personas a la Ciudad de México, provenientes del Estado de México. Otra de las movilizaciones, proveniente de Constituyentes atravesó avenida Insurgentes y se unió a la del Metro La Raza. Los camiones fueron estacionados en los cuatro carriles de Reforma, entre Donato Guerra y avenida Juárez, para continuar hacia el Zócalo. En los carriles de Reforma, el tráfico avanzaba a vuelta de rueda, mientras de norte a sur la carga vehicular fluía sin problemas. La movilización desde el Hospital ABC se registró sin problemas pues mujeres policías en bicicleta se encargaban de poner y retirar los trafitambos o conos para cerrar y abrir la circulación. Desde la calzada de Tlalpan, a la altura del Metro General Anaya, en el sur, arrancó un contingente, el cual se fue nutriendo de más manifestantes a su paso rumbo al Centro Histórico… Otro caos y los responsables como Don Sebas… tan campantes.
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