Gerardo Rivadeneyra
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazó las reformas que catalogan a los delitos fiscales como delincuencia organizada, aprobados en días pasados por comisiones del Senado de la República.
Al respecto, los empresarios señalaron que están de acuerdo con el combate a la venta de facturas falsas y operaciones simuladas con “empresas fantasma”, sin embargo es “un exceso equiparar a la defraudación fiscal como crimen organizado al nivel de narcotráfico, trata de personas y terrorismo en general”.
“Se corre el riesgo de que paguen justos por pecadores, pues prácticamente cualquier contribuyente puede resultar afectado.
“No es justificable que con la idea de sancionar una práctica que unos pocos delincuentes realizan, se deje en un estado de incertidumbre jurídica a contribuyentes cumplidos”, se expuso en un comunicado.
Las reformas, al Código Penal, Código Fiscal de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a la Ley de Seguridad Nacional y la Ley Federal de Delincuencia Organizada, dejan en un estado de incertidumbre jurídica a contribuyentes cumplidos y a empresas formales, consideró la Confederación.
En este sentido, el organismo empresarial explicó que los contribuyentes cumplidos enfrentan el impacto negativo de la eliminación de la compensación universal, pues se están restringiendo los flujos de efectivo, frenando inversiones y reinversiones por la lentitud de la devolución de saldos a favor.
Y ahora, agregó, enfrentarán delitos y conducta dolosa que amerite prisión preventiva oficiosa por un error o datos erróneos asentados en las declaraciones de impuestos.
La Coparmex aclaró en su documento que está favor del combate a la venta de facturas falsas y operaciones simuladas con ‘empresas fantasma’ e incluso expresaron su apoyo a que en el artículo 113 Bis sean consideradas como delincuencia organizada e incluso aumenten las penas.
Por último, el organismo que preside Gustavo de Hoyos, llamó al diálogo a los legisladores y autoridades del Servicio de Administración Tributaria para buscar mecanismos que permitan el combate efectivo a la venta de facturas falsas o las llamadas “empresas fantasma”, pero sin afectar a los contribuyentes que sí cumplen.
De acuerdo con el dictamen, se sancionará como miembros del crimen organizado, si tres o más personas cometen delitos de contrabando, y su equivalente, defraudación fiscal y defraudación fiscal equipada.
Además, la misma sanción corresponderá a quienes expidan o enajenen comprobantes fiscales de operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
El dictamen salió de tres iniciativas promovidas por Alejandro Armenta (Morena), Minerva Hernández (PAN) y Samuel García (MC), y fue aprobado por las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos Primera; el pleno la discutirá en la sesión del martes próximo.
